Exinterventor de Saludcoop sería responsable de millonarios gastos de administración

Por la gravedad de los hechos, la Contraloría trasladó el expediente no sólo a la dependencia competente, sino a la Fiscalía y a la Procuraduría para que determinen si existen responsabilidades penales y disciplinarias. / Archivo.

Guillermo Enrique Grosso Sandoval, exinterventor de la EPS Saludcoop, sería responsable de un hallazgo fiscal por más de $80.631 millones en recursos invertidos en gastos de administración que debían haberse destinado para la prestación de los servicios de salud de los afiliados. Así lo manifestó, este martes, la Contraloría que, a través de una indagación preliminar, encontró esta irregularidad. (Le podría interesar: El proceso que tiene contra las cuerdas a Carlos Palacino)

El organismo de control fiscal asegura que estos hechos son distintos a los que, en su momento, dieron origen al proceso de responsabilidad fiscal. Estos hechos fueron puestos de presente en una auditoria  del año 2015. En el informe, según la entidad, se encontraron con gastos de administración que fueron reportadas por la EPS por un valor de $371.469 millones.

Esta suma habría superado el límite que para la vigencia auditada, y según los recursos recibidos por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC), se había establecido en $266.961 millones para gastos de administración de la EPS. El informe se concluyó que Saludcoop efectuó Gastos Administrativos que “representan el 15,4% de los ingresos de la UPC, superando el límite establecido en el artículo 23 de la Ley 1438 de 2011”. (Lea también: Ratifican multa de $1.800 millones y más vigilancia para Medimás)

“Los hechos evidenciados constituyen un detrimento a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, posición que no solo la Contraloría ha venido reiterando, sino que ha sido ratificada tanto por la Corte Constitucional, como por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”, precisó la Contraloría que agregó: “los recursos del sistema no son propios de las EPS, sino que se trata de recursos públicos que deben destinarse a la prestación del servicio público de salud, por lo que no se pueden destinar a fines diferentes”.

La entidad asegura que el heber superado los topes también fue confirmado por la Superintendencia Nacional de Salud. Al determinar quiénes serían los responsables, evaluando las actividades económicas y jurídicas, la Contraloría identificó a Grosso Sandoval, pues para la fecha de los hechos actuaba como agente interventor, con funciones de representante legal de Saludcoop. (Le sugerimos: Discordia por las deudas de Saludcoop)

“En desarrollo de la mencionada indagación preliminar, la Contraloría pudo verificar la ocurrencia de una afectación al patrimonio estatal, y pudo concluir a partir del material probatorio decretado y practicado que existían méritos suficientes para trasladar la actuación a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva”, explicó el organismo de control fiscal.

Por la gravedad de los hechos, la Contraloría trasladó el expediente no sólo a la dependencia competente, sino a la Fiscalía y a la Procuraduría para que determinen si existen responsabilidades penales y disciplinarias.

Una vez se conoció la investigación de la Contraloría, el Ministerio de Salud hizo una aclaración: que el hallazgo fiscal del ente de control se debe a una confusión contable "del desconocimiento (o el desacuerdo, quizás) por parte de la Contraloría sobre la manera como se contabilizaron las provisiones. La Revisoría Fiscal dejó las notas aclaratorias en su momento. Las Supersalud ha dado todas las explicaciones", señaló el Ministerio.

Para la cartera ministerial, lo que ocurre en este caso es una discusión meramente contable. "Aquí no hay ninguna evidencia de corrupción. Y menos de desviación de recursos públicos. Es importante conocer el fondo de los problemas y evitar acusaciones temerarias y juicios apresurados", explicó el ministerio.