Familias de diputados del Valle aún quieren “saber la verdad”, dice su abogado

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En dialogo con El Espectador, Héctor Carvajal habla sobre el reciente fallo del Consejo de Estado, con el cual se reconoció la responsabilidad de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa en el secuestro (que ejecutó las Farc) y posterior asesinato de los diputados del Valle.

Héctor Carvajal, apoderado en el caso administrativo de los diputados del Valle asesinados por las Farc, asegura que está a cargo de un proceso que ha sido largo, pero que tiene implicaciones positivas a nivel nacional. Tras el reciente fallo del Consejo de Estado se realizarán actos de memoria histórica en honor de las víctimas y se indemnizará a los familiares en orden con sus perjuicios morales y daño a la vida en relación. Ellos, que apenas empiezan a estudiar esta importante decisión judicial, delegaron por ahora la vocería en Carvajal.

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“Lo primero, quizás lo más importante, es que se trata de un fallo de relevancia nacional. Es una sentencia donde se hace un análisis sobre la falla del servicio de vigilancia de la policía y de las fuerzas armadas, en la protección de sus mismos funcionarios y las personas que son amenazas diariamente con el tema del secuestro”, aseguró Carvajal.

De acuerdo con el abogado, en primera instancia el Juzgado Primero Administrativo de Cali profirió una condena al Estado, en la que se hizo un análisis de responsabilidad sobre la falla en el servicio de vigilancia. Se había fallado a favor de las los familiares de las víctimas, tras una acción de grupo que unificó dos demandas interpuestas por dos grupos diferentes de afectados.

Sin embargo, esta sentencia fue apelada y el caso fue remitido a Tribunal Administrativo, donde al final también fue derrotada con un fallo cuya ponencia la presentó el magistrado Óscar Valero. “Por eso tuvimos que recurrir a una solicitud de revisión, amparada por la ley para los casos de las acciones de grupo que son negadas en segunda instancia. Acudimos a esa solicitud de revisión eventual y el Consejo de Estado decidió seleccionar el caso por interés jurídico nacional”.

Se debatió, en su momento, si la Sala Plena debería tomar el caso o una Sala Especial del Consejo de Estado. Al final, se decidió que un grupo de cinco magistrados, representantes de cada sección de la jurisdicción, revisara la acción de grupo que ya había transitado por dos instancias, sin resultados para los familiares de las víctimas. Tras siete años de debate, se resolvió fallar a favor de los demandantes.

Sobre los actos de reconciliación que deberán realizar la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, el abogado Héctor Rojas dice que es un primer paso exitoso en la reparación integral de las víctimas. “Se ordena al Estado colombiano que haga un acto de desagravio para las víctimas, de carácter público. Que la sentencia debe ser de carácter pedagógico para las escuelas de policía y militar, para que tengan en cuenta todas las fallas que se cometían. Además, durante un año consecutivo de manera ininterrumpida se publicará este fallo en todos los medios”.

De acuerdo con Rojas, el Estado no tiene más caminos que obedecer al Consejo de Estado e indemnizar a los denunciantes de manera moral y económica. “La Nación no tiene ningún recurso. Esta es una decisión de cierre y contra eso no procede absolutamente nada. Lo único que puede suceder ahora es solicitar las correcciones de tipo aritmético o la omisión de haber incluido alguna víctima o la no liquidación de las indemnizaciones solicitadas en relación con algún demandante”.

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Por último, el abogado defensor llama al esclarecimiento de los hechos en el sistema judicial colombiano. “Resulta de gran relevancia, también, que se sepa la verdad. Esa verdad todavía no se conoce porque ese no es el objeto de ese proceso. Ellos están buscando que todavía no termine el proceso indemnizatorio aquí, en la medida que consideran muy importante para ellos saber la verdad. Quien ordenó el secuestro, cuál era el fin del secuestro, por qué los mataron”.

Entre tanto, el Consejo de Estado ordenó a la Policía Nacional y el ministerio de Defensa a celebrar un acto público de aceptación de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria de los 11 diputados fallecidos a manos de las Farc. Además, deberán organizar campañas de capacitaciones en las instalaciones militares y policiales según los estándares convencionales y constitucionales. El fallo, también, deberá ser objeto de estudio en todos los cursos de formación y ascenso del Ejercito Nacional.

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