Fiscalía archivó investigación contra Petro por irregularidades en recolección de basuras

El ente compulsó copias para que se investigue por falso testimonio al contratista Emilio Tapia y el abogado Manuel Sánchez.

La Fiscalía General archivó la investigación que adelantaba en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego por las irregularidades que rodearon la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República, el cual fue implementado en diciembre de 2013.

Al revisar los elementos materiales recolectados y al hacer un análisis de los testimonios, el ente investigador determinó que el alcalde Mayor de Bogotá actuó de acuerdo a la ley cuando celebró los contratos con Aguas de Bogotá –filial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- para las tareas de recolección y transporte de los residuos en la capital de la República.

Petro Urrego era investigado por su presunta participación en los delitos de contratos sin cumplimento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y prevaricato por acción. (Ver )

Igualmente le fue archivada la investigación penal al exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Diego José Fernando Bravo y al exdirector de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Henry Romero.

El ente investigador igualmente compulsó copias para que se investiguen, por falso testimonio, al contratista Emilio Tapia Aldana y al abogado Manuel Sánchez, quienes les manifestaron a las autoridades que existía un "complot" en contra del programa Basuras Cero por parte de los operadores privados de aseo.

Esto tras cerrar la investigación paralela que se adelantaba por un presunto plan para sabotear el esquema de aseo, implementado el 18 de diciembre de 2013. Para la Fiscalía General no se pudo demostrar la ejecución del complot en contra del nuevo modelo aseo por parte de los operadores privados de aseo, concejales, senadores y particulares.

Por las irregularidades en la ejecución del nuevo modelo de aseo la Procuraduría General destituyó e inhabilitño por 15 años para ejercer cargos públicos al mandatario distrital. Sin embargo, el Consejo de Estado dictó medidas cautelares tras aceptar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Finalmente la Fiscalía General le imputará cargos a la exdirectora de la UAESP, Nelly Mogollón por declarar urgencia manifiesta el día 17 de diciembre para darle continuidad a la prestación del servicio público de aseo. “Esto se basó en hechos que no eran extraordinarios”.

Igualmente tendrá que responder, por el delito de prevaricato por acción, al exsubdirector de la Unidad, Carlos Rojas por haber presuntamente presionado a los particulares para acceder "al relleno sanitario" sin que esas condiciones fueran exigidas por la ley.