Excontralora General manifiesta su interés de asistir a juicio por irregularidades en contratación

“Cuando tenga lugar una diligencia que requiera mi presencia física, si usted así lo exige, lo cual me obligaría a volver al país, allí estaré”, señaló Sandra Morelli en una carta.

La excontralora General, Sandra Morelli le envió una carta a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia manifestándole su deseo se asistir al juicio que se adelantan en su contra por irregularidades en contratación si es requerida por el alto tribunal. La exjefe del ente de control fiscal se encuentra desde agosto de 2014 en Roma (Italia).

En la misiva, Morelli Rico aseguró que aunque su presencia no es necesaria en el proceso penal, de ser solicitada viajará a Colombia. “Magistrado, con toda sinceridad, cuando tenga lugar una diligencia que requiera mi presencia física, si usted así lo exige, lo cual me obligaría a volver al país, allí estaré y con seguridad, habida cuenta de la opinión del ejecutivo nacional que le remito”.

“Desde la perspectiva jurídica mi ausencia no obstaculiza el curso del proceso, sin embargo, cuando ello pudiere suceder, allá estaré. Yo sí confío en la justicia colombiana y no me sumo a esta historia irresponsable de ponerle trampas a magistrados posiblemente vanales para mirar la autonomía de la Rama Judicial y la Independencia del Juez, en un país, donde según los medios, y el Ejecutivo nacional, la desgracia de nuestra patria inicia en organismos de control superpoderosos, poder judicial corrupto y legislador despreciable con lo cual se mina la institucionalidad y la democracia”, precisa.

Morelli Rico es investigada por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y pecuado por apropiación a favor de terceros. En repetidas oportunidades ha calificado este porceso como "una persecución penal" por parte del fiscal General, Eduardo Montelagre. 

Para el ente investigador, la entonces jefe del ente de control fiscal no justificó de manera correcta los motivos para arrendar estas nuevas oficinas. Igualmente se le cuestiona el excesivo costo del arriendo por el periodo de cuatro años. En diciembre del año pasado dicho contrato terminó y la Contraloría General tuvo que buscar varias sedes alternas.

Según la Fiscalía, el proceso de contratación no contó con los requisitos exigidos, evadiendo los estudios técnicos y de mercado para inferir la necesidad de trasladar las oficinas ubicadas en los edificios Crisanto Luque y Colseguros, en el centro de Bogotá. La Fiscalía reprochó el hecho que la firma de estos contratos no fuera la más favorable para los intereses del Estado.

También ha sido objeto de acusación, el hecho de que se hayan pagado los cánones de arrendamiento correspondientes a dos meses por un valor cercano a los 5 mil millones de pesos, puesto que estos no fueron utilizados durante esos 60 días por los funcionarios, empleados y oficina central del ente de control fiscal. A esta cifra se le suman los costos globales generados por los dobles pagos realizados al contratista.

Igualmente se indica que existen fallas en la venta de las dos sedes propias de la Contraloría General de la República en los cuales se desconocieron los requisitos legales exigidos en este tipo de contratos. El pasado mes de diciembre un juez se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento a la excontralora general.

En este sentido se indica que se vulneraron los principios de transparencia, economía y selección objetiva. Según los documentos se habría presentado un detrimento patrimonial de 12.292 millones de pesos por lo que se cuestiona el hecho que la "funcionaria encargada de velar por el óptimo control del patrimonio haya incurrido en este desfalco".

La Fiscalía General solicitará que en el juicio se cuenten con los testimonios del presidente de la República, Juan Manuel Santos; el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría; el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado; la senadora libertal Viviane Moreles, entre otros.