El pasado 15 de enero, la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra Hélber Otero Pacheco, máximo accionista de Fidupetrol, por el delito de tráfico de influencias, como presunto determinador de las maniobras ilegales con las que Fidupetrol al parecer intentó presionar a la Corte Constitucional para que ésta aceptara una tutela que Fidupetrol interpuso con el objetivo de que se la eximiera de una multa por $22.500 millones. Ahora el turno es para el presidente de esa firma, Abel Guillermo Caballero, quien fue acusado, al igual que Otero, por el delito de tráfico de influencias.
Según la Fiscalía, Caballero fue clave para que Fidupetrol contratara al exmagistrado de la Corte, Rodrigo Escobar Gil, para que éste moviera sus influencias, intercediera ante algunos magistrados -entre ellos el magistrado Jorge Ignacio Pretelt, investigado por estos hechos-, y lograra que la Corte admitiera la tutela de Fidupetrol y luego fallara a su favor. Todo con el objetivo, de nuevo, de que se la eximiera de pagar la multa a la que fue condenada por parte de la Corte Suprema de Justicia en virtud de un proceso por un desfalco en Casanare.
Caballero, quien se encuentra detenido en su casa, se reunió en varias ocasiones con el exmagistrado, entre el 18 de octubre y el 25 de noviembre de 2013, en la oficina de Escobar Gil, en el norte de Bogotá, para hablar del caso. Tras esos encuentros, Escobar y Caballero llegaron a un acuerdo, un contrato con un agregado: una comisión si se lograba que la tutela fuera seleccionada y otra si era aprobada.
Escobar afronta un proceso y ya se le imputó el cargo de tráfico de influencias, por el que se declaró inocente. Otro protagonista de este escándalo el abogado Víctor Pacheco -quien al igual que Escobar fue contratado para presionar un fallo favorable a los intereses de Fidupetrol- llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, a mediados del año pasado. En virtud de este preacuerdo, que fue avalado en octubre del año pasado, Pacheco se declaró culpable del delito de tráfico de influencias y se comprometió a devolver parte del dinero recibido a cambio de beneficios jurídicos. De la misma forma, Pacheco, quien en su momento señaló al magistrado Jorge Ignacio Pretelt por supuestamente haberle pedido $500 millones para ayudarle con la tutela, se convirtió en testigo estrella de la Fiscalía en este proceso.
Estos llamados a juicio se producen, precisamente, a casi un mes de que el Senado defina el futuro del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt, acusado por la Cámara de Representantes por el delito de concusión, por el supuesto soborno. Ahora el Senado debe definir si suspende al magistrado y le da vía libre al juicio político en su contra, que es antes de un posible proceso penal, que estaría a cargo de la Corte Suprema de Justicia, debido a la condición de aforado de Pretelt. El magistrado, investigado en virtud de una denuncia interpuesta por su excompañero de Sala, el exmagistrado Mauricio González Cuervo, ha dicho que es inocente y que hay sectores que lo quieren ver fuera de la Corte Constitucional.