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Exfiscal Martínez Lugo pidió ingresar a la JEP y fue regañado por un magistado

El Espectador supo que el funcionario judicial, investigado por autorizar interceptaciones ilegales, solicitó suspender una audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, alegando, entre otros motivos, que había solicitado entrar a esa justicia especial.

Exfiscal Fabio Augusto Martínez Lugo.Archivo El Espectador.

Hace dos semanas, en el Tribunal Superior de Bogotá estaba citado el exfiscal Fabio Martínez Lugo, quien fue llamado a juicio por, supuestamente, participar en la autorización de una serie de interceptaciones que ocurrieron al interior de la Fiscalía General entre 2017 y 2018. El Espectador conoció que durante la diligencia preparatoria de juicio, el exfuncionario judicial pidió que esta se interrumpiera por dos hechos. Primero, que había radicado una solicitud ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el fin de que su proceso penal pasara a la órbita de esta justicia nacida del Acuerdo de Paz con las Farc.

La segunda, es que el abogado que tenía renunció y no hizo un empalme con el nuevo que tiene, un defensor público que le asignó el Estado, porque, según Martínez Lugo, no tiene recursos para contratar a un litigante. Según fuentes de la Fiscalía, el exabogado del investigado no se presentó ante el despacho del fiscal del caso para que le fueran entregadas las pruebas que tiene el ente investigador en su contra. Este trámite se hace en todos los procesos penales ¿ con el fin de que los abogados puedan defender a sus clientes.

Vea: Caso chuzadas: Detalles del llamado a juicio al exfiscal Fabio Martínez Lugo

"Se le envió correos, lo llamaron, lo buscaron por todos lados y el exabogado de Martínez Lugo no apareció para que conociera las pruebas. luego, cuando se fue acercando el día de la audiencia renunció a ser el abogado defensor del exfiscal", señalaron los abogados de las víctimas de las chuzadas, entre los que se encuentra el sindicato de pilotos Acdac, el presidente de Enel Codensa, Lucio Rubio y el abogado Felipe Jaramillo. Asimismo, los abogados señalan que esta solicitud es totalmente dilatoria porque "el proceso por el que se le investiga Martínez Lugo es un presunto hecho de corrupción que no tiene nada que ver con el conflicto", manifestó uno de los abogados de las víctimas.

En ese mismo sentido se pronunció el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Jorge Enrique Gallego, quien dijo que "le preocupaba profundamente este tipo de hechos", en relación a las supuestas maniobras del exfiscal para entorpecer la diligencia preparatoria. "Estas situaciones no pueden ocurrir. Estamos aquí investigando a un funcionario de la Rama Judicial, el mismo habrá sido testigo de las maniobras para entorpecer un proceso. Yo percibo aquí una actitud desleal. La Fiscalía ha sido diligente a la hora de contactarse con la defensa pero no fue posible. (...) El defensor público ha actuado de buena forma", señaló el magistrado. 

Vallejo también señaló que el exabogado de Martínez Lugo tuvo que haber realizado un empalme con su homólogo y "no dejar el proceso tirado". "Me preocupa mucho las víctimas porque hoy les venimos a decir que la audiencia no se va llevar a cabo porque un abogado no cumplió con su deber (...)". El Tribunal Superior de Bogotá le compulsó copias al exabogado de Martínez y reprogramó la audiencia para el próximo 3 de diciembre. 

La investigación judicial

La Fiscalía dice que Martínez Lugo fue quien aprobó las “chuzadas” supuestamente ordenadas por Martínez Lugo al presidente de Enel Colombia, Lucio Rubio Díaz; el abogado Felipe Jaramillo Londoño, y el vicepresidente del sindicato de aviadores (Acdac), Julián Pinzón Saavedra desaparición forzada ocurrido en 2011. En mayo de este año, cuando fue capturado Martínez Lugo dentro del mismo búnker, ya estaban bajo la lupa varios de los supuestos miembros de una red de interceptación de comunicaciones. Entre ellos está llamado a juicio el general retirado de la Policía, Humberto Guatibonza; están bajo investigación los coroneles (r) Jorge Humberto Salinas y Carlos Andrés Pérez, y el mayor (r) Luis Quiroga Cubillos, todos del Ejército; así como la hacker Marialicia Pinzón Montenegro, quien aceptó colaborar con la justicia.

Según la Fiscalía, los mencionados formaban parte de una red “que ofrecía y prestaba servicios ilícitos de obtención de información reservada de sus víctimas”. En las indagaciones hechas en el interior del Sistema Esperanza de la Fiscalía se encontró un informe del 15 de diciembre de 2017 de otro funcionario del ente investigador. Se trata del excoordinador de la Sala Diamante de interceptaciones, Luis Carlos Gómez Góngora, quien ya aceptó cargos por estos hechos y fue condenado a ocho años de prisión. En el documento, según el organismo investigativo, se recomendaba a Martínez Lugo interceptar la línea del celular del piloto y sindicalista Pinzón para recabar información sobre el caso de desaparición forzada. “Este informe se hizo sin antecedentes, anexos o verificación de la línea”, señala el escrito de acusación.

Según la Fiscalía, esta “chuzada”, avalada por Martínez Lugo, se dio luego de una reunión a principios de noviembre de 2017 entre el entonces presidente de Avianca, Germán Efromovich, y Laude Fernández, representante de la firma consultora Berkeley Research Group (BRG), quien se encuentra detenido de manera preventiva, señalado de ser una pieza clave de las “chuzadas”. El 1° de diciembre del mismo año, reseñó la Fiscalía, comenzaron los procesos internos contra los pilotos que de septiembre a noviembre de ese año se enfrentaron con la aerolínea en una huelga. Dos semanas más tarde, “una fuente no identificada” le dio a Luis Carlos Gómez Góngora el número del vicepresidente del sindicato de aviadores, Julián Pinzón.

Avianca se ha declarado ajena y víctima de estos hechos, mientras Fernández viene siendo investigado desde octubre del año pasado. En ese momento, la Fiscalía lo vinculó a las pesquisas que ya estaban en curso por los “servicios” de interceptaciones ilegales que supuestamente ofrecía el coronel (r) Salinas. La hipótesis del ente investigador consiste en que el representante de BRG en Colombia también “fue uno de los usuarios de los servicios de esta empresa criminal” y que “desde su posición de contratista externo en temas de seguridad de Avianca, contactó a Salinas para conseguir información de diversos pilotos sindicalizados en la época en la cual sucedió el paro de trabajadores (…) contenida en sus conversaciones de Whatsapp”.

La “chuzada”, dice la Fiscalía, inició el 18 de diciembre de 2017 y duró 30 días, bajo el amparo de Martínez Lugo. El 16 de enero de 2018, un analista de la Fiscalía pidió cancelar la interceptación, pues las conversaciones de Pinzón Saavedra eran sobre sus actividades sindicales con los pilotos de Avianca. En lo que duró la interceptación, de manera irregular fueron extraídos tres cd con las grabaciones de Pinzón. “Estos hechos no se registraron en el sistema de la Fiscalía (SPOA), en el cual se hace seguimiento de las actividades de policía judicial ni ingresaron al almacén de evidencias de la entidad, evadiendo los controles”, señala la acusación del exfiscal.

Este mismo modus operandi, dice la Fiscalía, se usó para interceptar al presidente de Enel Colombia, Lucio Rubio Díaz, y el abogado Felipe Jaramillo Londoño, inmersos en procesos judiciales contra el Grupo de Energía de Bogotá, la empresa del Distrito que también contrató a la firma consultora a BRG para que brindara asesoría en “apoyo de litigios”; la considerada joya de la corona de la capital se declaró víctima. Martínez Lugo y Gómez Góngora habrían camuflado los números de los celulares en un expediente de un secuestro de 2013. El caso se cerró en noviembre de ese año, cuando un sujeto conocido como Kini aceptó su responsabilidad en un preacuerdo.

Aquí vuelve a aparecer Gómez Góngora, quien realizó otro informe “espurio” el 25 de julio de 2018 solicitando que se interceptaran los celulares que correspondían a Jaramillo Londoño y Rubio Díaz. El ente investigador insiste en que el documento no tenía sustento o argumento para llevar a cabo la interceptación. Un analista examinó las conversaciones y señaló que la información no correspondía y no aportaba nada a la investigación. A su vez, también se extrajeron cds con las conversaciones de las víctimas de manera ilegal sin que quedara registro en el sistema de control de actuaciones judiciales del ente investigador.

 

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José David Escobar Moreno / @joseDEM18/ [email protected]

Judicial

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