:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/O6w-e1dl2XWAe4s4C4upphZeovg=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/XBPY3LYAZJGZ7P25XM2RWX4TQY.jpg)
Para el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y el fiscal General, Néstor Humberto Martínez aseguraron en días pasados que las pruebas recolectadas hasta el momento no permiten inferir una sistematicidad en los ataques registrados en los últimos meses en contra de representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes sociales en diferentes regiones del país.
Estas declaraciones inmediatamente fueron rechazadas por los familiares de las víctimas quienes consideran que las amenazas y ataques tienen una relación directa con sus labores sociales como reclamantes de los derechos de los campesinos. Coinciden en afirmar que grupos armados al margen de la ley, que se derivan de las AUC que se desmovilizaron, están detrás de estas acciones.
Para el representante a la Cámara por Bogotá, Inti Asprilla pese a lo dicho por los dos altos funcionarios, las pruebas revelan que evidentemente existe un proyecto sistemático para atentar contra la vida de los representantes y líderes campesinos. Reseña que las amenazas iniciaron semanas antes de la celebración del plebiscito por la paz en octubre de 2016. Pese a que la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades muy pocas cosas se hicieron.
Después de esto, aparecieron panfletos en los departamentos del Tolima y Magdalena, principalmente, firmados por las Águilas Negras, y en los que se ofrecía 5 millones de pesos por casa líder asesinado. Una vez más, asegura el congresista, los hechos no fueron tenidos en cuenta por las autoridades locales y nacionales que le restaron importancia y validez. Confidencialmente en esas partes se registraron varios ataques contra líderes sociales.
Pese a que se le quiso dar la apariencia de hechos aislados, causados por problemas personales, el representante del Polo Democrático asegura que existen muchas coincidencias en estas acciones: “Las personas que son amenazadas apoyaron directamente el proceso de paz, buscan la reivindicación social con la entrega de tierras, y han denunciado el resurgimiento de grupos paramilitares en sus regiones. No son hechos aislados como dicen”.
Asprilla asegura que el gran error es restarle importancia a la existencia de estos panfletos, que ya en un pasado no muy lejano han demostrado que detrás de ellos existen grupos y organizaciones criminales dispuestas a actuar. Cuestionó además que funcionarios como el alcalde de San Vicente del Caguán acusarán públicamente a los líderes sociales de tener nexos con las Farc. Por años, asegura, a todos los reclamantes de tierras y representantes de derechos humanos se les ha querido calificar como guerrilleros y comunistas. “Este discurso ideológico pone en riesgo su vida e integridad”.
Debido a estos constantes ataques la Marcha Patriótica presentó acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para buscar la protección. “Guardando las proporciones, estamos en una situación similar al magnicidio de la Unión Patriótica”, precisó Asprilla quien reconoció que ahora se cuentan con más herramientas para denunciar estas acciones en contra de las organizaciones y grupos políticos.
En los últimos meses se han registrado más de 100 ataques en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales y campesinos en todo el país. Solamente en lo corrido del 2017 se han presentado 20 acciones.