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Viajes a San Andrés, tablets, televisores y dinero en efectivo. Estos eran algunos ítems de un catálogo de productos que, según la Fiscalía, circularon en varias regiones del país para conseguir votos en las últimas elecciones legislativas. Hoy se conocieron los detalles de las pesquisas del ente investigador, que tuvo en cuenta más de dos mil horas de videos y audios y contó con el apoyo de más de 50 investigadores. El resultado de la investigación es que la Corte Suprema de Justicia ya tiene en sus manos la petición de la Fiscalía para investigar a tres congresistas que estarían involucrados en un entramado de corrupción electoral sin precedentes en el país: Fabián Castillo, Aida Merlano y Margarita Restrepo.
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De acuerdo con el fiscal, Néstor Humberto Martínez Neira, se trata de una empresa criminal al servicio de varias campañas políticas que contó con el apoyo logístico de por lo menos dos mil intermediarios y varios concejales y un diputado del Atlántico. “La organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos. Tales electores recibían dinero a cambio de su voto, como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas”, explicó el Martínez Neira durante la rueda de prensa que se llevó a cabo en la mañana de este 21 de junio.
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Los congresistas involucrados fueron elegidos, precisamente, en las elecciones del pasado 31 de marzo. Desde ese entonces, se supo de los presuntos vínculos que tenía Merlano con la red criminal y, por eso, la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura a comienzos de abril pasado. De acuerdo con la investigación en contra de la senadora electa del Partido Conservador, la congresista habría comprado votos para su candidatura y habría gastado más de $6.000 millones en ello. Si bien este proceso ya está andando en la Corte, la Fiscalía decidió compulsar copias en su contra por un delito más: violación en los topes de gastos en su campaña electoral.
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En cuanto al expediente de Fabián Castillo, la Fiscalía señaló que varios líderes políticos estuvieron detrás de la compra de votos a su favor. Asimismo, Sergio Lora Ávila fue capturado cuando portaba casi $7 millones en efectivo, un listado de personas que debían votar por Castillo, y propaganda política alusiva al candidato. Además, el ente investigador tiene pruebas de que el hoy representante, pero elegido senador en las elecciones en cuestión visitó a Lora Ávila en la estación de Policía en donde fue retenido. Castillo nació en Ciénaga (Magdalena), estudió medicina en la Universidad Metropolitana de la Ciudad de Barranquilla y es especialista en ortopedia y traumatología.
El electo senador es miembro de Cambio Radical y comenzó su carrera política por la influencia de su familia. Su padre, Armando Castillo, fue concejal y diputado de Ciénaga. Llegó al Congreso en 2010, como representante a la Cámara y en las últimas elecciones, obtuvo 78.845 votos, con los que consiguió un puesto en el Senado. Según las cuentas de la Registraduría, solo en el departamento del Magdalena, Castillo obtuvo 68.735 votos, quedando de primeras en la lista de su partido en la zona. Dentro de este expediente, la Fiscalía también investiga al alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez, a quien le imputarán los delitos de tráfico de influencia de servidor público por, supuestamente, haber intentado favorecer a Lora Ávila cuando fue capturado.
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Por otra parte, la historia de Margarita Restrepo se centra en Medellín (Antioquia). “La Fiscalía investiga los hechos según los cuales la campaña de Margarita Restrepo, candidata a la Cámara de Representantes, reelegida al Congreso, ofreció a sus votantes, de manera subsidiada, viajes a San Andrés Islas por un valor de $120.000, tabletas a $30.000 y televisores de 49 pulgadas a $350.000, siempre y cuando se comprometieran a marcar el número 102 en el tarjetón de su partido a la Cámara de Representantes por Antioquia”, señaló la Fiscalía, que además asegura que, para comprar los votos, recaudó $136 millones y compró votos, el día de los comicios, por $80.000.
De las pruebas que tiene en su poder el ente investigador, están los registros de viajes a San Andrés de por lo menos 55 votantes y que tres recibieron televisores. Aunque la oferta a cambio de votar por Restrepo sonaba jugosa, varios de los electores no recibieron lo prometido y por eso decidieron denuncias los hechos en la Fiscalía. La representante es miembro del Centro Democrático, es comunicadora social y llegó al Congreso en 2014, con la mayor votación de Antioquia a la Cámara. En las pasadas elecciones obtuvo 20.347 votos y quedó en el puesto número siete en la lista de representantes del partido.
Con la petición de la Fiscalía, ahora la Corte Suprema pasará a revisar caso por caso y definir si abre una investigación formal o no en contra de Restrepo y Castillo, y si le suma un delito más a Merlano.
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