Fiscal advierte que artículo de la JEP abre puerta a la CPI

A través de una carta el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, expresó sus preocupaciones por lo que califica como riesgos en el articulado de la ley estatutaria de la JEP.

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Archivo

En una carta de nueve páginas dirigida al ministro del Interior, el fiscal general d ela Nación, Néstor Humberto Martínez, hizo una serie de reflexiones finales sobre los alcances y posibles "riesgos" de algunos artículos incluidos en la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

De acuerdo con Martínez, existen algunos temas que aun no quedan claros como por ejemplo el hecho de que quienes reincidan en grupos armados organizados o grupos delincuenciales  deben perder todos los privilegios contemplados en el Acuerdo Final de Paz.

"El reciente fallo de la Corte Constitucional ha quedado inequivocamente establecido que los excombatientes que se acojan a  la JEP no pueden cometer un nuevo delito o de lo contrario, perderán todos los beneficios que consagre la ley. Sin embargo el texto propuesto a la plenaria de la Cámara, en su artículo 20, señala que "La JEP verificará el régimen de condicionalidades cuyo incumplimiento podrá dar lugar hasta la pérdida de los tratamientos especiales"", señaló el fiscal.

En la misiva el jefe del ente investigador sostiene además que para los graves crímenes no puede haber posibilidad de impunidad y que en el proyecto, que ha entrado a discusión  en la plenaria de la Cámara, se suprimió un parágrafo que "permitiría que la JEP también pueda exceptuar de responsabilidad penal a quienes cometieron graves masacres, violaciones, reclutamiento de menores, desapariciones, entre otras".

Una posibilidad que, según Martínez, no solo derivaría en impunidad absoluta para crímenes graves sino también "desconocimiento total de los derechos a la verdad justicia y reparación de las víctimas, lo que activaría la competencia de la Corte Penal Internacional".

Respecto a la acreditación de los desmovilizados que entrarán a las listas de la JEP, el fiscal enfatiza en que el Gobierno debe ser el encargado de expedir un listado final de acreditación para su verificación y con el objetivo de que exista mayor seguridad jurídica.