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Luego de que se conociera hace un par de semanas que dos grupos de personas vinculadas a los programas de sanidad de las Fuerzas Militares estarían traficando conceptos médicos que les permitieron a más de 200 miembros de la institución acceder a indemnizaciones y pensiones de invalidez que no correspondían con lo que estaba dentro de sus derechos, el proceso parece tambalearse por varios errores, esta vez, al parecer, por cuenta de la Fiscalía.
Primero se supo que 13 de las 34 capturas efectuadas no pudieron ser legalizadas por errores de procedimiento, pues a varios de los involucrados no les informaron que los trasladarían a Bogotá para su judicialización y también porque las pruebas recolectadas en los allanamientos no fueron entregadas en el lapso de 12 horas posteriores a su realización. A esto se suma otro tropiezo conocido ayer. Un juez de control de garantías se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra 17 de los implicados por considerar que la Fiscalía no había entregado suficientes elementos probatorios contra ellos y por tanto no había forma alguna de sustentar la necesidad de enviarlos a prisión o dictarles detención domiciliaria.
En el tire y afloje de este escándalo, siete de los capturados que fueron dejados en libertad por errores en el procedimiento fueron recapturados el 1º de mayo. Sin embargo, si se hace un resumen de lo que ha pasado se sabe que sólo cuatro de los involucrados están en centros penitenciarios y uno tiene medida de detención domiciliaria, mientras otros nueve continúan en las audiencias de imputación de cargos en el Palacio de Justicia de Medellín, pero aún no se sabe si serían cobijados con medida privativa de la libertad. Como ya se dijo, los demás han sido puestos en libertad por distintas razones. Esto no quiere decir que no sigan vinculados a la investigación. La Fiscalía debe presentar en los próximos 120 días el texto de acusación en su contra y ellos tendrán que seguir presentándose y responder por lo que se les acusa.
Los delitos por los que están siendo procesados son concierto para delinquir, cohecho propio, fraude procesal y algunos también por falsedad de documento público. La situación fue conocida luego de que una investigación de casi dos años determinara que miembros de las Fuerzas Militares y algunos civiles vendían conceptos médicos para indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral y pensiones de invalidez. Las primeras otorgaban entre $60 y $100 millones, por lo que la red pedía un pago de $22 millones por sus servicios. Para las pensiones de invalidez pedían el 44% de lo que les otorgaran según el rango del uniformado. Se habla de que el detrimento al sistema de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa alcanzaría los $24.000 millones.
Entre los involucrados se encuentran 12 uniformados en servicio activo y 17 retirados. Las autoridades han dicho que al parecer los líderes de una de las redes serían los sargentos retirados Julio César Zapata y César Alberto Posada. Entre los dejados en libertad se encuentran las coroneles Rosmery Garzón e Íngrid Cristina Guzmán, que ejercen como psiquiatras en el programa de sanidad del Ministerio de Defensa.
En Medellín, donde aún se adelantan audiencias de imputación, los abogados defensores han dicho que esperan que los uniformados en servicio activo puedan ser recluidos en guarniciones militares o en patios especiales, como el de La Picota en Bogotá exclusivo para funcionarios, mientras se llevan a cabo la investigación y el juicio.