Exdirector del IDU, Andrés Camargo se entregó a las autoridades

En la mañana del pasado martes se entregó en el búnker de la Fiscalía General el exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Andrés Camargo. El pasado 22 de junio la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 60 meses de prisión contra el exfuncionario por las irregularidades en la celebración de contratos para las losas de la Fase I de TransMIlenio durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa.

En las próximas horas se definirá la situación de Camargo Ardila, quien se encuentra en uno de los calabozos del búnker. Su defensa pidió que se revise el hecho que estuvo dos años privado de su libertad y que ha mostrado su voluntad de presentarse ante los requerimientos de las autoridades judiciales, hecho por el cual presentará una petición para que se le otorgue la detención domiciliaria.  

Al revisar el recurso de casación presentado por la defensa de Ardila Camargo la Corte Suprema consideró que el exfuncionario participó directamente en las irregularidades en la celebración de contratos. Con esto se dejó en firme la decisión emitida en agosto de 2013 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.  

Camargo Ardila fue hallado responsable del delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales por las falencias que rodearon la licitación y ejecución del polémico contrato de relleno fluido para las losas del sistema masivo de transporte, las cuales presentaron fallas a los pocos meses de su instalación en el año 2000. 

Para la Corte Suprema el entonces director del IDU no evitó un resultado típico (la violación de los principios de planeación y responsabilidad en materia de contratación administrativa) teniendo la capacidad, los medios de control y el conocimiento de la situación para evitarlo. Hecho por el cual existe una responsabilidad de su parte en estas irregularidades que afectaron a la ciudad.  (Ver Revive el caso Andrés Camargo)

En este sentido considera que desde su cargo fue el encargado de dar apertura al proceso de licitación pese a que no se habían elaborado los diseños suficientes para iniciar la referida obra, una de la más importantes de la época. (Ver Procuraduría le solicitó a la Corte Suprema absolver al exdirector del IDU, Andrés Camargo)

Permitiendo así la modificación del material de relleno fluido en el pliego de condiciones, tanto en su calidad de resistencia como en las áreas en las cuales iba a aplicarse. Y siempre estuvo al tanto de tales incidencias, bien sea por las reuniones de la Junta Directiva, o por la información directa que recibía de sus subalternos.

Estas acciones condujeron a daños graves en la adecuación de la autopista Norte para el proyecto TransMilenio superiores a los 108 mil millones de pesos. Afectando así el bien jurídico de la administración pública y del bienestar de los bogotanos que sufrieron las falencias. (Ver Corte Constitucional ordena revisar proceso contra exdirector del IDU, Andrés Camargo)

“Siempre estuvo al tanto de tales incidencias, bien por sea por reuniones de la Junta Directiva, o por la información directa que recibía de sus subalternos. Ello condujo a daños graves en la adecuación de la autopista para el proyecto Transmilenio, uno de los más importantes de la época, daños que el Tribunal encontró demostrado en cuantía de $108.622.563.622. Transgredió, por lo tanto, el bien jurídico de la administración pública incurriendo en la realización del delito de contrato sin cumplimeinto de requisitos legales”, señaló la Corte. 

Para la Fiscalía General el entonces director del IDU incurrió en fallas en el proceso de contratación de la troncal de TransMilenio al seleccionar el denominado ‘relleno fluido’ el cual presentó fraccionamiento al poco tiempo de su instalación pese a que el convenio contractual afirmaba que tenía una garantía de 10 años. Esto obligó al Distrito a invertir 23.400 millones de pesos para reparar 4.834 losas.

Para el ente investigador en la celebración de este contrato se presentaron evidentes irregularidades puesto que la empresa seleccionada no contaba con la experiencia ni con los requerimientos exigidos para la realización de dicha obra. En su defensa Camargo indicó que no tuvo participación directa en la celebración de este contrato puesto que el mismo fue avalado por la junta directiva.

Camargo Ardila ya estuvo privado de su libertad durante dos años y medio en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional. Recuperó su libertad en octubre de 2015 después que la Corte Constitucional le ordenará a la Corte Suprema de Justicia revisar el recurso de casación presentado por su defensa. En las últimas horas se emitió boleta para que sea trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá.