Fiscalía citará a declarar al general (r) Rafael Samudio por caso del Palacio de Justicia

El excomandante del Ejército Nacional deberá dar detalles sobre la forma en cómo se adelantó la operación de recuperación.

Como parte de la nueva etapa de investigación por los hechos del Palacio de Justicia la Fiscalía General llamará a declarar al excomandante del Ejército, general (r) Rafael Samudio Molina. El oficial deberá entregar detalles de la manera en que se planeó y ejecutó el operativo para recuperar la edificación que había sido tomada por un comando del M-19 el seis de noviembre de 1985. 

El ente investigador recolecta elementos materiales dirigidos a establecer si en el medio del operativo se realizaron torturas en interrogatorios a un grupo de personas que fueron trasladadas a la Casa Museo del Florero -en donde funcionaba el centro de operaciones e inteligencia- y posteriormente a diferentes Batallones e instalaciones militares.

La Fiscalía General quiere verificar la veracidad de los testimonios entregados por civiles y militares que señalan que para recolectar información un grupo preseleccionado de personas fueron "marcados" para ser posteriormente sometidos a torturas durante los interrogatorios que se llevaron a cabo en los lugares anteriormente mencionados.

Por estos hechos serán llamados a declarar, en calidad de testigos, a otros integrantes del Ejército Nacional, el Batallón Guardía Presidencia, la Escuela de Artillería y la Escuela de Caballería que participaron en dicha operación de recuperación que finalizó en la tarde del 7 de noviembre de 1985. El ente acusador verificará las declaraciones para tomar decisiones de fondo.

En octubre del año pasado la Fiscalía General citó a indagatoria a 14 oficiales y subofiociales por el presunto abuso de la fuerza que se habría presentado durante la operación. Así como las torturas a las que habrían sido sometidas un grupo de personas, entre ellas los estudiantes de derecho de la Universidad Externado de Colombia, Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo. 

En sus relatos, que fueron claves para la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado colombiano, aseguraron que fueron señalados de hacer parte del M-19. En la Casa del Florero fueron sometidos a tratos denigrantes y posteriormente los militares los llevaron a una guarnición militar en el sur de Bogotá donde fueron amenazados sino declaraban.