Fiscalía acusó a la exgobernadora del Huila por irregularidades en contratación

Cielo González es investigada por las falencias uqe se habrían presentado en la firm a de convenios para la producción, comercialización y distribución del aguardiente ‘Doble Anis’.

La Fiscalía General acusó formalmente ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a la exgobernadora del Huila, Cielo González Villa por su presunta participación y conocimiento en las irregularidades que rodearon la celebración de millonarios contratos para la producción, comercialización y distribución del aguardiente ‘Doble Anis’.

En la presentación de la acusación se señaló que la entonces mandataria le puso punto final al contrato que se venía ejecutando desde la pasada administración y le entregó dicho convenio contractual de manera directa a la Fábrica de Licores de Antioquia. Según la investigación esto habría generado un detrimento patrimonial de $210 millones a las finanzas del departamento. 

En este sentido se señala que en el año 2012, la recién posesionada Gobernadora le entregó tres contratos a la Fábrica de manera injustificada y contrariando los principios de contratación pública. Para la fiscalía General, González Villa utilizó su cargo para beneficiar directamente al contratista argumentando que era la única que cumplía con los requisitos.

Para esto se habría reunido con funcionarios de la Fábrica antes de la elaboración del pliego de condiciones. “En dos días se elaboraron estudios previos, justificación y suscripción del contrato”, aseguró la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema al sustentar la acusación contra la exgobernadora, quien se declaró inocente.

Aseguró además que se ignoraron las propuestas presentadas por la Industria Licorera de Caldas y la Industria Licorera de Cundinamarca, que además habían solicitado un plazo para presentar la documentación completa exigida. “Se hicieron reuniones a fin de acordar las condiciones económicas del contrato”, sostiene el escrito de acusación.

Por estos hechos la Fiscalía General la acusó formalmente por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y peculado a favor de terceros. En su argumentación se considera que se omitió el deber de vigilancia en la suscripción del contrato que no le exigía una contraprestación al contratista.