Fiscalía acusará formalmente a excontralora General, Sandra Morelli el 16 de abril

Esto por las irregularidades que rodearon la firma de contratos para el arriendo de la nueva sede del ente de control fiscal en el occidente de Bogotá.

El próximo 16 de abril, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General acusará formalmente a la excontralora General, Sandra Morelli Rico en el proceso que se le adelanta por las irregularidades en la contratación para la nueva sede del ente de control fiscal enl edificio Gran Estación II, en el occidente de la capital de la República. 

Morelli Rico, quien se encuentra en Italia desde hace siete meses, es investigada por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y pecuado por apropiación a favor de terceros. En repetidas oportunidades ha calificado este porceso como "una persecución penal" por parte del Fiscal General.

Para el ente investigador, la entonces jefe del ente de control fiscal no justificó de manera correcta los motivos para arrendar estas nuevas oficinas. Igualmente se le cuestiona el excesivo costo del arriendo por el periodo de cuatro años. En diciembre del año pasado dicho contrato terminó y la Contraloría General tuvo que buscar varias sedes alternas.

Para el ente acusador, el proceso de contratación no contó con los requisitos exigidos, evadiendo los estudios técnicos y de mercado para inferir la necesidad de trasladar las oficinas ubicadas en los edificios Crisanto Luque y Colseguros, en el centro de Bogotá. La Fiscalía reprochó el hecho que la firma de estos contratos no fuera la más favorable para los intereses del Estado.

También ha sido objeto de acusación, el hecho de que se hayan pagado los cánones de arrendamiento correspondientes a dos meses por un valor cercano a los 5 mil millones de pesos, puesto que estos no fueron utilizados durante esos 60 días por los funcionarios, empleados y oficina central del ente de control fiscal. A esta cifra se le suman los costos globales generados por los dobles pagos realizados al contratista.

Igualmente se indica que existen fallas en la venta de las dos sedes propias de la Contraloría General de la República en los cuales se desconocieron los requisitos legales exigidos en este tipo de contratos. El pasado mes de diciembre un juez se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento a la excontralora general.

En este sentido se indica que se vulneraron los principios de transparencia, economía y selección objetiva. Según los documentos se habría presentado un detrimento patrimonial de 12.292 millones de pesos por lo que se cuestiona el hecho que la "funcionaria encargada de velar por el óptimo control del patrimonio haya incurrido en este desfalco". 

La Fiscalía General solicitará que en el juicio se cuenten con los testimonios del presidente de la República, Juan Manuel Santos; el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría; el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado; la senadora libertal Viviane Moreles, entre otros.