Expresidente Uribe tiene fecha para su indagatoria en la Corte Suprema: 8 de octubre

El cara a cara entre el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y los magistrados que lo investigan en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por fin tiene fecha: el 8 de octubre de este año. En esta diligencia, el exmandatario deberá dar su versión en el marco de una investigación formal que pesa en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno, relacionados con una supuesta intención de manipular a los testigos que lo han señalado de tener nexos con paramilitares.

La decisión también cobija al congresista Álvaro Hernán Prada, investigado por estos mismos hechos, y quien igualmente tiene cita con la Corte Suprema ya programada para el próximo 9 de octubre. La defensa de Prada pidió que se excluyeran ciertas pruebas del expediente, sobre lo cual la Corte aún no ha tomado determinación, pero tampoco afecta el proceso mismo ni cambia la fecha de indagatoria fijada. Se trata de un abultado expediente de 8 cuadernos, cada uno de 300 folios (hojas), 9 anexos, 6 reservados y 137 registros de audio, del cual el ponente es el magistrado César Reyes.

El proceso se remonta a febrero de 2018, cuando la Corte archivó una indagación preliminar contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos (a raíz de una denuncia del propio Uribe), y compulsó copias en contra del expresidente y senador. Seis días después, el abogado Reinaldo Villalba, quien representa a Iván Cepeda, acudió a la Corte para advertir que uno de los testigos contra Uribe, Juan Guillermo Monsalve, estaba recibiendo mensajes y visitas de personas con el propósito de que cambiara su testimonio. Este hecho originó un nuevo proceso y motivó el llamado a indagatoria.

(En contexto: El expediente contra Uribe)

¿Por qué la fecha de la diligencia tardó tanto tiempo en fijarse?

Cuando la Corte llamó a indagatoria a Uribe el 24 de febrero de 2018, hace más de un año, el caso estaba en una sala de instrucción de la Sala Penal del alto tribunal. En ese momento, la indagatoria se fijó para el 3 de septiembre de 2018, pero no se pudo realizar porque las defensas de los congresistas recusaron a los magistrados que los investigaban alegando que no eran imparciales. Esa recusación fue negada definitivamente por otra sala de instrucción, que indicó que no había impedimento alguno porque los juristas han actuado conforme a sus facultades legales.

Entretanto, entró en marcha una reforma legal que creó la doble instancia para altos funcionarios, lo que implicó la creación de nuevas salas y nombramientos de nuevos magistrados al interior de la Corte Suprema de Justicia. Todas las indagaciones previas del alto tribunal salieron de la Sala Penal y pasaron a la Sala Especial de Instrucción, compuesta por seis magistrados. El caso Uribe le correspondió a la magistrada Cristina Lombana Velásquez, quien luego fue objeto de polémica ya que la jurista es militar, con grado de mayor, del Ejército.

En medio de un debate nacional por su supuesta parcialidad, la Sala de Instrucción negó el 18 de febrero de 2019 una petición de nulidad que habían presentado las defensas de Uribe y Prada. Esa decisión, revelada por El Espectador, señaló que no había nungún vicio de trámite del expediente porque la Sala Penal, antes de entrar en funcionamiento la doble instancia, sí tenía la competencia para continuar investigándolo. Además, regañó a los abogados de los congresistas por no argumentar de fondo por qué supuestamente la Sala Penal estaba usurpando sus funciones.

Además, rechazó los argumentos de los litigantes sobre la supuesta ilegaldad a la hora de recoger pruebas, pues fueron obtenidas luego de que el teléfono del expresidente quedara incluido por error en una interceptación ordenada en el expediente adelantado contra el excongresista Nilton Córdoba. "Tal razonamiento no solo se sustenta en una premisa inadmisible, sino construida con la intención evidente de inducir a confusión al funcionario judicial”, señaló la Corte al validar ese material probatorio. La indagatoria quedó en firme, entonces, pero no se fijó fecha. Luego, el 1° de abril de 2019, el senador Cepeda recusó a Lombana.

El 10 de mayo siguiente, la Sala de Instrucción aceptó la recusación y separó a Lombana de dos procesos contra Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos. Esa decisión hizo un fuerte reparo a la magistrada por mantener el régimen de carrera de los oficiales de la Justicia Penal Militar, así como su rango militar y la vinculación a las fuerzas armadas. Y afirmó que la justicia no solo debe ser imparcial, sino que debe parecerlo. “Dos calidades deben tener los jueces: estar libres de conexiones e influencias inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y con las partes del proceso; y ostentar la apariencia de ser libres e independientes frente a ellos”, dice el documento. Lombana, por su parte señaló que no renunciaría a su cargo ni como magistrada ni como oficial, aunque, en junio de este año, se retiró del Ejército.

El caso quedó oficialmente en manos del magistrado César Augusto Reyes Medina el pasado 20 de mayo, quien también tiene a su cargo la indagación en contra de Álvaro Uribe por presuntos nexos por grupos paramilitares. Ese caso incluye el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998; así como la masacre de la Granja y de San Roque, perpetradas en 1996, y la masacre del Aro, ocurrida en 1997, que fueron declarados como de lesa humanidad el 31 de mayo de 2018. La decisión es clave para el futuro de las investigaciones por estos crímenes pues los casos no prescribirán.

Con fecha finalmente fijada para la indagatoria contra Uribe, el proceso podrá marchar. De acuerdo con el expediente, hubo al menos dos rutas de acercamiento al testigo Juan Guillermo Monsalve. Uno, a través del congresista del Centro Democrático por el Huila Álvaro Hernán Prada Artunduaga y por conducto del abogado Diego Javier Cadena Ramírez. Este último le habría pedido a Monsalve una retractación para presentarla a la Corte a cambio de una acción de revisión sin cobro de honorarios y gestión para mejorar sus condiciones de reclusión y seguridad. El testigo se negó y argumentó que no podía incurrir en un delito de falso testimonio. Todo quedó registrado.

Según la decisión inicial de llamar a indagatoria a Uribe, la del 24 de julio de 2018, al tiempo que el congresista Prada intentaba llegar al testigo o Cadena buscaba convencerlo de retractarse, este mismo abogado habría contactado en la cárcel de El Buen Pastor a la exfiscal Hilda Jeaneth Niño, hoy procesada por favorecimiento a paramilitares, para que se comprometiera a declarar, en el juicio a Santiago Uribe, que altos funcionarios de la Fiscalía se habían confabulado para acusarlo de nexos con el paramilitarismo. Según la Corte, la fiscal accedió, pero a cambio solicitó que, en apoyo a una tutela, se fijara como su nuevo sitio de reclusión la Escuela de Caballería.

Además de las rutas del congresista Prada o el abogado Cadena, la Corte resaltó que, de manera personal y directa, el expresidente ha procurado contactar a personas en el exterior para que el extraditado paramilitar Juan Carlos Sierra Ramírez, alias Tuso Sierra, haga un video declarando en su favor. El expresidente Uribe, por su parte, ha negado todos los señalamientos. Incluso, este 5 de agosto de 2019, publicó un video y un mensaje en sus redes sociales, solicitando premura en la investigación en su contra. Allí, resaltó que fue llamado a indagatoria sin que -supuestamente- le dieran la oportundiad de ser escuchado en versión libre y apuntó que estpa "siempre dispuesto a dar la cara, a enfrentarlo todo".

“He buscado, por dignidad y de acuerdo con la ley, desmontar atentados a mi reputación, desmontar testimonios manipulados y sobornados. Hace más de un año, en plena campaña, mi línea telefónica fue interceptada ilegalmente. Mientras transcurría la campaña, el magistrado dijo a varios periodistas que me iba a capturar. El magistrado que me investigaba, filtró a contradictores míos el expediente que armaba en mi contra, lo que aprovecharon para hacer publicaciones incompletas, editadas y difamantes de mi honra”, dijo en un comunicado de 13 puntos.

El expresidente señaló que hace nueve meses denunció ante la Fiscalía al investigador que lo habría interceptado ilegalmente. "Este investigador, según abogados enterados, ha declarado que informó oportunamente al magistrado auxiliar, que era su jefe, que la voz interceptada era la mía y no la del congresista Nilton Córdoba, bajo cuyo nombre ordenaron interceptar mi número. He pedido a la Corte que se practiquen las pruebas solicitadas, muchas de las cuales las pedí de tiempo atrás, cuando particulares me informaban sobre manipulaciones de testigos en mi contra", agregó.

“En otro proceso de falsos testigos, también manipulados, pedí infructuosamente ser escuchado en versión libre. Que la Corte permita la publicación de las 21 mil interceptaciones de mis llamadas y mensajes, filtradas a malquerientes, es de mínima justicia con la opinión pública. La ilegalidad de las interceptaciones es un tema muy importante, pero mucho más importante es que no hay una sola palabra mía que viole la ley. Y dos magistrados auxiliares, que han actuado en mi contra, con parcialidad, son hoy miembros de la JEP”, agregó.