La Fiscalía General de la Nación abrirá una investigación en contra de la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda, junto a otros once funcionarios, en busca de determinar si hubo una injerencia de estos en la investigación que se adelanta en contra del magistrado Jorge Pretelt.
El ente investigador indagará las denuncias sobre la forma en que la Procuraduría General ha manejado el caso. Cabe recordar que el presidente de la Comisión de Acusación, Julián Bedoya, ha señalado que el ministerio público no ha obrado imparcialmente en pro de favorecer los intereses del magistrado.
Bedoya Pulgarín, dijo que la Procuraduría “ha asumido una actitud de defensa” del magistrado Pretelt en desarrollo de las diligencias en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El presidente de la célula legislativa reveló que pasó “de ser investigador a investigado” por una queja disciplinaria que presentó Pretelt en su contra ante el Ministerio Público.
Se busca determinar si en el caso materia de denuncia por parte del representante a la Cámara se estaría presentando un eventual prevaricato y constreñimiento por parte de servidores púbicos, así como un tráfico de influencias por parte de funcionarios ante el Congreso de la República en el debate del proyecto de reforma al equilibrio de poderes.
"En este caso se indaga la posible injerencia ilegal para lograr que este proyecto se otorgara fuero al Procurador General de la Nación". Ante esta situación la Fiscalía General le solicitará a la Comisión que informe sobre las actuaciones de los delegados del órgano de control disciplinario.
Igualmente se le solicitó a la Procuraduría General envíe una copia de cada una de las actuaciones que se han emprendido en contra del representante Julían Bedoya Pulgarín "con ocasión al procso que surte contra el magistrado Pretelt Chaljub".
Pretelt es investigado tras la denuncia interpuesta por su homólogo Mauricio González Cuervo según la cual habría pedido $500 millones para favorecer a la empresa Fidupetrol en el trámite de una tutela en la Corte Constitucional. Dicha tutela pretendía tumbar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Fidupetrol a pagar más de 22.500 millones de pesos.