El exsenador David Char Navas sigue esperando que en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le definan si el proceso que se le adelanta por presuntos vínculos con grupos para paramilitares pasa esa justicia especial. El caso está en manos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas desde el pasado 11 de abril y, entre tanto, solicitó sentencia anticipada en la Corte Suprema de Justicia y se comprometió con la Jurisdicción Especial de Paz a contar todo lo que sabe sobre la relación entre empresarios y dirigentes políticos con el conflicto armado en Colombia.
La petición de sentencia anticipada, que quedó programada para el próximo jueves, va de la mano con la intención de someterse a la justicia especial y de decir la verdad. Allí, la defensa de Char explicará a la Corte Suprema los avances en la justicia especial y se espera que la Sala haga un pronunciamiento. Por otro lado, el compromiso es parte de los requisitos que estableció dicha Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en el protocolo 001 de 2018, del pasado 13 de abril, que fija las reglas de juego para poder hacer solicitudes de libertad, de renuncia a la persecución penal o de preclusión de casos, tanto por agentes de la Fuerza Pública, como agentes del Estado y terceros civiles. Ese protocolo exige a los interesados en que cesen los procesos en su contra, una “expresión de formas de contribución al esclarecimiento de la verdad a favor de las víctimas y la sociedad, modalidades de reparación, garantías de no repetición a partir de su proyecto de vida”.
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Char Navas, procesado por presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas, propuso a la JEP: Primero, que sea inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos como garantía de no repetición. Segundo, un compromiso de verdad detallada. Tercero, una propuesta concreta de reparación a las víctimas del conflicto, en general, que incluye proyectos productivos. El abogado del exsenador, Mauricio Pava, detalló a El Espectador la propuesta. “Va a explicar todo lo relacionado en materia de los empresarios y los políticos en la guerra en conceptos como los sesgos cognitivos, las dinámicas de grupo, la ignorancia deliberada, los casos de ceguera voluntaria y esperar que la JEP resuelva si atribuye o no responsabilidad derivada de la verdad detallada en relación con esos conceptos”.
¿Char Navas está aceptando su responsabilidad? El abogado Pava señala que el exsenador por ahora no pedirá libertad y que está dispuesto a aceptar lo que esa justicia disponga que puede ser tanto la renuncia a la persecución penal o una pena de prisión. “El reconocería su actuación en el marco de unos hechos de hace 13 años en medio de conflicto. La justicia transicional juzga a todos con la mirada de la historia, para pasar la página en Colombia, por eso verdad y responsabilidad pueden ser cosas diferentes. Por supuesto, si la JEP le atribuye la responsabilidad y de ahí se derivan consecuencias, David las aceptará”, señaló.
Pero, por ahora, su caso está en la Sala de Definiciones Jurídicas. Ya su defensa pidió una audiencia, que está en el protocolo, y en la que podrán participar un representante de la Procuraduría y asociaciones de víctimas. Luego, la Sala deberá definir si su proceso si pasa a la JEP o si se queda en la Suprema. Y esta decisión se podría convertir en la primera sobre un tercero civil relacionado con delitos cometidos en el marco del conflicto. “Char tiene una doble condición, agente del Estado, congresista y tercero civil como empresario porque la Corte dijo que él habría financiado a un actor del conflicto”, señaló el abogado. Para Pava, la JEP no puede cerrarles el paso a los empresarios e impedir conocer cuál fue su rol en la guerra.
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Además, ante la cantidad de casos que llegarán a la JEP, Char Navas solicitó que en su caso se aplique un criterio de preferencia ante su intención de decir toda la verdad, que es una posibilidad que está en el reglamento de la justicia especial. Pero, ¿por qué el exsenador quiere ir a la JEP? La razón principal es la falta de doble instancia en la Corte Suprema de Justicia. De hecho, acudió ante el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición de las Naciones Unidas para que su caso sí pase a la justicia transicional.
Y también solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares y que se inste al estado colombiano para que se acelere la implementación de la doble instancia. Para la defensa de Char Navas, la Corte Suprema de Justicia debe tener en cuenta un salvamento de voto del magistrado José Francisco Acuña que argumenta que la JEP prima sobre la Corte en procesos en los que ya el involucrado ha dicho que quiere someterse a esa justicia especial, cosa que Char hizo desde el 7 de febrero.
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El caso de Char ya motivó la primera tutela que se falla en la Sección de Revisión del Tribunal de Paz sobre un excongresista debido a la demora que hubo internamente para resolverle su petición. Un mes después, el 7 de marzo, insistió ante la JEP y el 6 de abril presentó una tutela. En el trámite, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, señaló que solo la recibió por parte de la Secretaría Ejecutiva el 14 de marzo. En su defensa, el saliente secretario, Néstor Raúl Correa dijo que en ese momento no había un procedimiento a seguir para casos como el de Char y que entre el 2 de enero y el 2 de marzo, recibió 1920 derechos de petición, 220 tutelas, 144 solicitudes institucionales y 85 habeas corpus, lo que superaba la capacidad de respuesta. En el fallo, la Sección le jaló las orejas a Correa por generar “una demora injustificada” pero señaló que ya no se le están violando derechos a Char Navas porque el caso está actualmente en estudio.
Char Navas es investigado por delitos de concierto para delinquir agravado, y tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas por presuntos nexos con Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio. La investigación apunta a que él habría hecho un acuerdo ilegal, que implicó -incluso- la entrega de armas a los paramilitares, a cambio de apoyo en la campaña al Congreso de 2002.