Fiscal General propone explorar ley de justicia y paz para implementar el Acuerdo Final

El jefe del ente investigador agregó que también se podría revisar la Ley de Orden Público y el capítulo de amnistía.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló esta mañana que para destrabar la implementación del Acuerdo Final, que quedó suspendido después del plebiscito del pasado domingo, existen varios caminos.

El fiscal dijo que los negociadores de paz podrían acudir a la Ley de Justicia y Paz para seguir adelante con los primeros puntos del acuerdo que ya deberían estar andando. Esta ley, la cual fue implementada por el expresidente Uribe para desmovilizar a los grupos paramilitares y que contemplaba una pena de ocho años y cumplir con los principios de verdad, justicia y reparación.

Explicó que en el ámbito de lo jurídico todavía hay muchas alternativas para explorar para encontrar herramientas que faciliten encontrar un punto en común para solucionar las diferencias que hoy tienen congelado el proceso. Además, también propuso que se podría revisar la ley 418 sobre orden público. Concretamente Martínez mencionó que se podría utilizar apartes del capítulo sobre indultos.

Con previa solicitud del presidente Santos, el fiscal general también anunció que las ordenes de captura contra los líderes de la guerrilla de la Farc y los combatientes que se encuentran en las zonas de preconcentración fueron suspendidas.

Martínez aseguró que conocido el resultado del plebiscito el presidente le remitió una comunicación con fundamento en la ley de orden público en la que manifiesta expresamente que el proceso de paz no se ha agotado y que continúa. Por lo tanto, le solicitaba al fiscal general mantener suspendidas las órdenes de captura. 

Para finalizar, el jefe del ente investigador, además de celebrar el acercamiento entre el presidente Santos y el senador Uribe, dijo que la suspensión de las ordenes de captura a los guerrilleros solo durarían el tiempo estrictamente necesario mientras se decide el futuro de lo que acordaron el Gobierno y las Farc en La Habana.