Familia de un hombre que murió a manos de la Policía en un bar de Cartagena recibirá reparación

La Policía en ese momento obraba bajo el Código de 1970.

Foto: Archivo El Espectador - Archivo

Hace más de 16 años, en marzo de 2004, José Eucaris Mejía se encontraba en un bar del barrio El Líbano, en Cartagena, cuando desenfundó su revólver y lanzó tres disparos al aire. El dueño del local llamó a la Policía para que interviniera y la Fuerza Pública llegó en dos patrullas con siete agentes. “Alto, Policía Nacional”, le gritaron. Mejía respondió accionando su arma otras dos veces y los agentes le dispararon 10 veces, que le ocasionaron la muerte. Tras un largo proceso judicial, el Consejo de Estado ordenó reparar a la familia del hombre.

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Los uniformados que le dispararon a Mejía fueron absueltos en todos los procesos penales y disciplinarios, luego de que la justicia considerara que actuaron en legítima defensa. Sin embargo, por el daño moral y patrimonial, dado que el hombre era uno de los principales proveedores de la familia, sus hermanas, su madre y su pareja demandaron a la Policía ante el Tribunal Administrativo de Bolívar exigiendo una reparación directa por lo sucedido.

En 2009, el Tribunal accedió parcialmente a lo que pedían los familiares del hombre. Según el fallo, José Eucaris Mejía “había trasgredido normas elementales de buen comportamiento, pues hizo gala de su arma, la disparó para hacer alarde de esta”. Sin embargo, la corporación concluyó que la respuesta de los agentes que atendieron el llamado del dueño del bar fue “desproporcionada y excesiva”, con lo cual constituía una falla en el servicio y la familia del fallecido merecía ser reparada.

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La Policía apeló la sentencia asegurando que el Tribunal “incurrió en un error al valorar las indagatorias y versiones libres que, obraban en el expediente”. Para la Fuerza Pública, el fallo no consideraba que, cuando a Mejía le gritaron “alto, Policía Nacional”, él respondió con dos disparos al aire y fue en ese supuesto enfrentamiento que se desató después que el hombre resultó muerto. Además, reprochaba que el hombre ni siquiera contaba con un salvoconducto para el porte de su arma.

En 2010 y ante el Consejo de Estado, la Policía concilió con la familia de Mejía y llegaron al acuerdo de que les reconocerían el 50% de la condena impuesta por el Tribunal. No obstante, los magistrados que tenían que aprobar el acuerdo se opusieron, pues uno de los que resultaría beneficiado en el proceso era menor de edad y darle luz verde a la conciliación podría ir en contra de la protección del interés superior del menor. Y el caso pasó así a ser analizado a fondo en la alta corporación, que decidió finalmente darle la razón a la familia de Mejía.

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El Consejo de Estado revisó las indagatorias y versiones libres que la Policía aseguraba que no habían sido tenidas en cuenta en primera instancia y concluyó que estaba probado que “el señor José Eucaris Mejía disparó en contra de los agentes de policía que llegaron al lugar”. Pero a renglón seguido agrega la sentencia: “también es cierto que, los agentes incumplieron lo establecido en el Código de Policía, puesto que, no se eligió el medio que causara el menor daño a la integridad de la persona, lo que, implicó un uso desproporcionado de la fuerza”. Y, así las cosas, se condenó a la Nación y se ordenó que la Fuerza Pública asuma los daños materiales y perjuicios ocasionados a la familia de Mejía.