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“(Sigifredo López) ha realizado desde hace varios días una serie de manifestaciones que atentan contra mi honra y buen nombre y que más recientemente han derivado en una campaña de desprestigio”: esa es la base de la querella que acaba de radicar la jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Martha Lucía Zamora, en contra del exdiputado de Valle Sigifredo López.
La denuncia fue interpuesta ante el director seccional de Fiscalías de Bogotá, Jorge Eduardo Carranza, con el propósito de que éste asigne el caso a un fiscal competente. Según el documento de 15 páginas, su honra y buen nombre no pueden ser puestos en entredicho por nadie, “incluido, desde luego, Sigifredo López Tobón”.
En la querella instaurada, la fiscal señala que López Tobón no es funcionario judicial, no la ha denunciado formalmente ni ha entablado alguna demanda administrativa para obtener alguna reparación por la investigación que se realizó en su contra –de la cual siempre estuvo al tanto Zamora–. “Entonces, de manera alguna se encuentra autorizado para realizar afirmaciones”, sostuvo la fiscal.
En su documento, Zamora agregó las declaraciones que López entregó a varios medios de comunicación en la mañana de hoy, tales como “ella puede ser directora de la fábrica de testigos que le ha causado muchísimo daño al país, “ella no tiene elementos de juicio para controvertir el pliego de cargos que le levantó la Judicatura”, o “ella pretende desviar la investigación”.
En esta última afirmación, se refiere al proceso que el Consejo Superior de la Judicatura abrió contra Zamora para establecer si actuó en derecho o no en el expediente contra López, quien fue procesado el año pasado por haber supuestamente ayudado a planear el secuestro de sus compañeros de Asamblea.
Con la presentación de esta denuncia, este capítulo bien podría llamarse “todos contra todos”. Zamora le pidió ayer al magistrado de la Judicatura que le formuló pliego de cargos, Henry Villarraga, que se apartara de las indagaciones disciplinarias contra ella. Villarraga, por su parte, cree que ella podría haber abusado de su posición a lo largo de las indagaciones en el caso Sigifredo López.
El magistrado le respondió a Zamora de inmediato: en una extraña jugada –extraña porque no existe tal figura legalmente–, no aceptó la recusación pero sí le pidió al Consejo Superior de la Judicatura que ya no fuera él quien encabezara las pesquisas disciplinarias contra Zamora. Terminó, además, pidiendo medidas cautelares de la Comisión Interamericana, “dadas las referidas amenazas y constreñimientos de los que he sido víctima por parte del Estado colombiano”.
Villarraga, por otra parte, venía siendo investigado por la Comisión de Acusación en referencia a la supuesta adulteración de unas actas de la Sala Disciplinaria de la Judicatura (a la que él pertenece), episodio que tendría que ver con el carrusel de pensiones en el seno de la Judicatura. Esa investigación se abrió porque fue Martha Lucía Zamora como fiscal quien la solicitó.
En abril pasado, el representante Constantino Rodríguez le pidió a la Comisión inhibirse de seguir investigando el asunto de las actas. Ayer, el fiscal general Eduardo Montealegre lo denunció ante la Corte Suprema por cuenta de ese inhibitorio.
Una entramada situación se ha creado. Mientras tanto, el exdiputado del Valle Sigifredo López y sus abogados insisten en que Martha Lucía Zamora se ha extralimitado en sus funciones y ha abusado de su poder. La semana pasada López le pidió a la ONU ejercer veeduría sobre el proceso de Zamora en la Judicatura y esta mañana él señaló que, de paso, le pedirá a la Procuraduría que revise todos los casos en los que Zamora haya tenido que ver.