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La excontralora General, Sandra Morelli Rico se declaró inocente en el proceso que se le adelanta por las irregularidades que rodearon la celebración de contratos de arrendamiento para la nueva sede del ente de control fiscal en el centro comercial Gran Estación II en el occidente de Bogotá.
En el desarrollo de la audiencia preparatoria en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Morelli Rico rechazó los delitos por los que fue acusada por parte de la Fiscalía General. Acto seguido su defensa hizo observaciones al escrito de acusación presentado por el ente y las pruebas citadas en el mismo.
Para la Fiscalía General la entonces Contralora General avaló la celebración de los contratos de arrendamiento sin tener en cuenta los principios de transparencia y economía que exige la ley. En este sentido se considera que no hizo licitación ni evaluación de ofertas para la nueva sede.
Esta conducta fue calificada como “caprichosa” por parte del ente acusador que consideró que pese a ser la encargada de velar por el buen manejo de los recursos públicos incurrió en una acción que afectó las finanzas del Estado y de la entidad.
En su exposición el fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema sumió una posición “indeclinable” para la firma de dichos contratos de arrendamiento para trasladar “a como fuera lugar” las dependencias del nivel central del ente de control fiscal. El contrato tuvo un costo cercano a los 28.547 millones de pesos para el primer año.
“La Contralora desocupó las sedes en el edificio Torre Colseguros y el edificio Cardenal Crisanto Luque” en el centro de Bogotá para realizar el trasteo casi que de manera inmediata. En la investigación se indica que nunca se presentaron estudios técnicos o económicos para ordenar dicho trasteo.
El delegado del ente acusador señaló que no se ponderaron otras propuestas para “materializar su estrategia ilícita” mediante una actitud que iba en contravía de los principios de contratación pública afectando así el interés colectivo logrando así una “oscura operación administrativa”.
“Impulsó, dirigió y definió una caótica estrategia administrativa que a cualquier costo le permitiera contar con los recursos públicos para acceder a una nueva sede, con total indolencia por las consecuencias por las consecuencias presupuestales y patrimoniales que ello conlleva”, precisó.
La Fiscalía General acusó formalmente a Morelli Rico por los delitos de celebración de contratos con el cumplimiento de los requisitos legales agravado -por el hecho de ser la funcionaria encargada de vigilar el gasto público- y peculado por apropiación a favor de terceros.
La audiencia preparatoria continuará el próximo 20 de septiembre. Después de dicha diligencia se espera que se fije una fecha para el inicio formal del juicio. Morelli Rico, quien regresó en julio del año pasado al país ha manifestado que la celebración de los cuestionados contratos tiene una justificación.
La excontralora ha manifestado que este proceso penal se trata de una persecución del exfiscal General, Eduardo Montealegre Lynett como una represalia por los cuestionamientos hechos por seguir vinculado como asesor jurídico a la EPS SaludCoop.