Agentes del CTI de la Fiscalía General adelantan una inspección judicial en dos sedes en la Fundación Universitaria San Martín en la capital de la República dentro de las investigaciones que se adelantan por las irregularidades administrativas que se presentan en el centro educativo intervenido por el Gobierno.
El ente investigador recoge documentación sobre la cantidad de estudiantes inscritos en programas que no contaban con la acreditación del Ministerio de Educación. La inspección se adelanta en las sedes de Chapinero y Teusaquillo. (Ver El efecto dominó de la San Martín)
La Fiscalía General tiene dos líneas de investigación por las irregularidades que se habrían presentado en los últimos años en la Fundación Administrativa: la primera tiene relación con la inversión de recursos en otros negocios y el incumplimiento en el pago a sus trabajadores, mientras que la segunda hace referencia a los programas que ofrecían y que no contaban con las autorizaciones exigidas.
En el primer caso se han adelantado inspecciones que permiten establecen que incumplimiento de la Institución educativa en las obligaciones laborales de sus empleados, omitiendo incluso fallos emitidos por jueces administrativos que exigen el cumplimiento en el pago salarial.
Por estos hechos se le imputará el delito de fraude a resolución judicial al representante legal de la Fundación Universitaria, José Ricardo Caballero Calderón, quien en diferentes oportunidades aseguró que no se contaban con los recursos para cumplir los fallos judiciales.
El ente investigador inició el registro con el fin de adelantar la persecución de los bienes de las directivas, quienes habrían invertido amplias sumas de dinero en otros negocios personales y familiares, afectando así las finanzas del centro educativo. (Ver Prohíben a la Universidad San Martín matricular nuevos estudiantes)
Las primeras inspecciones de la Fiscalía han permitido establecer que los dueños y miembros de la junta directiva tienen bienes en Colombia y el exterior, algunos adquiridos cuando ya se habían hecho los primeros llamados de atención por parte del Gobierno a la Fundación Universitaria por problemas económicos y falencias en sus programas educativos a los cuales se les quitó la acreditación.
En este caso se registraron empresas, restaurantes y bienes inmuebles que recibieron dinero de las arcas de la Fundación, notándose así un desvío financiero en el cual participaron las directivas por lo que se maneja la hipótesis de un enriquecimiento ilícito.
En el segundo aspecto, los investigadores buscan establecer si se presentó una estafa agravada a un grupo de estudiantes que pagaron para la inscripción y semestre de carreras que no contaban con la autorización de las autoridades educativas. Se espera que en los próximos dias se tomen más decisiones sobre estas investigaciones y se vinculen a las directivas del centro educativo.