Familia de Víctor Maldonado denuncia presiones del Estado para que no se le otorgue la libertad

En un comunicado de siete puntos, los familiares del empresario Víctor Maldonado Rodríguez aseguraron que organismos del Estado estarían tratando de presionar a los jueces para que no avalen la solicitud de libertad presentada por su defensa. Consideran que debido a las influencias que se han presentado pusieron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el documento reseñan que evidentemente se cumplieron los términos que exige la ley para iniciar el juicio formal. De forma indirecta hacen referencia a la misiva enviada por el fiscal General, Néstor Humberto Martínez al Consejo Superior de la Judicatura en la cual aseguró que existen maniobras dilatorias por parte de los abogados de los implicados en el caso InterBolsa.

“No se puede pretender tampoco impedir que la Defensa de Víctor Maldonado pida su libertad por vencimiento de términos legales y que, de otorgársela, se califique como un hecho de injusticia”, precisa uno de los apartes de la carta en la que se asegura que Maldonado ha permanecido 648 días en la cárcel La Picota de Bogotá sin que se inicie el proceso en su contra.

Señalan que “amenazar a los abogados del señor Víctor Maldonado con acciones legales por el ejercicio de su profesión constituye asimismo un grave intento de interferencia y muestra el grado de ensañamiento de algunas autoridades en contra del señor Maldonado”. Por esto le piden a las autoridades judiciales que respeten el derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso.

“A Víctor Maldonado no lo han juzgado ni lo han declarado culpable de lo que se le acusa. No ha sido vencido en juicio y ha sido privado de su libertad por un término injustificable”, manifiestan en el comunicado. Y es con estos argumentos que consideran que el empresario debe defenderse estando en libertad.

“Víctor Maldonado, que tiene 72 años, está padeciendo cáncer y trastornos psicológicos graves que requieren tratamiento especializado y permanente. Su permanencia en prisión pone en serio riesgo su integridad personal y vida”. La ley colombiana, sostienen, y los organismos internacionales ofrecen mecanismos para solicitar la protección de los derechos fundamentales que consideran que han sido vulnerados.

Es por esto que piden que se eviten las presiones indebidas para que los funcionarios encargados de administrar justicia tomen sus decisiones. “La presunción de inocencia debe prevalecer, así como el respeto a la autonomía e independencia del poder judicial, que es un aspecto fundamental de la democracia y de los derechos humanos”.

Finalmente aseguran que desconocen porqué la Fiscalía General solamente “persigue” al empresario e ignora la participación de otros 120 deudores del Fondo Premium de InterBolsa, cuyos bienes no han sido inspeccionados ni tenidos en cuenta por el ente investigador dentro del proceso penal. 

En marzo está programada la continuación de la audiencia preparatoria en contra de los implicados en el descalabro del Fondo Premium de InterBolsa. Maldonado, quien se encuentra en la cárcel La Picota desde noviembre de 2015 después de ser extraditado desde España, se ha declarado inocente de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada, concierto para delinquir y negativa de reintegro.

Según la investigación de la Fiscalía el deudor del Fondo Premium de InterBolsa habría tenido conocimiento directo del uso indebido que se le dio al dinero de los inversionistas sin su consentimiento para adelantar diferentes actividades bursátiles y la realización de negocios personales.

"Los que recogen el dinero de los inversionistas no tienen derecho a apropiarse de ellos para defraudar a la colectividad como ocurrió en este caso", precisó en la audiencia de imputación de cargos la fiscal del caso. Para el ente investigador se presentó un detrimento patrimonial cercano a los 64 millones de dólares, en el cual se vieron afectados 1.028 inversionistas.

Para el próximo miércoles 12 de enero quedó fijada la audiencia en la cual un juez de conocimiento deberá definir si acepta o no la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por el abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses de Maldonado.