Exprocurador implicado en proceso contra Álvaro Cruz firmó preacuerdo

El exprocurador administrativo Ulpiano Hernán Jovel Muñoz aceptó su responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho para dar u ofrecern tras la firma de un preacuerdo con la Fiscalía. Esto en el marco del proceso penal que se le adelantó por solicitarle una alta suma de dinero al entonces gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas para aplazar la audiencia de imputación de cargos en su contra por el escándalo del ‘carrusel de la contratación’. 

Jovel Muñoz –quien actualmente se encuentra privado de su libertad- se reunió en diferentes oportunidades con el mandatario departamental para manifestarle que contaba con los contactos en la Fiscalía General para influenciar la investigación que se adelantaba en su contra. De esta manera se buscaba que Cruz Vargas terminara sin problema alguno su administración.

Las pruebas recolectadas por la Fiscalía General permitieron establecer que el entonces procurador recibió 2.000 millones de pesos por pare del Gobernador para cumplir su objetivo. De esta manera se contactó con el abogado Augusto Ramírez, quien alardeaba de tener una amistad muy cercana con el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo.

Sin embargo, según se pudo establecer el delegado del Ministerio Público no le entregó en su totalidad la suma pactada a su intermediario, quien si cumplió con la parte del trato al preguntarle a Perdomo en una oportunidad en qué iba la investigación en contra del Gobernador de Cundinamarca.

Pero el Vicefiscal General no le dio la respuesta que él esperaba ni la oportunidad para hablar y ampliar el tema. Esta situación generó una molestia tanto en Muñoz como el Gobernador. Estos hechos fueron denunciados por el mismo Perdomo. (Ver La "cruz" del procurador Hernán Jovel Muñoz)

Esta investigación le puso punto final al proceso de colaboración que adelantaba Cruz Vargas con la Fiscalía para firmar un preacuerdo. El 2 de octubre de 2015 el ya exgobernador de Cundinamarca fue detenido en Bogotá, pocas horas después fue capturado el procurador administrativo.

El fiscal cuarto delegado ante la Corte Suprema señaló que Jovel Muñoz se comprometió en la firma del preacuerdo a entregar información sobre otras personas que estarían implicadas en estos hechos de corrupción.  (Ver Exposa de Álvaro Cruz reconoció que el procurador Muñoz intentó pagar sobornos para desviar el proceso)

El próximo 14 de marzo el juzgado 44 de conocimiento adelantará la audiencia de verificación de allanamiento a cargos del exgobernador de Cundinamarca quien aceptó su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y abuso de confianza.

Los $2.000 millones

El pasado 25 de septiembre bajo la gravedad de juramento un abogado, amigo de infancia del Vicefiscal General, aseguró que fue contactado por el procurador Jovel Muñoz para que intercediera y moviera sus influencias para favorecer el proceso que se adelantaba en contra del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas.

Aseguró que Muñoz le pidió en repetidas oportunidades utilizar su amistad con Jorge Fernando Perdomo para preguntar sobre el curso de la investigación que existía por el ‘carrusel de la contratación’. Para esto le manifestó que si era necesario pagarle a fiscales para que detuvieran el caso se hiciera.

Esto debido a que habían entregado un dinero con el fin de que este caso no se moviera hasta que Cruz Vargas acabara su mandato en diciembre de 2015. En esa oportunidad se enteró que habían dado 750 millones de pesos para mover influencias dentro de la Fiscalía General, sin embargo dicha cantidad de dinero le generó dudas.

“El compromiso para con el señor Álvaro Cruz era tenerlo en la Gobernación hasta diciembre del presente año, para eso era la plata, de ese compromiso me enteré como cinco meses después de la negociación y yo le dije que era imposible porque nadie nos estaba ayudando con eso”, señaló el testigo.

En este sentido aseguró que en un encuentro casual le preguntó al Vicefiscal General por el carrusel de la contratación, y más precisamente por el caso de Álvaro Cruz, sin embargo Perdomo no le dio más información sobre el tema motivo de la pregunta.

“Como el proceso de Álvaro Cruz no avanzaba y no tenía problema, todo estaba tranquilo”, precisó el abogado de 25 años en el interrogatorio citado en la diligencia judicial celebrada este viernes en contra del exgobernador de Cundinamarca y el procurador delegado.

“Cuando salió la información por el Canal Caracol y el testigo de Estados Unidos dijo que (Cruz Vargas) sí era el socio de ICM decidí buscar la manera de hablar con Álvaro Cruz. Yo estaba muy preocupado y sabía que su abogado era el doctor Monroy y lo llame y le pedí el favor de una cita con él”, explicó.

Pocos días después se reunió con el entonces Gobernador quién le preguntó por la situación del proceso, a lo que él le respondió que no sabía nada y le respondió con evasivas todo lo que le preguntaba o le decía mentiras puesto que no tenía claridad.

En esa oportunidad le preguntó cuánto era el dinero de la negociación a lo que él le respondió que eran dos mil millones de pesos. Este hecho le fue puesto de presente de manera inmediata al procurador judicial quien negó esa aseveración calificando al gobernador como un mentiroso.

“Le dije que el señor Cruz hablaba que le había entregado a él dos mil millones y yo le pregunté que dónde estaba la plata. Él me respondió que ese viejo hijueputa estaba diciendo mentiras y que no entrego sino 750 millones de pesos”, señaló el testigo ahora estrella.

“Yo intenté averiguar cómo había sido la negociación real porque no me cabía en la cabeza que un proceso de estos tan delicados, donde había tanto dinero de por medio hubiera arreglado por 750 millones de pesos no más, quiero manifestar que Hernán era el que recibía la plata, no sé cómo lo hacía, quiero decir que en la primera entrega me dio 250 millones de pesos”, señaló.

En el interrogatorio aseguró que la segunda entrega fue cercana a los 100 millones de pesos. “En esa negociación compramos una casa entre él y yo, que es dónde yo vivo y tuvo un costo de 225 millones de pesos. Eso lo hizo para verme amarrado como método de presión para que siguiera ligado a este negocio y no dijera nada”.

Finalmente reiteró que el dinero mencionado en la negociación “nunca se le iba a entregar al Vicefiscal General” quien conocía dicha situación.