Exsecretario de salud de Bogotá aceptó tres cargos por el 'carrusel'

Héctor Zambrano aceptó su responsabilidad en los delitos de cohecho propio, celebración indebida de contratos y contratos si el cumplimiento de requisitos legales.

Ante la juez 16 de conocimiento, el abogado Pedro Nel Escorcia pidió que se modifique la naturaleza de la audiencia de acusación en contra del exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano por una de aceptación de cargos en el proceso que se le adelanta por tres delitos dentro del llamado escándalo del ‘carrusel de la contratación’.

En la diligencia judicial, el exfuncionario aceptará su responsabilidad en los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales dentro de las irregularidades que rodearon la celebración del convenio para la prestación del servicio de ambulancias en el año 2009 que tuvo un valor a los 69 mil millones de pesos.

Al final de la diligencia judicial, en la cual la Fiscalía General lo acusó formalmente, Zambrano aseguró que está colaborando con la justicia frente a las irregularidades que rodearon la celebración de contratos en el sector salud en la capital de la República.

“Perdón a Dios que ya se lo pedí y con la fortaleza que me da mi familia”, aseguró el exsecretario de Salud quien prefirió no dar más detalles sobre la colaboración que le ha entregado a las autoridades, ni sobre las amenazas que habría recibido.

Zambrano, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá desde hace seis meses, ha manifestado que no había entregado toda la información porque estaba “coaccionado” hecho por el cual solicitó su traslado a un pabellón de máxima seguridad.

El exfuncionario es procesado por presuntamente participar en las modificaciones hechas al pliego de condiciones del contrato 006 de 2009 con el fin de beneficiar a una firma contratista a cambio de una promesa remuneratoria del 10 por ciento sobre el valor real del convenio.

El convenio para la prestación de servicio de salud de atención prehospitalaria en ambulancias fue adjudicada por el Fondo Financiero Distrital de Salud a una empresa de Emilio Tapia Aldana, procesado por el llamado 'carrusel de la contratación'.

“La promesa remuneratoria se llevó a cabo en diferentes reuniones realizadas por Héctor Zambrano Rodríguez, Emilio Tapia Aldana, Federico Gaviria e Hipólito Moreno, entre el 27 de mayo de 2009, fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones, y el 30 de septiembre de 2009, fecha en que se suscribió el contrato”, precisó el fiscal en su acusación.

A primera hora de este miércoles un juez de garantías avaló el principio de oportunidad que firmó con la Fiscalía General, hecho por el cual cesa la acción penal que se le adelanta por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros. 

En esta negociación el exfuncionario se comprometió a ser testigo de hecho del ente investigador en los otros procesos que se adelanten por estos actos de "corrupción administrativa", así como la entrega de información que permitiría la apertura de otras investigaciones. 

Por estos mismos hechos se le adelanta un proceso disciplinario en la Procuraduría General, cuyo fallo se conocerá en los próximos días. 

El acuerdo

El pasado 19 de septiembre ElEspectador reveló el documento de 14 páginas en el cual se establecían los compromisos de acuerdo a los que había llegado Zambrano con el ente investigador, entre los que se encuentra la entrega de información sobre las personas que estuvieron relacionadas con estas fallas.

Entre los primeros nombres mencionados por el exsecretario de salud se encuentran los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, quienes en su calidad de alcalde de Bogotá y senador de la República presionaron para resultar beneficiados con estas concesiones.

Del primero dijo que solicitó dinero directamente de las comisiones del contrato de $67 mil millones de las ambulancias. De Iván señaló que también se benefició del mismo contrato; que en alguna ocasión Zambrano le entregó $90 millones en una casa en Teusaquillo y que Iván presionó la entrega de la EPS Distrital a Salud Cóndor, pero que finalmente se le dio a Salud Total.

Del excontralor Miguel Ángel Moralesrussi, Zambrano comentó en la Fiscalía que le dieron $350 millones en dos entregas: una en la casa y otra en su oficina de la Contraloría. El mismo dinero que se le habría entregado al expersonero Francisco Rojas Birry, esta vez fraccionado en cuatro entregas.

Supuestamente estos pagos también se derivaron de coimas por el contrato de las ambulancias. Del condenado exconcejal Hipólito Moreno, el exsecretario confirmó que se le entregaron $600 millones en tres partes por las ambulancias, tal como lo reconoció el mismo Moreno al pedir perdón por el desfalco a las arcas del Distrito.

Sobre Emilio Tapia, según el marco de colaboración, Zambrano refirió que tuvo $2.790 millones para repartirlos, al parecer, entre los hermanos Moreno y varios concejales. Zambrano dijo que Federico Gaviria, quien estructuró ese contrato de las ambulancias, podría corroborar esa versión. En el largo listado también aparece Juan Varela, íntimo amigo de Samuel Moreno. Según Zambrano, se le entregaron $120 millones de las ambulancias por instrucción de los hermanos Moreno.

En el capítulo de los concejales, el exsecretario, detenido en La Picota desde abril pasado, mencionó a Jorge Ernesto Salamanca, Andrés Camacho, Ómar Mejía, Wilson Duarte, Antonio Sanguino, Carlos Vicente de Roux, Germán García, Severo Correa, Darío Fernando Cepeda, Isaac Moreno, Álvaro Argote, José Juan Rodríguez, Orlando Santiesteban, Orlando Parada, Nelly Patricia Mosquera, Venus Albeiro Silva y Edward Arias. De acuerdo con el testigo, varios de ellos se enriquecieron ilícitamente a través de comisiones, cuotas burocráticas en hospitales del Distrito o recursos que pedían para manejar la contratación de la salud en Bogotá.

Por ejemplo, de Jorge Ernesto Salamanca habló de una entrega de $500 millones también por el caso de las ambulancias. De Andrés Camacho —quien hoy negocia un acuerdo con la Fiscalía— sostuvo que quería parte de la comisión de las ambulancias pero no se le pudo dar y a cambio se le prometió la Unidad Primaria de Atención (UPA) de la Zona Franca de Bogotá. Zambrano añadió que también presionó a la entonces gerente del hospital de Fontibón.

De varios cabildantes dijo el testigo que se les entregaron personalmente recursos en sus sedes políticas. De Antonio Sanguino señaló que pedía recursos para el hospital de Usme y que supuestamente manejaba la contratación de vigilancia y aseo de ese lugar. De Germán García, Zambrano señaló que solicitaba plata para el hospital de Bosa; de Severo Correa, que hacía lo propio en el hospital de Pablo VI; a Darío Fernando Cepeda e Isaac Moreno les habría correspondido el control del hospital de San Blas, a José Juan Rodríguez el hospital de Kennedy, a Edward Arias el hospital de Suba, a Orlando Santiesteban el hospital de Chapinero y a Orlando Parada el de El Tunal.

Sobre los tres concejales del Polo Carlos Vicente de Roux, Álvaro Argote yVenus Albeiro Silva, el testigo Zambrano los relacionó en el mismo mecanismo de repartición burocrática de la salud. Acerca de De Roux contó que solicitaba dinero para el hospital de Tunjuelito; de Álvaro Argote, que le correspondió el hospital del Sur y que a través de la firma Eurodent se solicitaba el 10% del valor de las facturas; y de Venus Albeiro Silvamencionó contratos en el hospital Pablo VI, Bosa y la Corporación Chimichagua. De Roux salió a desmentir en su momento a Héctor Zambrano y planteó la tesis de que está desesperado por buscar beneficios procesales y que en ese contexto es un testigo peligroso.

La mayoría de los mencionados por el exsecretario también lo acusan de señalamientos gaseosos o poco reales. Por ejemplo, De Roux fue uno de los denunciantes del carrusel junto con Gustavo Petro, hoy alcalde. En todo caso, en el abanico de acusados también aparece Orlando Parada, de quien dijo Zambrano que tenía relación con el exsubsecretario de Salud Mario Andrés Urán, con el fin de manejar algunos temas de la campaña de Samuel Moreno y otras cosas con la EPS Caprecom. Zambrano relacionó al senador Plinio Olano con la entrega de dineros del hospital El Tunal y la compra de equipos.

Del excontralor Mario Solano, el exsecretario mencionó que hubo presión para la entrega de un contrato que buscaba digitalizar historias clínicas con la Universidad Distrital. Y de Óscar González Arana, también excontralor de Bogotá, aseguró que el entonces alcalde Lucho Garzón le pidió ayudar a González en la relación con todos los gerentes de los hospitales. Un señalamiento, nuevamente, gaseoso. También figuran el senador Roy Barreras, el hoy presidente del Congreso Juan Fernando Cristo, el exsenador Samuel Arrieta y el exrepresentante Germán Olano. Supuestamente todos pidieron plata para sus campañas de hospitales bajo su control. Cristo y Barreras lo desmintieron con vehemencia.

Por último, llama la atención que en su cuadro de colaboración aparezca el nombre de Clara López Obregón, actual presidenta del Polo Democrático y candidata a la Presidencia por esa misma colectividad. Según Zambrano, López hizo una solicitud para que se recibiera a Gilberto Toro y a otro representante de la Federación Colombiana de Municipios con el fin de que Bogotá volviera al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit). Como se recordará, el Distrito protestó en su momento por el hecho de que Fedemunicipios fuera la que manejara este cobro y que además derivara de él una ganancia.