Exdirector de la UMV señaló que Álvaro Cruz le entregó personalmente el soborno

Iván Hernández Daza aseguró ante la Fiscalía General que los hechos se presentaron en un restaurante en el norte de Bogotá.

En los próximos días la Fiscalía General le imputará tres delitos al exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas por su presunta participación y responsabilidad en las irregularidades que rodearon la entrega de un contrato a una empresa en la que fungía como representante legal.

Pese a que en un comienzo Cruz Vargas rechazó estos señalamientos haciendo énfasis en que se trataba de un homónimo, lo cierto es que en los últimos meses ha iniciado junto a su abogado un proceso para negociar con el ente investigador un preacuerdo en el cual se comprometería a aceptar los cargos.

Además devolvería los 800 millones de pesos los cuales, según la investigación, habría entregado al director de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), Iván Hernández Daza para la entrega de un contrato de pavimentación y reparcheo en la capital de la República que tenía un valor de $24 mil millones.

El mismo Hernández Daza le manifestó a la Fiscalía General como se realizó la entrega del soborno para garantizar la entrega del contrato a la empresa ICM Ingenieros en febrero de 2009. El exfuncionario aseguró que Cruz le entregó esta suma de dinero personalmente en un restaurante de Bogotá.

En la declaración, revelada por Noticias Caracol, Hernández Daza –condenado por el ‘carrusel’ aseguró que en esa oportunidad Cruz Vargas le entregó 250 millones de pesos para garantizar la entrega de dicho convenio contractual.

De esa suma de dinero 100 millones eran para él y el resto para el entonces concejal de Bogotá, Andrés Camacho Casado –condenado por el ‘carrusel’ tras la firma de un preacuerdo- como contraprestación a la adjudicación en el proceso de licitación.

Igualmente se comprometió a financiar las campañas al Concejo de Bogotá de Andrés Camacho Casado, Hipólito Moreno (condenado a seis años y medio de prisión) y Orlando Parada (sentenciado a 13 años de prisión) por no adelantar los debates de control político de varios contratos viales.

La Fiscalía General le imputará los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de confianza calificado. Por estos mismos hechos se solicitará que se cobije con medida de aseguramiento.