El caso ya está en la Fiscalía

Exministro Hernán Martínez y altos ejecutivos de Pacific Rubiales, denunciados por estafa

De Pacific, los reportados en la Fiscalía son dos venezolanos que hicieron su fortuna en Colombia: Ronald Pantín y Serafino Iacono.

Hernán Martínez Torres, exministro de Minas y Energía. / Archivo El Espectador

El ingeniero químico Hernán Martínez Torres, ministro de Minas y Energía del segundo período presidencial de Álvaro Uribe, ha sido un hombre del sector privado la mayor parte de su vida. Fue gerente de planeación de Esso Colombia y presidente de Exxon Mobil Colombia, entre otros cargos. Al sector privado regresó una vez Uribe salió del poder, y hoy, según el Registro Público de Panamá, es uno de los directores y dignatarios de la sociedad anónima Pacific Coal, junto a dos “duros” de Pacific Rubiales: los venezolanos Ronald Pantín y Serafino Iacono. Ellos son los tres hombres que, el pasado 27 de abril, fueron denunciados en la Fiscalía por el delito de estafa agravada.

Su denunciante es el también venezolano José Manuel Arriandiaga, representante legal de la empresa Trabajos Industriales y Mecánicos (Trimeca), y lo que él señala a lo largo de 31 páginas es que Martínez, Pantín y Iacono, palabras más palabras menos, le vendieron humo, lo engañaron y lo montaron en un barco que, asegura, ellos tres sabían desde un principio estaba destinado a hundirse: la Sociedad Portuaria Terminal de Las Flores. Se trata de una compañía a la cual Cormagdalena le dio en concesión un pedazo de la ribera del río Magdalena, que está a ocho kilómetros de Barranquilla, “para construir y operar un muelle privado de servicio público para el manejo del carbón, minerales pétreos y carga en general”.

Era una concesión a 20 años, entregada hace casi 10 —en septiembre de 2007—. Pero a la fecha, en palabras de los propios funcionarios de Cormagdalena como Dina Sierra, en ese puerto “no hay nada”. Sierra, subdirectora (e) de gestión comercial de Cormagdalena, asegura que “ese contrato se encuentra prácticamente incumplido, tanto en el pago a la nación por usar la ribera del río como en el plan de inversión. A ellos se les abrió un proceso sancionatorio (en julio de 2016), el cual pidieron que se suspendiera porque dicen que el obstáculo para cumplir con la concesión ha sido un problema jurídico con un predio que tiene que resolver la Superintendencia de Notariado y Registro”.

La historia del “engaño” que detalló José Manuel Arriandiaga ante el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, comenzó el 4 de septiembre de 2013. Relató que ese día llegó a la sede de Pacific Rubiales en el norte de Bogotá junto con su amigo Marco Giampaoli, un reconocido empresario venezolano que trajo a Colombia su compañía de ingeniería civil Obresca. Allí estaban Ronald Pantín y Serafino Iacono, quienes para entonces —advertía la revista Dinero— figuraban entre los 100 ejecutivos con mejores salarios en Canadá, país donde Pacific cotiza en la bolsa de valores. Y además de Hernán Martínez estaba otro exministro del gobierno Uribe: Fabio Valencia Cossio.

Todos se fueron a almorzar en un comedor privado de uno de los mejores restaurantes de Bogotá, “con el chef disponible para los caprichos de los comensales”. Les expusieron el negocio, les hablaron de su deseo de venderles el 50 % de la Sociedad Portuaria Terminal de Las Flores. Trimeca y Obresca aceptaron unirse. “La gente de Pacific Rubiales supo que yo me había ganado con ellos el contrato para hacer Olecar y me preguntaron que por qué no metía dinero en el proyecto. Yo al principio no quería, pero Pantín me dijo: ‘Nos preocupa que, si no puedes con poco, mucho menos vas a poder con mucho’. Olecar era un proyecto de US$130 millones, no me quedó más que participar”, le dijo a este diario Arriandiaga.

Así fue como Trimeca, según su representante, se hizo al 9,46 % de la Sociedad Portuaria Terminal de Las Flores, a cambio de pagar US$3 millones. Antes de hacerse socio, Trimeca contrató a una firma consultora para que hiciera las labores de due diligence (debido proceso), y ésta le informó que el lote La Piña (donde se iba a construir el puerto) tenía 15 hectáreas que Pacific Coal había comprado en 2010 por más de $1.500 millones, aunque aún no había escritura pública porque, “de acuerdo con lo informado por Pacific”, La Piña hacía parte de un gran terreno de 500 hectáreas y el desenglobe aún no se había hecho. Pronto, La Piña pasó a convertirse en la raíz del problema.

Esas 15 hectáreas que están en la ribera del río Magdalena las habían ocupado desde 1904 Blas García, Gracielina Torres de García y sus descendientes. Ellos tenían “derechos de posesión” sobre la tierra, pero no su titularidad. En 1994, por primera vez, la Dirección General Marítima (Dimar) declaró el terreno “bien de uso público de la nación” pero, a la vez, continuaron las adjudicaciones por sucesión; la segunda vez fue en 2005. En ese año, señala la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, la Sociedad Portuaria Terminal de Las Flores compró los derechos de posesión. Al crearse Pacific Coal en 2010 y comprar la Sociedad Portuaria, se quedó con el lote de esa manera y con la concesión.

En resumidas cuentas, el asunto del lote La Piña se convirtió en un despelote. Para rematar, luego apareció otra parte con interés en el lote: Casa Inglesa, que asevera ser la propietaria de 8 de esas 15 hectáreas. “A mí el proyecto no me convencía, pero pensaba que al menos nos quedaba un buen lote”, dice José Manuel Arriandiaga. “Ahora vemos que ellos sabían desde el inicio que con esa tierra había problemas. Yo entregué mis US$3 millones, pero pasó un año y no se avanzaba en nada. En año y medio no se había puesto ni una piedra en ese lote. Ahí concluí que ellos se habían inventado ese proyecto porque necesitaban dinero; eran los reyes del petróleo, nadie pensó que iba a pasar algo malo”.

Consultado por este diario el exministro Hernán Martínez, quien sigue representando a Pacific Coal —que desde hace dos años se llama Caribbean Resources—, manifestó estar “muy extrañado” ante la noticia de la denuncia en su contra. “Eso no tiene ningún fundamento. Yo ni siquiera sé si esa denuncia es cierta, la Fiscalía no nos ha notificado de nada. Estamos lejos de haber estafado a alguien. Si el señor José Manuel se arrepintió es otra cosa, él sigue siendo accionista de la empresa y la empresa continúa con la concesión del puerto. En un puerto lo que más vale es la posesión. Nosotros ahí tenemos más de 500 metros frente al río, esa es la concesión y fue lo que les vendimos a ellos”.

En entrevista con este diario, Martínez aseguró que el problema es que “hay una incertidumbre en la propiedad del lote”, pero que Pacific Coal ha hecho siempre lo correcto. “Le habíamos comprado el terreno a los poseedores. Luego salió un señor de apellido inglés diciendo que parte del terreno era de él. Personalmente, nunca supe de este señor inglés”, afirmó. Sin embargo, resulta algo insólito que el exministro diga hoy que no sabía del interés de Casa Inglesa en La Piña, pues en la misma asamblea en que se registró la compra de la Sociedad Portuaria por parte de Pacific Coal, en marzo de 2011, se dejó constancia de que Casa Inglesa tenía “derechos de posesión” por cuenta de un fallo judicial de julio de 2007.

Este embrollado asunto está en manos de la Superintendencia de Notariado y Registro, última instancia para determinar si el lote La Piña es o no de la nación. Así se lo confirmó a este diario Gabriel del Toro, jefe (e) de la oficina jurídica de Cormagdalena. De igual modo, este enredado asunto está en manos de la oficina de asignaciones especiales del despacho del fiscal general. El fiscal que recibió el caso inicialmente pidió que así fuera, pues por tratarse “de una denuncia en contra de varias personas, entre las que se relaciona un exministro de Minas y Energía, así como destacados empresarios del sector petrolero, (el caso) amerita mayor rigor e imparcialidad posible”.