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El exsecretario de seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, pagaría una pena de dos años y nueve meses de prisión tras haber firmado un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de abuso de función pública y abuso de autoridad. El exfuncionario fue investigado porque, al parecer, desde su cargo en la alcaldía, trabajaba en un decreto para beneficiar a la Oficina de Envigado y, también, porque una empresa de su familia fue objeto de una extorsión y él, supuestamente, arregló el asunto por debajo de la mesa con los extorsionistas directamente. Sin embargo, fueron otros dos cargos por los cuales llevaron a Villegas a la cárcel: concierto para delinquir agravado y omisión de denuncia. (Le podría interesar: Estas son las 14 pruebas de la Fiscalía en contra de Gustavo Villegas)
De acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, expuestas en el proceso, gracias a una línea telefónica de Julio Perdomo, un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia que terminó implicado con la Oficina de Envigado, se estableció una comunicación constante con el entonces secretario de seguridad. Estos mensajes, al parecer, iban y venían por medio de un intermediario: Mariano Zea Ospina, un exguerrillero quien resultó condenado a 25 años de prisión por el secuestro de la alemana Brigitte Shoene, hace 20 años. Perdomo, agregó el ente investigador, “dijo de manera clara y específica que ha mantenido reuniones permanentes con el señor Gustavo Villegas”.
Para la Fiscalía, Villegas terminó envuelto con bandas criminales buscando su sometimiento. Además, una de las empresas de su familia, Surtialimentos, fue extorsionada en el barrio Santo Domingo Savio. Villegas habría recurrido a Julio Perdomo, a través de Mariano Zea, con el objetivo de contar al jefe de la organización ilegal para llegar a un acuerdo. Para ese entonces, cuando la Fiscalía destapaba sus pruebas, el exsecretario manifestó ser inocente y no haber cometido irregularidades. La investigación contra del exsecretario Villegas comenzó en julio de 2016 y se enfocó, principalmente, en su trabajo como director del programa de Paz y Reconciliación en 2000. (Lea también: Gustavo Villegas, en líos judiciales por la Oficina de Envigado)
La noticia causó revuelo en Medellín. Desde su nombramiento en el gabinete del alcalde Federico Gutiérrez se ventilaron cuestionamientos contra Villegas, en razón a que había estado vinculado a un proceso judicial en 2008. En ese momento, Villegas fue señalado de haber beneficiado al empresario Juan Felipe Sierra y su empresa Control Total con varios contratos para brindar esquemas de protección a los dirigentes de los desmovilizados de las Autodefensas. Sin embargo, cuando su nombre apareció en el asunto de Control Total, Villegas manifestó que se trató de un correo que se cruzó con Sierra, pero que la Fiscalía archivó el proceso por inexistencia de los hechos denunciados. Villegas se entregó a la justicia en julio de 2016 y el próximo seis de marzo será la lectura de la condena.