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“La decisión y el pago de facturas por $610.000 millones en 2014 a CB&I que señala la Fiscalía, se realizó dos años después de su retiro como presidente en 2012 y, por tanto, no tuvo nada que ver con el mismo”. Con este argumento –entre otros–, el expresidente de la Refinería de Cartagena (2009-2012), Orlando José Cabrales, insiste en que es inocente de esos sobrecostos que, a la postre, llevó a que la Fiscalía le imputara el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
A través de un comunicado de siete puntos, Cabrales explica que no participó en la elección de CB&I porque dicho contratista se firmó en 2007, dos años antes de su ingreso a la refinería. “La decisión de continuar con dicho contratista y de mantener la modalidad de gastos reembolsables para la segunda fase del EPC (ingeniería, compras y construcción), fue una decisión de la junta directiva sustentada en estudios de terceros expertos internacionales, que fue discutida en 15 sesiones de Junta Directiva de Reficar y Ecopetrol que iniciaron antes de que Orlando Cabrales Martínez entrara a Reficar”, dice la misiva.
Con esa decisión, agregó el comunicado, se respetó lo establecido en el contrato en 2007 que ofrecía la posibilidad de continuar con CB&I y, además, de mantener la modalidad de contratación de gastos reembolsables, es decir, CB&I pasaba cuentas por cobrar y Reficar aprobaba luego del aval de la firma auditora Foster Wheeler. Esa firma del contrato para la segunda fase del EPC, el cuál Cabrales dice que es el único cargo en su contra, “fue una decisión corporativa (….) siguiendo instrucciones de su junta directiva, tal y como lo ordenaba el gobierno corporativo y los estatutos de la empresa para un contrato de ese tipo y monto”.
A su vez, Cabrales afirma que la Fiscalía “nunca” ha manifestado que haya habido apropiación de recursos a su favor ni a favor de terceros. Y también dice que la Procuraduría ha sido clara al expresar que no hubo interés indebido en su conducta y que no cometió ningún delito. “Con la decisión del juez de garantías –que determinó no enviarlo a la cárcel, pero sí le impuso ciertas restricciones–, podrá enfrentar el juicio en libertad, dado que no en encontró mérito para privarlo de ella”, agrega el comunicado.
Sin embargo, en la audiencia de este miércoles, el Juez 16 de Garantías de Bogotá dijo que Cabrales representa un peligro para la sociedad, pues “como servidor público debía cerciorarse del cumplimiento de lo contenido en la carta política de los principios de la contratación estatal (…) y en el manual de procedimientos de Reficar, lo que supuestamente no hizo. Conducta que generó un detrimento patrimonial del Estado”.
El juez, finalmente, determinó que Cabrales deberá presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante las autoridades judiciales, para lo cual tendrá presentarse ante el Centro de Servicios Judiciales cada mes. Además, no podrá salir del país y tampoco podrá comunicarse con determinadas personas en el proceso o con las víctimas, siempre y cuando no se afecte el derecho a la defensa.
El juez dejó claro que estas medidas se imponen porque Cabrales es una persona de avanzada edad (79 años), es una persona “que no tiene antecedentes penales (y) tiene una historia clínica importante que devela una patología degenerativa, por lo tanto no se impone esa medida solicitada de la Fiscalía”.