FARC denuncia el asesinato de dos de sus miembros

Los cuerpos sin vida de Sebastián Coy Rincón y Ángel Aleyser Meléndez fueron hallados en Meta y Nariño, respectivamente.

Farc
Archivo El Espectador

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció este jueves el asesinato de dos de sus miembros, en diferentes regiones del país, que se encontraban haciendo el proceso de reincorporación a la vida civil.

En un comunicado, la FARC informó sobre el crimen de Sebastián Coy Rincón, quien hacía parte del ETCR Mariana Páez, en el departamento del Meta. El cuerpo sin vida de Coy Rincón fue hallado el 21 de noviembre en una zona rural del municipio de Uribe, seis días después de haber sido reportado como desaparecido.

“El hecho ocurrió en cercanías al lugar donde se encontraban acampando integrantes del Ejército Nacional que operan en el departamento del Meta”, dice la FARC, según información entregada por los pobladores de la región.

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El segundo caso corresponde a Ángel Aleyser Meléndez, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la vereda El Tablón, del municipio de Leiva. “Llama la atención que, pese a las reiteradas denuncias de organizaciones sociales, las estructuras criminales siguen fortaleciéndose en el departamento de Nariño”, dice la FARC.

Según las cuentas de la colectividad, con los dos nuevos asesinatos se llega a la cifra de 84 miembros de la FARC asesinados luego de la firma del Acuerdo de Paz con el Estado.

Advierten, además, que desde el pasado 6 de noviembre le pidieron al presidente Iván Duque tomar medidas proteger a los excombatientes. “Ante esta realidad, solicitamos de inmediato la intervención de la comunidad internacional, especialmente a los países garantes, a fin de demandar del Estado Colombiano la obligatoriedad del Acuerdo firmado por ambas partes”, señala la FARC.

El Gobierno lanzó el pasado 19 de noviembre el Plan de Acción Oportuna (PAO), una estrategia destinada a la protección de líderes y lideresas sociales en el país. A través de esta se instalará una mesa intersectorial de la que harán parte las entidades que tengan que ver en el asunto y se determinará zonas de prioridad para atender las situaciones de riesgo para estas personas.