Exembajador Marín pagará seis años de cárcel por lavar dinero del carrusel de la contratación

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Así lo determinó un juez de Bogotá que aprobó el preacuerdo que la Fiscalía negoció con el exfuncionario, quien ya le dio detalles al ente investigador de cómo funcionó esa empresa criminal que contó con la organización el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno.

Fernando Marín Valencia, hombre de negocios y exembajador de Colombia en Venezuela, fue uno de los cómplice que le ayudó a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, y al empresario Emilio Tapia, a lavar millonarias sumas de dinero en el escándalo que se conoce como el carrusel de la contratación. Esta es una de las conclusiones que quedaron plasmadas en un preacuerdo que el exfuncionario acaba de firmar con la Fiscalía y que ya tiene el visto bueno de un juez. Por su aceptación de los cargos, y los detalles que dio de cómo funcionó ese esquema de corrupción, Marín pagará seis años de cárcel. 

Según fuentes de la Fiscalía, en sus investigaciones se demostró que el exembajador recibió tres cheques de Emilio Tapia dirigidos a su empresa Grama Construcciones, entre junio y julio de 2009 y que suman $2.223’178.000. Asimismo, Tapia le entregó en su oficina $2.500 millones en efectivo. Marín sabía que estos dineros provenían de las “comisiones” pactadas por el corrupto contratista para hacerse a los convenios de infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. Puntualmente, de la corrupción con la que se adjudicaron los contratos para la construcción de dos autopistas en el occidente de la ciudad.

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Desde que la Fiscalía capturó al empresario en mayo del año pasado, se supo que el detenido quería negociar con el ente investigador. Desde que le imputaron cargos, el 27 de mayo de 2019, aceptó su responsabilidad y su equipo de defensa y los investigadores comenzaron un juicioso proceso de negociación para encontrar la mejor salida para ambas partes. En octubre de 2019, el ente investigador presentó la primera propuesta, pero una juez de Bogotá que revisó el documento no lo aceptó al considerar que podía llegar a una condena más “benigna” en contra de Marín. 

Ahora, seis meses después, con los ajustes hechos por la Fiscalía, y la reducción de un año en la pena, el juez le dio el visto bueno. Además, también cambió la multa que deberá pagar y la cifra quedó en 325 salarios mínimos. A esta negociación llegaron ambas partes, luego de que el ente investigador demostrara que Marín recibió tres cheques de Emilio Tapia dirigidos a su empresa Grama Construcciones, entre junio y julio de 2009 y que suman $2.223’178.000. Asimismo, Tapia le entregó en su oficina $2.500 millones en efectivo. Marín sabía que estos dineros provenían de las “comisiones” pactadas por el corrupto contratista para hacerse a los convenios de infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá.

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Puntualmente, de la corrupción con la que se adjudicaron los contratos para la construcción de dos autopistas en el occidente de la ciudad. “Fernando Marín acordó con Emilio Tapia que los dineros recibidos los transfomaría de pesos a divisas a fin de girarlos al exterior”. Y la Fiscalía continúa: “fue así que los valores depositados en la cuenta corriente a nombre de Grama Construcciones los transformó en USD$1.026 a través de operaciones de débito y se giraron con destino a empresas inmobiliarias y otras, pertenecientes a Fernando Marín y Luis Cárdenas, ubicadas en los Estados Unidos”, explicaron fuentes de la Fiscalía a este diario. 

En la audiencia de imputación de cargos, el ente investigador reveló que Marín legalizó parte de este dinero al invertirlo en River Oaks Marina & Tower, un importante proyecto inmobiliario en Miami (Florida). Lo grave, según la Fiscalía, es que “Marín Valencia sabía del origen de los dineros transferidos al exterior y tenía el compromiso de recibirlos, transformarlos, ocultarlos y entregarlos a través de diferentes operaciones financieras e inmobiliarias en el exterior a los señores Iván Moreno Rojas, Samuel Moreno Rojas y Emilio Tapia, pues correspondíana las comisiones que se cobraban dentro del carrusel de la contratación”.

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Otra prueba de que Marín sabía del origen de los dineros, según el ente investigador, es que cuando estalló el escándalo del carrusel de la contratación, el exembajador intentó darle visos de legalidad a su negocio. Con Tapia, optaron por firmar un contrato para la ejecución de una obra que nunca existió y así justificar las consignaciones. Luego, alegando un supuesto incumplimiento contractual, se acordó la devolución del dinero: a través de otros tres cheques, Marín le devolvió al contratista en su integridad los $2.223’178.000.  

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Es decir, Marín se quedó con los otros $2.500 millones. Según el preacuerdo, entonces, “el único incremento patrimonial proveniente del delito de lavado de activos” que se le puede reconocer al exembajador es el relativo a esta suma, que recibió en efectivo de Emilio Tapia. El dinero, aclara la Fiscalía en el documento, lo recibió “a título personal y en ningún momento este dinero habría ingresado a las cuentas bancarias del grupo empresarial Grama, ni a las de su círculo familiar”.

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