Informe revela la sistematicidad de los “falsos positivos” en el Eje Cafetero

En octubre de 2019, la primera versión de este mural fue borrada por integrantes del Ejército, quienes dejaron esa pared pintada de blanco.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El proceso de acompañamiento judicial que emprendieron representantes de víctimas en el marco de tres casos de connotación de “falsos positivos” en el Eje Cafetero permitió a la organización de defensores de derechos humanos DH Colombia identificar patrones en la ejecución de los crímenes. Esas características comunes para casos ocurridos entre el 2006 y 2008, permiten afirmar que se trató de una práctica sistemática que, en una mirada global a ese fenómeno, se extiende a varias regiones y unidades militares en el país. Los hallazgos de este análisis quedaron condensados en un informe que será presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El informe “Una práctica sistemática ejecuciones extrajudiciales en el Eje Cafetero (2006-2008)” elaborado por la Asociación Red de Defensores de Derechos Humanos, DH Colombia, tiene como base tres casos. El primero ocurrió el día 6 de febrero de 2008 cuando los jóvenes Darbey Mosquera Castillo, Álex Hernando Ramírez y José Didier Marín Camacho, residentes de Pradera (Valle del Cauca), fueron llevados con engaños a Pereira. Al día siguiente un integrante del Batallón de Contraguerrilla No. 57 “Mártires de Puerres” y un integrante de la Oficina de Envigado llevaron a los chicos a la vereda La Java a las afueras de Manizales, los entregaron a soldados de la compañía “Atracador” y fueron ejecutados.

Los dos primeros fueron presentados falsamente como integrantes de una banda de extorsionistas, mientras que el tercero escapó al tirarse por un barranco y logró avisar de lo sucedido. Paradójicamente, Eulicer Quintana, un soldado de ese mismo batallón que era primo de Darbey y fue sacado de la unidad militar el día anterior al crimen, por lo que intentó denunciar el hecho. Pero uno de sus compañeros le avisó que habían dado supuestamente la orden de matarlo y desertó. El segundo caso tiene características similares. El 4 de marzo de 2008, Walter Ray Caldas Cano, Jorge Antonio Benavides Enríquez, Joiver Fernando Henao, Alexander Motta, Juan Carlos Perafan Guevara y Alix Amparo Insuasty Serna fueron engañados por dos civiles que trabajarían con la Brigada VIII, para trasladarse de Popayán a Pereira.

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Al día siguiente llegaron a Manizales y compartieron en un establecimiento público. En la noche fueron llevados a la finca La Primavera en la vereda El Chuzo y fueron ejecutados. Entre los responsables en este caso está Juan Carlos Arenas, alias El Paisa, quien actuó como reclutador igualmente para el caso de La Java. Y el tercer caso, del 16 de enero de 2008 Luis Guillermo González Eljaik, Ronald Mauricio Gonzales y Ricardino Escobar Restrepo fueron traslados desde Buga a Pereira y ejecutados esta misma noche en la vereda Lembo del municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). Las víctimas fueron señaladas falsamente de integrar una bacrim. “Como parte de un acuerdo de distribución de los cuerpos, que fuera confesado por un oficial vinculado al caso La Java, los dos primeros fueron reportados como bajas por el Batallón y el tercero reportado por el Gaula Risaralda”, dice el informe.

Los apoderados de las víctimas tuvieron acceso a toda la documentación del caso y pudieron encontrar así comportamientos similares: que las víctimas “eran contactadas por personal militar o particulares que trabajaban para los primeros; que eran conducidas a lugares retirados, de sus lugares de residencia; que dichos traslados se producían bajo engaño, motivados en ofrecimientos laborales; que posterior a ello, eran llevados a parajes solitarios; que una vez allí, eran ejecutados extrajudicialmente y la escena del crimen se organizaba, con el propósito de dar apariencia de la existencia de un combate y con ello de la legalidad de la operación”, dice el informe.

El documento conocido por El Espectador recoge, además, las investigaciones de la sociedad civil que da cuenta de las características de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales: exclusión, vulnerabilidad, precarias condiciones económicas, pequeños delincuentes, personas consumidoras de estupefacientes, personas en situación de discapacidad, campesinos e indígenas. Todos en su mayoría hombres y adultos jóvenes. Por ejemplo, “las familias del caso La Java eran residentes del municipio de Pradera Valle, localidad afectada por el desempleo y la falta de opciones productivas derivado del conflicto laboral entre agroindustriales del azúcar y los corteros de caña, pertenecientes a un entorno socio económico humilde”.

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Por ejemplo, la madre de una de las víctimas de ese caso es Alfamir Castillo, quien desde 2007 es lideresa social de las corteras de caña, quien fue víctima de un ataque armado por desconocidos que dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba el 11 de enero de 2019 en la vía a Pradera, Valle. De otro lado, las víctimas son todas afro, padres muy jóvenes y con empleos informales. “Toda una instantánea de los millares de víctimas de ejecuciones de la época”, dice el documento. Darbey Mosquera tenía 24 años, una niña de 6 cuando fue asesinado y solo estudió hasta segundo grado de secundaria. Alex Ramírez Hurtado tenía 31 años, era padre de un niño de 9 años, no se graduó del colegió y trabajaba desde los 17 años.

“La víctima sobreviviente José Didier Marín se dedicaba a empleos temporales, especialmente a la peluquería. Fue perseguido durante casi 8 años por estos hechos y procura reconstruir su vida y la de su familia. A estos jóvenes se suman otros familiares que han sido amenazados por su condición de testigos o por su incansable lucha por la justicia”, dice el documento. Alfamir Castillo, quien ha tenido que desplazarse tres veces, tiene medidas cautelares de la CIDH y de la JEP. En los casos de El Chuzo, las víctimas también provenían de un hogar humilde. Alexander Motta tenía dos hijos y era mecánico.

El documento también tiene en cuenta inspecciones a 66 investigaciones que adelantaban la justicia ordinaria y la penal militar por homicidio, los reportes de necropsia y de inspección a los hechos, entre otros, que permitió hacer un mapeo sobre las edades de las víctimas, ocupación y la forma como sucedieron los supuestos crímenes. En el caso La Java no solo siete militares fueron a juicio, sino que fue posible vincular al comandante de Brigada, general Emiro José Barrios y al Segundo Comandante Jorge Enrique Navarrete Jadeth; y al comandante de la División, general Justo Eliseo Peña. Y en 2014 se tomó el testimonio del coronel Robinson González del Rio, quien dirigió el Batallón de Contraguerrilla 57 entre 2006 y 2007 y quien está procesado por numerosos casos de falsos positivos.

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"Sus declaraciones fueron determinantes a lo que sería la hipótesis sobre la cual se sustentaría la indagación contra el (mayor general) Mario Montoya Uribe. Luego de la remoción de oficiales vinculados a casos de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes en Norte de Santander provenientes de Soacha y Bogotá, en julio de 2009, fue trasladada a la Fiscalía delegada ante la Corte la declaración del oficial retirado Santiago Herrera, donde afirmaba sucintamente que “el General Mario Montoya media los resultados militares por muertes registradas en combate”. La investigación penal siguió a paso lento, dejando todo listo para acusación el año pasado.

Con toda la documentación, los defensores de derechos humanos encontraron varios elementos claves alrededor de estos casos. Por un lado, que las investigaciones terminaban en la Justicia Penal Militar a pesar de tratarse de graves violaciones de derechos humanos, demorando el envío de los expedientes a la justicia ordinaria en parte, además, por la ineficacia de esta. Como ejemplo se cita que el 11 de marzo de 2018 la Fiscalía remitió a la justicia militar el caso de José Didier Marín, sobreviviente en La Java, “sin haber hecho un análisis o valoración de pruebas”. O que, en el juicio contra el comandante del Batallón, la Judicatura decidió que el caso tenía relación con el servicio en 2013 y lo dejó en la justicia militar.

La investigación, por su parte, tuvo varias fases. Por un lado, fue necesario encontrar el primer cerco de involucrados. Así, en el caso La Java se encontró que un oficial solicitó una felicitación semanal por el falso operativo que los jóvenes fueron engañados con una promesa de trabajo, se documentó la alteración a la escena del crimen y se identificó a los militares que participaron en el caso que fueron enjuiciados y condenados en 2012Con las inspecciones a los 66 expedientes mencionados, las autoridades tuvieron registro de 92 víctimas y vincular a altos mandos y realizar inspecciones a nueve unidades militares. El caso ahora está en la JEP y los casos contra los generales Barrios y Navarrete Jadeth no han avanzado.

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En el caso El Chuzo, varios militares han declarado contra altos mandos, como el coronel en retiro Robinson González del Rio o el general Barrios -según expone el documento-, y han confirmado la participación de “reclutadores”. En 2018, uno de ellos fue condenado. Y el resto está en la JEP. En esa justicia, los expedientes de falsos positivos en el Eje Cafetero y que involucran a la Tercera División y al Batallón de Contraguerrilla 57 no han sido priorizados. “Esto significa que los miembros del Ejército han obtenido de forma plena los beneficios otorgados por esta jurisdicción, sin que hasta el momento se vincule a las víctimas, se avance frente a planes de reparación o sean llamados a versiones voluntarias”.

“(…) incluido el caso del mayor Linares quien, sometido a la JEP, solicitó permiso de salida del país, a fin de cumplir los requisitos de la especialización en Gerencia del Talento Humano en el curso de ascenso a Teniente Coronel. Es inquietante que siendo coautor de los hechos de La Java y El Chuzo este oficial, aún se contemple su ascenso dentro de la estructura militar, desconociendo el derecho de las víctimas y la sociedad a la no repetición. Las víctimas y su representación judicial, ejercida por dhColombia, han intentado establecer la situación militar actual de los condenados que se encuentran en libertad, sin que hasta el momento se hayan obtenido respuestas por parte de la JEP o del Ministerio de Defensa”, denuncia el informe.

El documento además señala cómo las pesquisas de la justicia demuestran la existencia de un aparato criminal, con distribución de funciones, que escogió víctimas y ejecutó muertes de manera planificada y de manera similar. Esto incluyó -dice el informe- pago de recompensas, entrega de beneficios y participación de altos mandos para ello y para alterar las órdenes de soporte. “Este elemento podía ayudar a demostrar, la plena participación de los mandos en la cadena de planeación, ejecución y encubrimiento”. Como un tercer elemento estructural, el análisis de los apoderados de víctimas habla del general Mario Montoya y su posible participación como determinador de falsos positivos entre 2006 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe.

“Aunque el proceso en justicia ordinaria era seguido (contra Montoya) por el universo de más de 2.500 ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía logró identificar a más de 100 víctimas cuyas sentencias condenatorias a nivel nacional contra miembros militares eran inequívocas en demostrar que las ejecuciones correspondían a un patrón de sistematicidad”, dice el documento. Montoya, quien siempre ha negado cualquier participación en este caso, se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz y su proceso en la justicia ordinaria nunca llegó a imputación. Las víctimas pidieron que el oficial en retiro sea excluido por supuestamente no aportar a la verdad.

De otro lado, el informe documenta cómo los procesos judiciales se han marcado por maniobras dilatorias, de desgaste y revictimización. Esto se ha logrado con aplazamientos de numerosas audiencias alegando la existencia de otros compromisos o razones médicas de última hora que lograron, con el tiempo, que el examen de fondo sobre su responsabilidad en estos tres casos fuera postergado. El caso de La Java tuvo dilaciones por tres años en la audiencia preparatoria y un juicio no pudo terminarse con la entrada en marcha de la JEP, por señalar solo un ejemplo. Esto implica, además, que los procesos están paralizados en la justicia ordinaria -que no puede tomar decisiones de fondo sobre casos de competencia de la justicia especial- y en la misma JEP donde solo algunos casos son priorizados.

“A la fecha no existe avance investigativo alguno, a excepción del otorgamiento de beneficios a los responsables. De igual forma, debe resaltarse que una vez las sentencias condenatorias impartidas por jueces en los casos de ejecuciones extrajudiciales de Darbey y Alex cobraron ejecutoria fueron relevadas por la JEP, los responsables han accedido a beneficios de libertad, sin proponer siquiera de manera sumaria un plan de aporte a la verdad y de reparación integral. El caso de “El Chuzo” quedó completamente paralizado por la implementación de este nuevo sistema, el cual abre a las víctimas un acceso a los nuevos mecanismos de justicia que se van implementando. Lo mismo ocurre con el sometimiento del Gral. (r) Montoya”, dice el informe.