Fiscalía abre investigación a jueces que dejaron libres a implicados en carrusel

Los funcionarios judiciales serán escuchados en interrogatorio los próximos días. / Archivo.

La vicefiscal María Paulina Riveros anunció la apertura de investigación penal a los jueces 1 y 4 de Ejecución de Penas de Barranquilla argumentando que los funcionarios judiciales no habrían tenido en cuenta la totalidad de los requisitos para otorgar la libertad condicional a Guido Nule, Emilio Tapia y Mauricio Galofre, implicados en el escándalo del carrusel de la contratación.

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“Específicamente no se encuentra que se haya pagado o se haya asegurado la indemnización a las víctimas de que trata el artículo 64 del Código Penal, por tal razón la Fiscalía ha resuelto escuchar en diligencias de interrogatorio a los servidores públicos que concedieron beneficios a los condenados en el carrusel de la contratación”, aseguró la Fiscalía a través de un comunicado.

La ministra de justicia, Gloria María Borrero se pronunció frente a esta polémica y señaló que para el caso de Guido Nule no hubo irregularidades: “Ya pagó las tres quintas partes de su pena. La parte penal está y no hubo impunidad. Lo que nos queda realmente por conseguir es esos bienes y aplicarle extinción de dominio”, afirmó la ministra a Noticias Caracol.

Este tipo de debates ya se han presentado en anteriores oportunidades. En 2014, el Consejo Superior de la Judicatura pidió respeto a las decisiones que tomen los funcionarios judiciales. Esto luego de la decisión del entonces fiscal general Eduardo Montealegre de compulsar copias a la jueza 10 de garantías que en su momento ordenó la libertad del hacker Andrés Sepúlveda Ardila, señalado de querer “sabotear” el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.

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“La actividad judicial, en el compromiso de la resolución pacífica de los conflictos que se generan en el interior de la sociedad, está dotada de los principios de autonomía e independencia judicial, a través de los cuales se cumplen con la transcendental misión constitucional de administrar justicia, erigiéndose como bastiones fundamentales que permitan a los jueces de la República asumir su responsabilidad de garantizar la efectividad de los derechos y garantías de los asociados”, aseguró en ese entonces el juez William Castiblanco.