Los detalles de la investigación a un exfuncionario de la Procuraduría por supuesta corrupción

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Se trata de Jesús Alejandro Garzón, cuya captura fue legalizada el sábado pasado y quien le habría exigido $300 millones al senador santandereano Richard Aguilar para favorecerlo en un proceso disciplinario en la Procuraduría. El hecho fue denunciado por el mismo político y el procurador general Fernando Carrillo en 2019.

Por el delito de concusión (cuando un funcionario público exige dinero para actuar en función de su cargo) el exsustanciador Jesús Alejandro Garzón, de 56 años, fue imputado por la Fiscalía ante el Juzgado 36 de garantías de Bogotá. De acuerdo con las investigaciones, que empezaron a finales de 2019, Garzón habría exigido $300 millones para torcer un proceso disciplinario en contra del senador Richard Aguilar. El procesado se declaró inocente.

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Según explicó la fiscal del caso, el exfuncionario Garzón habría solicitado esa suma de dinero en una reunión llevada a cabo en Bucaramanga, junto al abogado Carlos Arturo Rojas y otro defensor cercano al exsustanciador, todo para que el senador de Cambio Radical saliera absuelto en un proceso que data de su función como gobernador de Santander. Además, la hipótesis investigativa de la Fiscalía cuenta con pruebas de otro hecho en el cual estaría involucrado Garzón, esta vez relacionado con el proceso disciplinario de un miembro de la Policía.

En ese segundo expediente, de acuerdo con la Fiscalía, la conducta del exsustanciador habría consistido más en un engranaje familiar. A través de una interceptación telefónica, el ente investigador sostiene que Garzón tuvo una conversación con el mayor Manuel Alejandro Rondón, quien solicitaba ante la Procuraduría recuperar, “los saberes prestacionales dejados de percibir durante el tiempo que estuvo sancionado del cargo”, por incumplimientos en su función policial.

“El funcionario Jesús Alejandro Garzón indicó en esa llamada que ese trámite puede hacerse sin ningún problema, que puede haber una solución y es instaurar una acción de tutela que podría costar dos millones de pesos. Indujo al mayor Manuel Alejandro Rondón para hacerlo a través de Aura Matilde Garzón, que al parecer es hermana del procesado”, explicó la fiscal.

La Fiscalía cuenta con un documento, presentado tras supuestamente hablar con el exsustanciador, en el cual el mayor Rondón pidió información a la Procuraduría a través de un derecho de petición. Como tal derecho no fue respondido por el órgano de control, el uniformado instaló una acción de tutela el 28 de mayo de 2020, tramite que fue admitido por un tribunal de Montería. Luego de eso, el mismo Jesús Alejandro Garzón habría tramitado el proceso a favor del mayor Rondón, según lo acordado en la llamada.

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En ese momento la procuradora auxiliar para Asuntos Disciplinarios del despacho en el que trabajaba el procesado, revisó la actuación desarrollada en el caso del uniformado y envió la presunta irregularidad al procurador general de entonces, Fernando Carrillo. Luego de eso, una investigación interna en el órgano de control demostraría que hubo una conversación entre -al parecer- los hermanos para cobrarle $5 millones al mayor beneficiado.

La historia de Jesús Alejandro Garzón empezó el 17 de diciembre de 2019, cuando el abogado Héctor Carvajal, apoderado judicial del senador santandereano Richard Aguilar del partido Cambio Radical, se presentó en las instalaciones de la Procuraduría con uno chats comprometedores. El defensor denunció que el sustanciador le estaba exigiendo una millonaria suma para favorecer a Aguilar en un proceso por el cual fue multado, en 2018, con $40 millones.

En su momento, el senador Aguilar fue multado por presuntamente haber contratado irregularmente servicios de vigilancia y seguridad privada con la firma Vigilancia Santafereña y Cia Ltda, que se habría ocupado de las instalaciones de la Gobernación de Santander. La Procuraduría, entonces, cuestionó el hecho de que el entonces gobernador, en el periodo 2012-2015, no hubiera realizado una licitación publica que permitiera la participación de otras empresas de vigilancia.

El proceso de Jesús Alejandro Garzón salió a la luz la semana pasada, a pesar de que la Fiscalía emitió orden de captura en noviembre de 2020. El viernes 22 de enero, el mismo ente investigador reveló a los medios que lo había detenido en su apartamento en el norte de Bogotá, diligencia que fue legalizada hasta el pasado sábado 23 de enero, en horas de la tarde.

“Dentro de la información aportada por el señor abogado Héctor Carvajal, fue suministrado el abonado celular del cual se estaban haciendo las exigencias económicas y al corroborarlo con el jefe de la dependencia (asuntos disciplinarios) se confirma que es el mismo número que está registrado en la entidad a nombre del sustanciador Jesús Alejandro Garzón”, le dijeron fuentes en la Procuraduría a El Espectador, el día de la captura.

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El procesado, según información suministrada por la Procuraduría, ingresó a la institución en 1993 y se desempeñó durante la mayoría de su carrera en la seccional auxiliar de Asuntos Disciplinarios. Si bien pasó por otras oficinas, desde 2018 se reafirmó en tal despacho, donde se encargaba de procesar expedientes para lograr decisiones en firme, como sustanciador del órgano de control. Por su parte, el senador Richard Aguilar ha explicado públicamente que no tiene nada que ver con los hechos y que rechazó la oferta una vez supo de ella.

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