Fiscalía acusó a Francisco Javier Ricaurte, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia

Francisco Ricaurte estuvo en la Corte Suprema de 2004 a 2012. Luego pasó al Consejo Superior de la Judicatura, de donde salió en 2014. / Gustavo Torrijos - El Espectador

A las 9:17 a.m. de este viernes, 16 de marzo, el juzgado décimo de conocimiento de Bogotá escuchó atentamente el escrito de acusación que la Fiscalía le tenía preparado al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte, quien en septiembre del año pasado fue capturado por, supuestamente, ser uno de los cerebros del sonado caso del cartel de la toga. El exmagistrado, visiblemente preocupado, escuchó atentamente las pruebas que el ente investigador tiene en su poder sobre esa “organización criminal” que consistía, de acuerdo con la investigación, en solicitar altas sumas de dinero a cambio de alterar decisiones judiciales. (Le podría interesar: Francisco Ricaurte, del cielo al infierno)

El documento, que tuvo una modificación y una adición que la Fiscalía precisó, señala que el magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema, junto al exmagistrado José Leonidas Bustos, el magistrado Gustavo Malo y a los abogados Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla, "dirigieron una organización criminal (...) dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública y la administración pública". Esta organización, de acuerdo con el fiscal, se realizaba en la casa del exmagistrado la de Bustos, lugares públicos como hoteles y restaurantes, y espacios en el exterior.

"La manera de manejar los procesos era diversa e incluía estrategias como conseguir y utilizar la información privilegia que obtenían de los procesos, retardar los trámites, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos, alteración de evidencias, todo con el objetivo de obtener decisiones con apariencia de legalidad que favorecían a los que ellos denominaban sus 'clientes'", precisó el organismo investigativo en la sala 408 de los juzgados de Paloquemao. Frente este hecho, el exmagistrado le pidió la fiscal Jaime Camacho precisar qué medios de comunicación fueron “instrumentalizados”, así como los nombres de periodistas y qué testigos se le restaron credibilidad. Sin embargo, el fiscal delegado ante la Corte Suprema dijo que ese era uno de los métodos que utilizaba dicha organización.  

Francisco Javier Ricaurte enfrentará un juicio por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información privilegiada. Cargos que el exmagistrado negó. En el escrito de acusación también señala los casos en los que supuestamente el exmagistrado participó. (Le también: Así era Francisco Ricaurte cuando estaba en la Corte Suprema)

El primer caso es del congresista liberal Álvaro Antonio Ashton, quien tenía una indagación preliminar abierta en el alto tribunal por supuestos nexos con grupos paramilitares. Con el propósito de evitar de que la Corte abriera formalmente una investigación, Ashton se comunicó en 2013 con Ricaurte y, “aprovechando la relación cercana”, acordaron, el principio, $1.200 millones para archivar esta investigación. Pero como esta no se materializó, optaron por relevar del cargo al exmagistrado de José Reyes Rodríguez, exmagistrado auxiliar que había propuesto apertura de instrucción.

Fue Ricaurte, según la Fiscalía, quien ordenó al exfiscal Gustavo Moreno recibir el dinero de parte de Ashton. Y explica que Moreno, José Leonidas Bustos, Luis Ignacio Lyons, Gustavo Enrique Malo también recibieron sumas económicas. “Como resultado de este acuerdo criminal se logró mantener la investigación en estado preliminar hasta el mes de diciembre de 2017", dice la Fiscalía. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia pasó a investigarlo formalmente por parapolítica. (Le sugerimos: Las propiedades de los exmagistrados que serían investigados por corrupción)

El segundo caso fue es la investigación que Musa Besaile tiene en la Corte Suprema también por parapolítica. En este caso, el exmagistrado le ordenó a Gustavo Moreno ponerse en contacto con el político del partido de la U, lo cual derivó en un pago de $2.000 millones. Dinero que, además, habría también habrían recibido los abogados Luis Ignacio Lyons y Gustavo Moreno. Por último, el tercer caso es del exgobernador de Valle, Juan Carlos Abadía. En este caso, Ricaurte se puso de acuerdo con el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Alfredo Bettin, para archivarles procesos al exgobernador de quien Luis Gustavo Moreno fue defensor. Se logró en dos expedientes, pero al final, a Abadía le imputaron cargos en 2016.

Ante las súplicas del exmagistrado por pedir un tiempo considerable para preparar su defensa, la juez consideró la petición y fijó el 17 y 18 de mayo, a partir de las 9 a.m., para las audiencias preparatorias. En esa audiencia él y su abogado presentarán las pruebas con las que pretende demostrar su inocencia.