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Para el Consejo de Estado la Procuraduría General basó su fallo en contra de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz “en conjeturas e indicios”. En el fallo que tumbó la sanción disciplinaria consistente en destitución e inhabilidad por 14 años para ocupar cargos públicos tuvo como fundamento dos testimonios sueltos que nunca pudieron verificarse.
El alto tribunal consideró que nunca se determinó que la entonces congresista financiara con 25 millones de pesos la campaña del candidato a la Cámara de Representantes Ricardo Antonio Montenegro para las elecciones del año 2010 sin contar con el aval del partido Liberal. Esta falla fue considerada por la Procuraduría como gravísima a título de dolo.
En el estudio de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho la Sección Segunda del Consejo de Estado encontró que el Ministerio Público basó su fallo en un papel encontrado en la libreta del candidato en el que aparecía el nombre de Piedad Córdoba. Para el órgano de control disciplinario esto demostraba el apoyo que recibió Montenegro.
La Procuraduría también le dio validez a la declaración de la contadora del Partido Liberal quien aseguró que Córdoba Ruiz no había recibido aval alguno para apoyar la candidatura política. “Sin ningún documento afirmó de manera suelta que la senadora había donado esos $25 millones”.
“A nivel del análisis de la prueba se encuentra que ello no fue así. Se tuvieron otros documentos que permitieron establecer que no había una prueba cierta, habían indicios que de pronto se había dado una plata en favor de esta persona”, precisó la magistrada Ibarra quien fue la ponente de la decisión.
En este punto aseguró que la Procuraduría General cumplió con sus funciones a la hora de abrir la investigación puesto que consideraba que se había presentado una irregularidad, sin embargo en el desarrollo de la misma incurrió en “conjeturas” que finalizaron con la sanción disciplinaria.
“Para sancionar tanto en materia disciplinaria y en materia penal el indicio no es plena prueba, no es un medo que sea idóneo para ello porque juega con la vida de las personas, con sus derechos y demás”, precisó. Para el Consejo de Estado existió una mala interpretación de los documentos y pruebas recolectadas en la investigación por parte de la Procuraduría General.
La magistrada Sandra Lizeth Ibarra manifestó en rueda de prensa que tras la publicación de la sentencia la exsenadora Piedad Córdoba recobrará sus derechos políticos. La exparlamentaria en este caso no presentó una solicitud de reparación económica puesto que lo único que buscaba era el control de legalidad directo.
“Injustamente inhabilitada”
En su cuenta de Twitter, la senadora publicó una serie de mensajes después de conocer la decisión del Consejo de Estado. Para Piedad Córdoba el fallo emitido este martes le renovó su fe en la justicia colombiana, truncada con las decisiones de la Procuraduría General en 2010 y 2012.
“Felicito al Consejo de Estado con sus recientes fallos empieza a reconstruir daños que otros le hicieron a la democracia y a la justicia”, trinó Córdoba Ruiz quien calificó las sanciones disciplinarias emitidas en su contra como injustas.
Para la excongresista la Procuraduría la buscó inhabilitar de por vida de la política, acción que fue un aliciente para seguir. “Me enseñaron a trabajar por la paz, eso ha sido la más enriquecedora”.
Comunicado del Consejo de Estado
El Consejo de Estado declaró la nulidad de la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación a la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz, decisión que la había destituido e inhabilitado por 14 años para ejercer cargos públicos.
Según el Ministerio Público, la excongresista incurrió en falta gravísima a título de dolo porque supuestamente había contribuido económicamente a la campaña del entonces candidato a la Cámara de Representantes, Ricardo Antonio Montenegro Velásquez, en el 2010.
La Sección Segunda, con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, estudió el caso y encontró que dentro del proceso no existían pruebas que demostraran una violación a la ley disciplinaria.
La Sala concluyó que la investigación de la Procuraduría General de la Nación se basó en conjeturas e indicios que no fueron demostrados y que no constituyen medios de prueba a la luz del Código Disciplinario.