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El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y la vicefiscal María Paulina Riveros solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que se remitan todas las actuaciones relacionadas con las investigaciones del caso Odebrecht. Esto, después de que a su despacho llegara la solicitud del principio de oportunidad en favor de Juan Sebastián Correa, hoy testigo contra el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade.
En la declaración de impedimento, el fiscal general y la vicefiscal solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que “por razones de economía procesal, disponga que las actuaciones que requieran la intervención del jefe del ente acusador y/o de la vicefiscal General de la Nación, en todas las líneas de investigación del denominado caso Odebrecht, se remitan al conocimiento del fiscal Ad Hoc que se designe”.
(Lea aquí: Piden que fiscal general sea apartado del caso contra Luis Fernando Andrade).
Después de que llegara la solicitud del principio de oportunidad para Correa, el 14 de enero, el pasado 24, Martínez y Riveros “se declararon impedidos por cuarta vez para conocer asuntos específicos de su competencia en una de las líneas del denominado caso Odebrecht”, señala la Fiscalía en un comunicado.
Las razones para declarar su impedimento fueron dos: por un lado, “haber conceptuado en condición de abogado que la construcción de la vía Ocaña – Gamarra debía ser objeto de licitación”. El otro motivo fue la “pública, mutua y sobreviniente animadversión entre el fiscal general y el señor Andrade, al punto de que este último se ha referido al jefe del ente investigador como su ‘enemigo’”.
(También: Caso Odebrecht: estas son las pruebas de la Fiscalía contra Luis Fernando Andrade).
La semana pasada, la defensa del exdirector de la ANI pidió, también a la Corte Suprema de Justicia, que Néstor Humberto Martínez y María Paulina Riveros fueran apartados del caso contra Andrade. Esto, al considerar que “mi cliente no tiene en ellos las garantías judiciales de imparcialidad, desinterés, mesura, serenidad y objetividad”.
Los argumentos usados por la defensa de Andrade para realizar esta solicitud fueron tres: que Martínez hubiera sido asesor del Grupo Aval para la adjudicación del contrato de la adición del tramo Ocaña – Gamarra; que en diciembre de 2018 el fiscal fuera aceptado como testigo en el caso, y que, en noviembre, ante el Congreso, el fiscal general habló de una supuesta conspiración en su contra, en la que, según él, estuvo involucrado el exdirector de la ANI.