"El joropo es la altanería del llanero": Cholo Valderrama

hace 0 sec

“Es extraña y realmente censurable”

La orden de un juez de Barranquilla, de dejar libre al exgobernador de La Guajira Francisco Gómez Cerchar, sacudió a la Fiscalía que acusa a éste de ser uno de los autores de varios asesinatos en su departamento.

El abogado Carlos Toro López, apoderado de una de las víctimas de “Kiko” Gómez. Luis Ángel - El Espectador

¿A cuántas víctimas representa usted en los procesos que enfrenta el exgobernador de La Guajira Francisco Gómez Cerchar por asesinatos ocurridos en esa región?

Soy el apoderado de Diana López, hija del concejal del municipio de Barrancas, La Guajira, Luis López Peralta, quien fue asesinado en esa población. La apodero en el proceso que se adelanta contra Juan Francisco Gómez Cerchar por concierto para delinquir y por, presuntamente, determinar los homicidios del señor López Peralta y de Luis Alejandro Rodríguez y de Rosa Mercedes Cabrera (campesinos asesinados en 2008).

¿En cuáles circunstancias ocurrió el asesinato del concejal?

Luis López Peralta fue asesinado el 22 de febrero de 1997 mientras estaba en un hotel de su propiedad. Cuando los sicarios lo mataron, se encontraban con él unas de sus hijas menores de edad. Testigos de la época —incluyendo a unos parientes de la víctima— aseguran que el entonces alcalde de Barrancas, Francisco Gómez Cerchar y, más exactamente, los hombres de Marcos Figueroa fueron los autores del homicidio. Hoy, los familiares del concejal han manifestado que no quieren intervenir de ninguna manera en el proceso y que no van a declarar.

¿Por qué?

Se sienten atemorizados.

Y, ¿su cliente, una de las hijas de la víctima?

Ella sí ha estado dispuesta a ser parte del proceso.

¿Qué la mueve a propiciar que se castigue a los culpables?

Mi cliente ha decidido participar venciendo sus explicables temores porque ante todo desea conocer la verdad. Aspira a saber quiénes fueron los responsables de la muerte de su padre. Llegamos con la mente abierta a conocer y a aceptar lo que se determine en el proceso.

¿Por qué el concejal asesinado estaba denunciando a Gómez Cerchar?

El concejal estaba investigando unos casos de contratación pública de la alcaldía de Francisco Gómez. El señor López Peralta había hecho unas denuncias sobre posibles actos de corrupción en esa administración. Cuando se produjo un incendio en unas oficinas de la Alcaldía, unas personas dijeron que había sido originado intencionalmente con el propósito de ocultar pruebas. En ese contexto fue asesinado Luis López.

¿Por qué la Fiscalía acusa a “Kiko” Gómez?

Por su presunta participación en estos asesinatos; por apoyar el bloque Norte de las autodefensas comandado por alias Jorge 40 y por Salvatore Mancuso, y por sus posibles alianzas con la organización de Figueroa.

A éste también se le procesa por múltiples asesinatos, contrabando de gasolina, conformación de bandas criminales y narcotráfico a gran escala. ¿Cuáles son los indicios que implican al exgobernador Gómez con alias “Marquitos” Figueroa y sus delitos?

No solamente hay indicios: existen numerosos documentos y testimonios acopiados por la Fiscalía, entre estos el de la exalcaldesa de la misma población Yandra Brito, quien fue asesinada el 28 de agosto de 2012 después de haber señalado al señor Gómez Cerchar de ser el presunto autor del asesinato de su esposo Henry Ustariz Guerra, quien, a su vez, había muerto violentamente el 11 de abril de 2008. En el proceso también se encuentra el testimonio del profesor José María Benjumea Amaya, quien fue ultimado el 26 agosto del año 2000 en Maicao, menos de dos meses después de declarar en el proceso por el asesinato de las otras dos víctimas que represento. Y están los testimonios de varios exmiembros de las autodefensas y de personas con vínculos con éstas, que señalan supuestos nexos del señor Gómez con ellas.

En definitiva, ¿cuántas declaraciones de testigos hay contra el exgobernador?

Unos 20 testimonios lo vinculan con bandas criminales. Pero además existen documentos y otros indicios graves sobre su posible responsabilidad penal en la comisión de los delitos que le imputó la Fiscalía.

¿Por qué cree que confluyen, en contra del exgobernador de La Guajira, los testimonios de personas de tan diferentes condiciones: unas, familiares de quienes fueron asesinados después de declarar contra él, y otras, miembros de los grupos de asesinos?

La Ley de Justicia y Paz posibilitó que exintegrantes de las autodefensas confesaran su participación en crímenes. Ellos incriminaron a Gómez Cerchar como partícipe de sus actividades. Los medios han entendido que las pruebas de este juicio son las que se ventilan en audiencia pública, pero esa apreciación es incorrecta porque el sistema bajo el cual se está juzgando al exgobernador (Ley 600) implica que los testimonios y documentos que recogió la Fiscalía en la etapa de investigación conserven validez. Por eso hay un número realmente importante de pruebas.

Sorprendentemente, “Kiko” Gómez fue figura pública en La Guajira durante años y pudo ser elegido alcalde y gobernador a pesar de que se conocían sus actividades. ¿Por qué cree que ninguna autoridad lo investigó y sancionó?

La Fiscalía, en su reciente escrito de acusación, precisa que el límite temporal del concierto para delinquir que se le atribuye al exgobernador por sus alianzas con Marcos Figueroa está comprendido entre enero de 1995, momento en el que el procesado comenzó a ejercer su primera alcaldía en Barranca, y el 5 de marzo de 2014, cuando se declaró cerrada la investigación en este proceso. La Fiscalía también establece un ámbito temporal de las relaciones de Gómez Cerchar con las autodefensas de alias Jorge 40, a través del que después se conoció como frente de contrainsurgencia wayuu, entre mayo de 1997 y 2006, fecha en que se desmovilizó ese grupo.

Quiere decir que el exgobernador tuvo predominio político y social pese los hechos visibles y conocidos. ¿La Guajira estuvo y está bajo el dominio criminal?

La Fiscalía contextualiza la historia de ese departamento y dice que las actividades delincuenciales han existido allí por décadas: se remonta a la época de la famosa bonanza marimbera; destaca las incursiones del Eln y las Farc pasando por las actividades de la delincuencia común. Y habla del dominio de las autodefensas y de grupos como los de Marcos Figueroa. Los investigadores hicieron un estudio sociológico y jurídico muy amplio.

No deja de asombrar que en pleno siglo XXI aún haya personajes de la mafia con tanto poder e “inmunidad”. ¿Es por esto que la familia del asesinado concejal López no quiere que se investigue ese crimen?

No se trata de que los familiares no quieran que se investigue el crimen. Es más exacto decir que no desean ser parte en el proceso, porque no consideran prudente hacerlo. Y no quieren declarar porque tienen temor. Además, eso no sólo lo han dicho los familiares del señor López Peralta, sino otras personas que también fueron mencionadas en este proceso. Entre estas una señora que es matrona en La Guajira. Se llama Francisca Sierra y todos la llaman “mamá Franca”. Ella manifestó que muchos se abstienen de declarar, justamente, porque tienen miedo.

¿Miedo en cuanto a que puedan suceder más crímenes?

Como le dije, hay antecedentes de que quienes declararon en estos casos fueron asesinados, como el profesor Benjumea. Y también como la exalcaldesa Yandra Cecilia Brito, que murió en otro atentado después de denunciar abiertamente que el asesinato de su esposo era responsabilidad del exgobernador. En cuanto a otros testigos que viven y habían declarado con anterioridad, han vuelto a la Fiscalía para moderar sus versiones anteriores. Pero como personero de la acusación de la parte civil no puedo dejar de reconocer que la resolución del fiscal delegado es una pieza jurídica de una solidez extraordinaria. Difícilmente encuentra uno un escrito de acusación con una fundamentación probatoria tan sólida como esta.

Entonces, la pregunta es: ¿cómo un juez decretó esta semana su libertad?

En contra del señor Gómez Cerchar se adelanta, en el presente, este proceso y otro por los asesinatos de la exalcaldesa Brito y de su esposo Henry Ustariz. Tanto en este caso como en el del concejal López y las otras dos víctimas, existen medidas de aseguramiento. No conozco la providencia que dictó el juez de Barranquilla, pero no veo cómo él podría adelantar una acción de hábeas corpus (derecho a no estar preso ilegalmente) respecto de una persona que está detenida en Bogotá y cuyos procesos no se ventilan en su jurisdicción sino en la de aquí.

¿Ese juez no tenía competencia para decidir la libertad de Gómez Cerchar?

No. Al rompe se observa falta de competencia territorial por parte del juez, sin entrar a calificar la demanda ni la providencia porque no las conozco.

¿Es imposible que un juez ignore en cuál parte del territorio nacional puede actuar y en cuál no?

Existen unos acuerdos que reglamentan el reparto y la competencia territorial de los jueces en los casos de hábeas corpus. Se ha establecido, como norma jurídica obligatoria para todos los operadores legales, que el juez competente es el del sitio en donde la persona se encuentra privada de la libertad. De otra parte, el juez tiene 36 horas, a partir del momento en que le presenten la demanda, para decidir si concede la libertad del detenido, pero, para hacerlo, debe enterarse del proceso. En este caso, el expediente tiene más de 17 cuadernos, cada uno con 300 folios (hojas). Yo demoré dos meses en estudiarlo para poder asumir la defensa. Es muy difícil que alguien pueda hacer lo mismo en cuestión de horas, en particular si el juez está en Barranquilla y el proceso en Bogotá.

Con todo, el juez de Barranquilla dio la orden de dejar en libertad al exgobernador. ¿Cómo explica que eso haya ocurrido?

Veo una probable prevaricación del juez, por ausencia de competencia.

O sea, ¿el juez cometió un delito al propiciar la libertad de Gómez Cerchar?

Es posible, pero no lo puedo asegurar.

¿Por qué cree que un juez está dispuesto a cometer un prevaricato tan evidente y tan fácil de detectar?

No quisiera avanzar en una hipótesis al respecto.

Pero sí puede decir que es muy raro que eso haya pasado.

Sí. La orden es extraña y realmente censurable, porque se deslegitima la acción de la justicia y se atenta contra su dignidad y majestad.

Pues todo indica que en el caso de Gómez Cerchar, su inmenso poder hará imposible que haya justicia.

Hay constancias en este expediente, según las cuales los procesos que involucraban su nombre y el de Marcos Figueroa no tuvieron ningún curso cuando se iniciaron las investigaciones por estos asesinatos. Incluso algunas investigaciones fueron archivadas, pese a señalamientos claros y precisos sobre ciertas responsabilidades. Los fiscales que las conocieron hoy están siendo investigados penalmente por la propia Fiscalía por no haber actuado. Deja un sinsabor que los dos casos que ya están en etapa de juzgamiento y en los que el procesado ha tenido todas las garantías y ha sido asistido por defensores de la mayor calificación, ahora argumente que hubo violación a sus derechos. Hasta el momento no se había escuchado un alegato de privación ilegal de la libertad. Entonces, es extraño que se haga ahora.

¿El Estado ha sido vencido por el crimen de La Guajira?

Pese a que se puede acusar al Estado de haber sido molondro y falto de diligencia, y de haber permitido que se extendiera una situación de impunidad tantos años, al menos en estos casos específicos está haciendo un esfuerzo importante para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron esos hechos delictivos y poder deducir jurídicamente su responsabilidad. Además, de estas investigaciones se han desprendido otras sobre los demás asesinatos y sobre el contexto delictivo de La Guajira en todos estos años. Afortunadamente, con las posibilidades que otorga la Ley de Justicia y Paz, personas desmovilizadas y unas que aún no se han desmovilizado y que participaron en esos hechos, podrían dar nuevas luces sobre lo que aconteció.

****

Un hombre de poder

El exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar es un personaje poderosísimo en su departamento y en el vecino Cesar, en donde tiene familiares también de manejo y control político, y amigos en todos los estamentos gubernamentales. Desde hace 20 años su nombre empezó a sonar en los círculos sociales más influyentes y, casi simultáneamente, se le empezó a relacionar con otros círculos, los del submundo delictivo. Muchos rumores y varias denuncias que se formalizaron ante la justicia en estas dos décadas, sin embargo, cayeron en saco roto. Nunca, hasta ahora, había prosperado un caso en su contra. La población de Barrancas, de donde es oriundo y de la cual ha sido su alcalde en dos ocasiones, se rebeló cuando agentes del CTI de la Fiscalía de Bogotá fueron a capturarlo en plenas fiestas patronales. Los funcionarios, sorprendidos, tuvieron que refugiarse en la propia casa del investigado durante varias horas mientras en el búnker de la capital los directivos del ente investigador contactaban al director nacional de la Policía para coordinar la salida de ese municipio, de sus hombres y del detenido, en condiciones de seguridad. Entonces se supo que incluso el cuerpo policial de Barrancas estaba del lado del gobernador. Era apenas una muestra del dominio que Gómez Cerchar tenía y aún tiene en la zona.

Gómez, un dolor de cabeza

Desde cuando fue capturado, Kiko Gómez ha sido un dolor de cabeza para las autoridades investigadoras, para los jueces y para el Gobierno. Esta semana un juez de Barranquilla casi logra ponerlo en libertad cuando ordenó suspender su detención, presuntamente porque su captura había sido ilegal. Lo extraño del caso es: 1. Que uno de los procesos por su supuesta vinculación en tres asesinatos se encuentra en etapa de juicio, lo que significa que han pasado meses desde el inicio del caso, cuando debería haberse alegado la supuesta ilegalidad de su reclusión. 2. Que Gómez Cerchar está en la cárcel de La Picota, en Bogotá, y por lo tanto sólo jueces que estén asignados a la capital podían estudiar su petición de libertad y no uno de otra ciudad. La orden del togado de Barranquilla se conjuró a tiempo porque Kiko Gómez tiene vigente otra orden de detención en un segundo caso, por otros dos asesinatos. Sin embargo, cuando la Fiscalía General creía que había superado la crisis, un fiscal decidió motu proprio y sin informarles nada a sus superiores, que lo dejaría libre. Cuando esta otra orden iba en camino hacia La Picota, la sede central se enteró y a última hora pudo comunicarse con el director del Inpec para impedir que se cumpliera ese propósito. El poder, el entorno y los procedimientos de Kiko Gómez recuerdan épocas de los carteles que se creían superadas.