Gabriel Jaimes, fiscal del caso Uribe, tiene una investigación preliminar en su contra

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A Gabriel Jaimes Durán, coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, uno de sus subalternos lo indaga por una actuación relacionada con un excomandante del Ejército. Si ese fiscal sigue las órdenes que ha dado Jaimes, tendrá que informarle a este (su superior directo) sobre cada decisión que planee tomar en el proceso que lo involucra.

Gabriel Jaimes Durán es uno de los funcionarios más importantes de la Fiscalía de Francisco Barbosa. Él es el coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema; es decir, quienes manejan los casos de más alto perfil, y vive uno de los momentos más mediáticos de su extensa carrera como funcionario público. Sobre todo estas últimas semanas, pues el pasado 3 de septiembre, el propio Barbosa le encomendó la que podría ser su tarea más crucial en su paso por el ente investigador: el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe. El caso llegó a esta entidad el pasado 1º de septiembre, luego de que Uribe renunciara al Senado y le pidiera a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema enviarlo a la Fiscalía por falta de competencia.

Esta semana, Jaimes se presentó a una audiencia solicitada por la defensa de Uribe para pedir la libertad de su cliente, quien se encuentra en prisión domiciliaria desde el pasado 12 de agosto en Córdoba, en su finca El Ubérrimo, por orden de la Corte. Durante la audiencia virtual, Jaimes solicitó que la investigación contra el expresidente por fraude procesal y soborno se adelante por el sistema penal acusatorio y no por la Ley 600 de 2000 (bajo la cual lo procesó la Corte). Un asunto que resulta clave para el proceso, ya que determinará, entre otros puntos importantes, si a Uribe lo juzgará un juez ordinario o la propia Corte Suprema, si el caso llega a esa instancia. La audiencia continuará el próximo martes 22 de septiembre.

En la propia Fiscalía, sin embargo, cursa un proceso en el que Jaimes no sería el investigador, sino el investigado: El Espectador supo que la mano derecha del fiscal Francisco Barbosa tiene una indagación preliminar en el despacho de uno de sus subalternos. Se trata de Jorge Hernán Díaz Soto, fiscal primero delegado ante la Corte, quien hace cerca de un año tiene este delicado asunto bajo su responsabilidad. O sea, desde antes de que Jaimes fuera su jefe. Se relaciona con una posible irregularidad que Gabriel Jaimes habría cometido en un proceso de contratación que dejó al general (r) Ricardo Gómez Nieto, excomandante del Ejército, en la mira de la justicia. (La ficha del exprocurador Ordóñez en la cúpula de la Fiscalía)

Esa historia comenzó en 2011. Ese año, la Contraloría halló irregularidades en un contrato de prestación de servicios suscrito entre el Hospital Militar Central (que el general (r) Gómez Nieto dirigía) y Patricia Riveros Gaitán por $42 millones. El ente de control señaló que el contrato no podía suscribirse, ya que la mujer había sido condenada penalmente y estaba inhabilitada para contratar con el Estado. La Fiscalía pidió la preclusión del caso en 2018, al considerar que, al momento de suscribir el contrato, la inhabilidad de Riveros ya estaba superada. Y es ahí donde entra Jaimes en el panorama. Según la propia Fiscalía, con una certificación que expidió mientras era procurador ante la Corte Suprema, Jaimes indujo en el error al general (r) Gómez Nieto.

El 10 de mayo de 2010, el general (r) Gómez envió un requerimiento al entonces procurador Gabriel Jaimes para saber si Patricia Riveros Gaitán podía o no ser contratista del Hospital Militar Central. “La pregunta que surge de inmediato es, si para ese momento ya se contaba con el certificado de antecedentes expedido por la Procuraduría, ¿para qué se requería un aval? ¿Acaso no bastaba con la información obtenida de una entidad oficial, que desde el punto de vista constitucional y legal se encuentra facultada para ejercer esa función? De la misma manera, surge otro cuestionamiento: ¿por qué se dirigió a un funcionario específico (Jaimes Durán) quien no ostentaba funciones disciplinarias?”, cuestionó la Corte.

Pero, para la Sala de Primera Instancia de la Corte, las directivas del hospital “contaban con la evidencia obtenida a través de la página web de la Procuraduría relacionada con la inhabilidad que existía contra Riveros, debido a una sentencia condenatoria emitida en su contra en febrero de 2009 por el delito de abuso de confianza, sanción privativa por doce meses (...) y la imposibilidad de contratar con el Estado hasta marzo de 2014”. Además, la Corte señaló que no era necesario contar con el aval del entonces procurador Jaimes, cuya actuación catalogó de “irregular y sospechosa”. También cuestionó el porqué del pronunciamiento de Jaimes sobre la contratista, cuando no tenía ninguna competencia disciplinaria en esa contratación específica.

El alto tribunal, con ponencia del magistrado Ramiro Marín, señaló que el aval de Jaimes Durán fue recibido por el general (r) Gómez Nieto doce días después de haberse firmado el contrato y que no pudo tenerse en cuenta a la hora de cerrar el convenio. El documento cuestionado, conocido por este diario, y firmado por el ahora fiscal del caso Uribe, reza: “Avalo la contratación con esta entidad”, refiriéndose a la contratista Patricia Riveros Gaitán. En cuanto al proceso contra el general retirado, la Sala de Primera Instancia negó la preclusión. Luego la Fiscalía apeló y en segunda instancia fue negada la pretensión del ente investigador, por lo que el expediente fue devuelto a etapa de indagación.

Existe un precedente que prende las alarmas sobre cuál es el escenario en el que se encuentra el fiscal delegado Jorge Hernán Díaz Soto y qué garantías tiene de que su investigación avance, en caso de que encontrara méritos para imputarle cargos a quien hoy resulta ser su superior. Se trata de un mensaje que el propio Jaimes envió al grupo de WhatsApp de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, en el que dio la siguiente instrucción: “Los fiscales delegados deben remitir todos los proyectos de decisiones de fondo e informes sobre las actuaciones medulares de sus despachos a mi correo institucional, con suficiente anterioridad para informar y valorar cada situación con el señor fiscal general”.

Díaz Soto, asignado en esa instancia en la administración de Néstor Humberto Martínez, se ha encargado de investigaciones de alto perfil, como la que se abrió contra el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, cuya captura destapó el denominado cartel de la toga. También adelanta las pesquisas contra el gobernador suspendido de Antioquia, Aníbal Gaviria; maneja el caso del Palacio de Justicia e investigó a la exfiscal Hilda Niño, condenada por recibir dádivas del narcoparamilitar alias el Mellizo. Niño fue testigo en favor de Uribe mientras el proceso estaba en la Corte Suprema, donde señaló que hubo montajes judiciales contra la familia Uribe Vélez mientas Eduardo Montealegre fue fiscal general, lo que Montealegre ha rechazado.

Este diario supo que el despacho de Díaz Soto ha adelantado labores para dar con el documento original firmado por Jaimes, en el que avala que Riveros no tenía inhabilidades para contratar con el Estado. El Espectador trató de hablar con el fiscal Díaz Soto para corroborar detalles del proceso, pero el funcionario prefirió no referirse al caso. Asimismo, por medio de la oficina de prensa de la Fiscalía, se intentó contactar a Jaimes para preguntarle, por ejemplo, ¿qué garantías tiene el fiscal Díaz Soto, que es su subalterno, para investigarlo? ¿Sabía de esta indagación en su contra? Si lo sabía, ¿le informó al fiscal general Barbosa cuando este le propuso ser el tercer funcionario más importante de la Fiscalía? Al cierre de esta edición no hubo respuesta.

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