En firme detención domiciliaria para exrectora de Gimnasio Castillo Campestre por caso Sergio Urrego

Igualmente se confirmó la medida privativa de la libertad para la veedora del centro educativo por los actos de discriminación homofóbica en contra del joven de 16 años que se quitó la vida.

La exrectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre, Amanda Azucena Castillo, seguirá con medida de aseguramiento domiciliario, al igual que la exveedora de la institución Rosalía Ramírez. Esto mientras avanza el proceso penal que se adelanta en su contra por la presunta discriminación homofóbica y falsa denuncia que habrían cometido contra Sergio Urrego, de 16 años, semanas antes de que éste se quitara la vida, el 5 de agosto de 2014. 

Los abogados de Castillo y Ramírez apelaron la medida de aseguramiento pero la jueza 41 penal de Bogotá ratificó la medida por considerar que la jueza de garantías tomó una decisión acertada y estudió con juicio las pruebas presentadas por la Fiscalía. La exrectora y la veedora habían apelado la decisión. En este proceso penal que se adelanta, el ente acusador ya presentó el escrito de acusación. Por ahora Alba Reyes, la madre de Urrego, espera que el trámite avance y pronto citen a audiencia de acusación. (Ver ''A Sergio Urrego también lo denunciaron falsamente'': Fiscalía)

La imputación

En mayo de este año la Fiscalía imputó discriminación, falsa denuncia y ocultamiento de pruebas a la exrectora, la psicóloga Ibonn Cheque y la veedora del colegio Gimnasio Castillo Campestre.

El delito de discriminación y el de ocultamiento de pruebas se les imputó a las tres procesadas. El de falsa denuncia se imputó contra la psicóloga y la exrectora Castillo. La Fiscalía explicó que imputó discriminación porque habrían restringido varios derechos de Sergio Urrego y su compañero sentimental como el derecho a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad. (Ver Las pruebas de Sergio)

Esto partiendo de que catalogaron el beso entre Sergio Urrego y su pareja como un acto obsceno y este habría sido el desencadenante, porque de ahí en adelante se les obligó a entrar a psicorientación, se les restringió el acceso a clase y se les obligó a contarle a sus padres su orientación sexual. El ente acusador argumentó también que este procedimiento discriminatorio no era el que se había utilizado con otras parejas heterosexuales(Ver Caso Sergio Urrego: histórica decisión por discriminación a comunidad LGBTI)

Sobre el segundo delito, la Fiscalía aseguró que la exrectora Amanda Castillo, con el conocimiento de la psicóloga Cheque, denunció ante las autoridades hechos falsos. Por ejemplo, pese a conocer que Sergio Urrego y su compañero eran pareja, presentó una denuncia ante la Comisaría de Familia, la Unidad de Reacción Inmediata de Engativá y Bienestar Familiar en la que señaló que Urrego acosaba sexualmente al otro estudiante y que estaba abandonado por su familia. La carta que dirigió a estas entidades afirma:

Además, teniendo en cuenta las declaraciones que los padres y el propio compañero de Sergio Urrego entregaron, la Fiscalía aseguró que la rectora constriñó a los padres del menor a presentar otra denuncia por acoso sexual contra Sergio Urrego a cambio de que éste pudiera terminar once grado. Incluso, el ente acusador entregó el testimonio de una de las profesoras de Sergio Urrego, quien contó que la rectora le pidió que hiciera anotaciones negativas en la bitacora personal del joven, incluyendo la denuncia de acoso sexual, para manchar su desempeño y honra, después de su muerte.

Por último, frente al delito de ocultamiento de pruebas, la Fiscalía encontró que a una compañera de Sergio, la veedora del colegio Rosalía Ramírez le pidió que volviera a hacer una versión libre sobre los hechos. “Me dijo que escribiera que ellos se habían dado un beso en clase, no un pico en receso como había sucedido. Cuando se la entregué vi que ella rompió la pasada y que le decía a otras directivas que todo era por el bien del colegio”, señaló la testigo.

La Fiscalía mostró el testimonio de otros estudiantes que contaron que después de la muerte de Sergio, los llamaron para que firmaran otras actas de expedientes disciplinarios contra parejas heterosexuales con una fecha anterior al suicidio, para ocultar el trato discriminatorio a la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Por las pruebas encontradas, y la gravedad de los delitos, las penas pueden ir hasta 12 años.