La barbarie de las Farc podría ser objeto de escrutinio por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así lo establece el Consejo de Estado en un fallo en el que condenó al Estado a indemnizar por 245 millones a un soldado que fue lesionado en una toma de la base militar de Orito (Putumayo), cometida por las Farc en 1994.
En la sentencia esa corporación es enfática en que el Estado colombiano puede consultarle a la CIDH si en la referida acción esa organización guerrillera violó la Convención Americana de los Derechos Humanos, principalmente, respecto al uso de armamento no permitido, posibles tratos inhumanos a los soldados y secuestro.
El Consejo de Estado establece que el Estado puede preguntarle a la CIDH si “se produjo la comisión de conductas que vulneraran el trato digno y humano, la desatención de los heridos, las tortura sicológica a la que sometió a los militares durante el término en el que se encontraron plenamente sometidos a los insurgentes”.
Con respecto a la responsabilidad del Estado en los hechos de ese día, en los que murieron cerca de 15 soldados, esa corporación precisó que “se demostró la ausencia total de medidas efectivas de seguridad frente a la magnitud del riesgo que corrían los integrantes de la base y del cual estaban al tanto, según algunas comunicaciones aportadas al proceso en la que se manifiesta el riesgo de ataque”.
Al parecer los mandos militares no atendieron a denuncias que alertaban que cerca de 250 guerrilleros se iban a tomar la base que era resguardada por, apenas, 20 uniformados. Debieron haberse tomado medidas pero esto no ocurrió y, por ello, los soldados quedaron a merced de las Farc y su barbarie.