Familiares de desaparecidos del Palacio de Justicia piden que se investigue a fiscal del caso

La toma y retoma del Palacio de Justicia ocurrió entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. / Archivo El Espectador

Las recientes declaraciones de la Fiscalía, respecto a la investigación por los desaparecidos del Palacio de Justicia, son temerarias. Las palabras son de la familia de Carlos Rodríguez Vera, uno de los trabajadores de la cafetería de la corte que desapareció entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 durante el holocausto. Para ellos, la nueva hipótesis del ente investigador que sostiene que, en seis de los casos de personas desaparecidas, ya no se puede decir que existió el delito de desaparición forzada,  demuestra imparcialidad y prejuzgamiento sobre el expediente. Por eso, piden que investiguen a Jorge Hernán Díaz Soto, fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, cabeza de todas las pesquisas por la toma y retoma del Palacio.

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La familia Rodríguez hizo referencia en su petición a una publicación de Noticias Caracol en la que se hicieron “temerarias, irresponsables y abusivas opiniones relacionadas con los hechos del Palacio de Justicia y en particular sobre la suerte que corrieron nuestros familiares”. La intención de esas declaraciones, para la familia, además tiene un claro interés de revictimización. Además del fiscal Díaz Soto, las víctimas solicitaron la recusación y que se investigue a la directora de Medicina Legal, Claudia Adriana García, quien también intervino en la nota periodística. Allí, el fiscal Jorge Sarmiento expresó, en concreto, que todo el problema de los desaparecidos había ocurrido por la mala identificación que en ese entonces se hizo de los cadáveres.

"56 cuerpos fueron a parar a cementerios de diferentes partes del país y 38 fueron a parar a la fosa común del cementerio del sur (Bogotá). En la mayoría de los casos hemos encontrado cuerpos que fueron entregados en los cementerios, muchos de los desaparecidos del Palacio de Justicia. De esos desaparecidos algunos que se entregó como 'Pepito Pérez' terminó siendo 'Manuel Gómez'”, dijo Jairo Humberto Aróstegui, otro fiscal investigador del caso Palacio de Justicia, durante la nota periodística. Para las víctimas, esas palabras resultan ofensivas y sobre todo indignantes. Tanto Aróstegui como Sarmiento hacen parte del equipo de trabajo que dirige el hoy recusado fiscal Jorge Hernán Díaz Soto.

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 “Hoy con ironía, sarcasmo, burla y ataque a la dignidad de las víctimas, manifiesten que entre las víctimas de desaparición forzada se encuentra “Pepito Pérez”, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el sistema de justicia interno y la sociedad, conocen que nunca se ha demandado por la desaparición de esa persona, razón por la cual la burla de este funcionario es indignante. Estas actuaciones atentan contra nuestra dignidad y denotan desinterés y por lo menos desconocimiento con desfachatez a la apariencia de imparcialidad que deberían tener en sus actuaciones.”, dice el documento firmado por la familia Rodríguez y que ya fue enviado tanto a la Fiscalía como a Medicina Legal.

Carlos Rodríguez Vera era el administrador de la cafetería del Palacio de Justicia cuando el M-19 se lo tomó a la fuerza y el Ejército trató de retomar el control del edificio a sangre y fuego entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. La Corte IDH dijo sobre él que efectivamente salió con vida del Palacio en compañía de militares a la casa del Florero donde fue sometido a torturas por parte de los uniformados en dicho lugar y en la Escuela de Caballería ubicada en el norte de la capital de la República. En total, fueron 11 personas las que el tribunal internacional declaró como desaparecidas, seis de ellas ya fueron identificadas y devueltas a sus familiares. De Rodríguez Vera no se sabe nada.

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Sobre las declaraciones de Claudia Adriana García, la recusación hace referencia a lo que la funcionaria expresó durante la entrevista. Allí, hizo referencia a los problemas logístico que hubo en Medicina Legal para identificar los restos y que sí hubo deficiencias en el trabajo del instituto. Estas palabras son, para los Rodríguez, “una manifiesta expresión de teorías revisionistas, que pretenden encubrir las manifiestas violaciones a los derechos humanos (…) Estas declaraciones denotan temeridad y parcialidad, que conllevan a nuestra revictimización y desconocen abiertamente la sentencia de la Corte   IDH. Hoy es claro que sus actuaciones son un remedo de justicia, que lo único que pueden producir es desconfianza por parte de la sociedad y las víctimas”.

La familia Rodríguez fue severa ante las declaraciones de la Fiscalía y agregaron que esa nueva hipótesis “denotan la existencia de una esquizofrenia institucional, pues contradictoriamente ante los órganos internacionales hacen reconocimientos, que hoy relativizan (…) Resulta, paradójico y contrario a las pruebas recaudadas, que la Fiscalía desvirtué los testimonios, videos y pruebas documentales, que demuestran que personas de la cafetería de Palacio, como magistrados, acompañados de la Fuerza Pública, salieron con vida y nunca más se volvió a saber de ellos”. Por eso, piden que el fiscal Díaz Soto y la doctora García sean investigado, y además que la Procuraduría y la Judicatura también revisen las declaraciones de los funcionarios.

Por último, los Rodríguez concluyeron su petición señalando que es absolutamente inadmisible, que 34 años después, la Fiscalía y Medicina Legal manifiesten de “manera burlesca, irresponsable y de manera denigrante”, que tan solo se trató de error de identificación y que por tanto no hubo desaparecidos. Por ahora, el ente investigador ha asegurado que todo esto debe ser orgullo para el país.