Fiscalía abrió indagación por irregularidades en contrato de máquina 'tapahuecos'

La investigación preliminar va dirigida a la directora de la Unidad de Mantenimiento Vial, María Gilma Gómez.

La Fiscalía General le abrió investigación preliminar a la Directora de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (Uaermv), María Gilma Gómez Sánchez por su presunta partición en las irregularidades que habrían rodeado la celebración del contrato de la denominada máquina ‘tapahuecos’ el cual tuvo un precio superior a los 11 mil millones de pesos. 

La indagación está dirigida a establecer si la funcionaria del Distrito incurrió en los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Por esto en los próximos días se iniciará la recolección de pruebas documentales y testimoniales. (Ver Hallan irregularidades en contrato de máquina tapahuecos)

Este contrato celebrado a finales del año pasado ha estado bajo la lupa de los diferentes organismos de control fiscal y penal después de la presentación de la denuncia hecha por el contralor de Bogotá, Diego Ardila sobre presuntos sobrecostos, contratación directa y la modificación de la póliza del seguro. (Ver Máquina tapahuecos, el dolor de cabeza para la Contraloría de Bogotá)

Por estos mismos hechos, la Contraloría Distrital le solicitó al alcalde encargado de Bogotá, Rafael Pardo Rueda que declare insubsistente a la funcionaria. Esto debido a los graves señalamientos sobre irregularidades en la celebración de este multimillonario convenio.

Para el contralor de Bogotá es claro que el artículo 41 de la Ley 80 establece como requisito de ejecución de los contratos la aprobación de la garantía que en este caso no reunía las condiciones establecidas en el decreto citado y por tanto la póliza de calidad del servicio otorgada no debió ser aprobada y menos aún darse inicio a la ejecución del contrato.

La Contraloría considera que la Administración con la señalada reducción en los términos de vigencia de las pólizas ha puesto en riesgo los recursos públicos que se lleguen a erogar para atender el pago del parcheo que pretende hacerse por inyección neumática, en atención a que pasado este término de seis meses, nadie le va a responder al Distrito Capital por la eventual mala calidad de las obras de reparcheo ejecutadas, con mayor razón si dicha actividad se realizara en huecos en los que esté comprometida la estructura o base granular de la vía.

“Luego, si no existe garantía que ampare la correcta ejecución de las obras, esto significa que el Distrito pasados los seis meses de cobertura tendría que hacer una nueva inversión por valor igual o superior a los $11.822 millones, lo cual no resulta coherente, dado que la realización de obras cuya calidad solamente sea objeto de amparo por seis meses constituye un serio riesgo de afectación de los recursos públicos de la ciudad”, señaló el ente de control.

Para la Contraloría de Bogotá es materia de serio cuestionamiento la señalada actuación por parte de la UAERMV, que no solamente eludió la modalidad de selección de los contratistas, el tipo de contrato a suscribir para el efecto de la ejecución de las señaladas obras, sino la reducción del término de vigencia del mencionado amparo, todo con la finalidad de permitirle al contratista el inicio de la ejecución de la obra.