Ante la pregunta de la jueza 72 de garantías el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas aceptó su responsabilidad en los tres delitos imputados por la Fiscalía General en el marco del proceso que se le adelanta por su responsabiidad en el 'carrusel de la contratación' en Bogotá.
Cruz Vargas, quien se entregó en la mañana de este viernes ante las autoridades, reconoció su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y abuso de confianza. "Su señoría acepto los cargos", aseguró Cruz al manifestar que esta decisión fue libre y voluntaria.
"No he sido presionado", señaló el exmandatario departamental quien reconoció que sabe que tras su aceptación de cargos va a ser condenado por la justicia. Por su parte, el procurador judicial Ulpiano Hernán Jovel Muñoz se declaró inocente de los delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía General solicita la medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del exgobernador de Cundinamarca debido a la gravedad de los hechos materia de investigación.
El proceso
Entre el 2 de diciembre de 2009 y el 26 de enero de 2010 el ingeniero Álvaro Cruz Vargas entregó 800 millones de pesos para resultar beneficiado con el contrato 197 de la Unión Temporal Asfaltos que tenía un valor de 25 mil millones de pesos para el reparcheo de la malla vial de la capital de la República.
Estos sobornos tenían como destino a Iván Hernández Daza, director de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) quien en últimas era el encargado de firmar el contrato en el cual Cruz Vargas tenía un gran interés para que le fuera adjudicado a la firma ICM Ingenieros en la que fungía como representante legal.
Con el pago de esta suma de dinero buscó sacar un provecho propio puesto que Hernández Daza –ya condenado por el ‘carrusel de la contratación’- le entregó información privilegiada para que su propuesta fuera seleccionada. “Lo hizo de manera dolosa e intencional”.
Otra parte del dinero fue dirigida a los entonces concejales Andrés Camacho Casado, Hipólito Moreno y Orlando Parada Díaz –todos condenados por el ‘carrusel’- para que no realizarán el control político de dicho contrato vial.
“Con este comportamiento doloso se lesionó a la administración pública, los principios de imparcialidad, publicidad y moralidad de la contratación pública”, precisó el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Juan Vicente Valbuena al manifestar que tenía la capacidad para comprender la ilegalidad de su conducta.
Cruz Vargas sabía que estaba incurriendo en una actitud ilícita y abiertamente contraria al derecho. Para lograr un beneficio propio se ejecutó una división de trabajo criminal cuyo único objetivo era lograr beneficiarse de este multimillonario contrato vial.
El testimonio clave
El pasado 25 de septiembre bajo la gravedad de juramento un abogado, amigo de infancia del Vicefiscal General, aseguró que fue contactado por el procurador judicial Hernán Jovel Muñoz para que intercediera y moviera sus influencias para favorecer el proceso que se adelantaba en contra del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas.
Aseguró que Muñoz le pidió en repetidas oportunidades utilizar su amistad con Jorge Fernando Perdomo para preguntar sobre el curso de la investigación que existía por el ‘carrusel de la contratación’. Para esto le manifestó que si era necesario pagarle a fiscales para que detuvieran el caso se hiciera.
Esto debido a que habían entregado un dinero con el fin de que este caso no se moviera hasta que Cruz Vargas acabara su mandato en diciembre de 2015. En esa oportunidad se enteró que habían dado 750 millones de pesos para mover influencias dentro de la Fiscalía General, sin embargo dicha cantidad de dinero le generó dudas.
“El compromiso para con el señor Álvaro Cruz era tenerlo en la Gobernación hasta diciembre del presente año, para eso era la plata, de ese compromiso me enteré como cinco meses después de la negociación y yo le dije que era imposible porque nadie nos estaba ayudando con eso”, señaló el testigo.
En este sentido aseguró que en un encuentro casual le preguntó al Vicefiscal General por el carrusel de la contratación, y más precisamente por el caso de Álvaro Cruz, sin embargo Perdomo no le dio más información sobre el tema motivo de la pregunta.
“Como el proceso de Álvaro Cruz no avanzaba y no tenía problema, todo estaba tranquilo”, precisó el abogado de 25 años en el interrogatorio citado en la diligencia judicial celebrada este viernes en contra del exgobernador de Cundinamarca y el procurador delegado.
“Cuando salió la información por el Canal Caracol y el testigo de Estados Unidos dijo que (Cruz Vargas) sí era el socio de ICM decidí buscar la manera de hablar con Álvaro Cruz. Yo estaba muy preocupado y sabía que su abogado era el doctor Monroy y lo llame y le pedí el favor de una cita con él”, explicó.
Pocos días después se reunió con el entonces Gobernador quién le preguntó por la situación del proceso, a lo que él le respondió que no sabía nada y le respondió con evasivas todo lo que le preguntaba o le decía mentiras puesto que no tenía claridad.
En esa oportunidad le preguntó cuánto era el dinero de la negociación a lo que él le respondió que eran dos mil millones de pesos. Este hecho le fue puesto de presente de manera inmediata al procurador judicial quien negó esa aseveración calificando al gobernador como un mentiroso.
“Le dije que el señor Cruz hablaba que le había entregado a él dos mil millones y yo le pregunté que dónde estaba la plata. Él me respondió que ese viejo hijueputa estaba diciendo mentiras y que no entrego sino 750 millones de pesos”, señaló el testigo ahora estrella.
“Yo intenté averiguar cómo había sido la negociación real porque no me cabía en la cabeza que un proceso de estos tan delicados, donde había tanto dinero de por medio hubiera arreglado por 750 millones de pesos no mas, quiero manifestar que Hernán era el que recibía la plata, no sé cómo lo hacía, quiero decir que en la primera entrega me dio 250 millones de pesos”, señaló.
En el interrogatorio aseguró que la segunda entrega fue cercana a los 100 millones de pesos. “En esa negociación compramos una casa entre él y yo, que es dónde yo vivo y tuvo un costo de 225 millones de pesos. Eso lo hizo para verme amarrado como método de presión para que siguiera ligado a este negocio y no dijera nada”.
Finalmente reiteró que el dinero mencionado en la negociación “nunca se le iba a entregar al Vicefiscal General” quien conocía dicha situación.