Fiscal Néstor Humberto Martínez se reunirá con delegados de las Farc y el Gobierno

Se espera que la reunión entre el fiscal Martínez, las Farc y el Gobierno se dé esta semana. / Archivo

Durante más de seis horas de debate y votaciones en el Congreso, el pasado lunes 9 de octubre se aprobó el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado. Se trata de un proceso fundamental para que la Justicia para la Paz arranque a trabajar, pero en el que se han presentado toda clase de peticiones, cambios, reclamaciones y cuestionamientos. El fiscal Néstor Humberto Martínez ha sido uno de los funcionarios que con más insistencia ha criticado varios de los artículos en discusión. (En contexto: El duro paso de la estatutaria de la JEP a plenarias)

Para continuar con el debate de los reparos y propuestas que ha expresado el fiscal, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, convocó a una reunión para esta semana, en la que Martínez Neira se sentará con delgados de las Farc y del alto Gobierno. Allí se espera que el fiscal vuelva a explicar sus preocupaciones frente a varios artículos de le ley estatutaria que ya ha hecho públicos, tanto en el Congreso, como en varios medios de comunicación. Aunque varios de ellos fueron aceptados en el documento que se aprobó ayer, a Martínez Neira todavía le quedan varias dudas. (Le puede interesar: La propuesta de Claudia López para que jefes de las Farc no lleguen al Congreso)

Le preocupa, sobre todo, las constancias que se presentaron al finalizar la votación del lunes pasado sobre varios artículos y a los que ha hecho referencia el fiscal. De acuerdo con su postura, se necesita más claridad en el texto que finalmente se apruebe en el Congreso sobre cuál será el procedimiento para los exmiembros de las Farc que reincidan en actividades criminales. Para Martínez Neira, quienes vuelvan a la ilegalidad o a tener vínculos con el narcotráfico, deberán responder ante la justicia ordinaria y no podrán recibir ninguna clase de beneficios. (Lea también: Human Rights Watch se une a las críticas sobre la JEP)

“Quienes están tomando el camino de la deserción o están entrando a engrosar grupos de criminalidad organizada no pueden gozar ni mantener ningún beneficio. Eso es lo que espera la sociedad. Han quedado constancias de voceros de las Farc y varios senadores, en donde se expresa que estas iniciativas de claridad romperían la estructura de los acuerdos. Eso no tiene ningún sentido. En estas materias, el país tiene que fijar unas reglas claras y unas líneas rojas que no se pueden cruzar. En este caso, son los beneficios que podrían recibir las personas que vuelvan a la delincuencia”, dijo el fiscal en entrevista con La W.

En palabras de Martínez, lo que se plantea es que exista una “rotura contundente con toda actividad criminal y cualquier relación con el narcotráfico. Me preocupa que grupos de disidentes y de desertores mantienen unos vínculos muy estrechos con la actividad del narcotráfico. Lo que está pasando con Tumaco está asociado con la presencia de excombatientes y milicianos de las Farc que han tomado el camino de las organizaciones criminales. Eso constituye una gran preocupación”, agregó el fiscal, quien mencionó el caso de alias Guacho. En contexto: (Un problema duro de erradicar en Tumaco)

Al hablar de Tumaco y de Guacho, el jefe de la Fiscalía hizo referencia al choque que se presentó el pasado 5 de octubre entre pobladores y la Fuerza Pública en el que murieron por lo menos seis campesinos en hechos que siguen siendo confusos. De acuerdo con la versión del ejecutivo, el responsable de esta matanza es Wálter Patricio Arizala, alias Guacho, un exguerrillero que perteneció a la columna Daniel Aldana de las Farc y ahora comanda un grupo de disidentes. Sin embargo, la versiónde los pobladores es totalmente diferente, pues aseguran que fueron atacados por el Ejército y la Policía.

Otra de las “líneas rojas” a las que se refirió Martínez, y que se espera también sea tema de discusión en la reunión de esta semana, es el tema de los bienes que se han reportado por parte de la desarmada guerrilla. “Lo único que conocemos es el listado que se hizo público y que, a juicio de la Fiscalía, nada tienen que ver con la realidad”, expresó el fiscal, quien aclaró que sus investigadores tienen información mucho más amplia de los bienes y testaferros que tendría este exmovimiento guerrillero que estarían reflejados en inmuebles rurales y urbanos, empresas comerciales, inversiones y en efectivo.

Lo deseable, añadió Martínez, sería que ese inventario fuera revelado en su integridad y para ello propuso que, ante al JEP, los reinsertados estén en la obligación de decir la verdad plena “que implica revelar el volumen y la identificación del patrimonio ilícito que han venido acumulando en estas últimas décadas (…) Yo quiero creer, como la mayoría de los colombianos, que quienes se han desmovilizado lo han hecho con el buen propósito de romper sus vínculos con cualquier actividad ilegal”, explicó el fiscal en la entrevista.

Se espera que la próxima semana se presente la nueva ponencia de la ley estatuaria para que, esta vez, sea debatida en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Para esa fecha, le reunión entre el fiscal, las Farc y el Gobierno ya debería haber culminado para que, así, la norma entre en su recta final camino a convertirse en ley de la República.