Fiscalía citó a imputación de cargos a exsecretaria de Integración Social de Bogotá

La exfuncionaria tendrá que responder por el delito de interés indebido en la celebración del contrato para el suministro de canasta familiar en la capital de la República.

La Fiscalía General citó a audiencia de imputación de cargos a la exsecretaria de integración social de Bogotá, María Mercedes Ríos por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la adjudicación de contratos de suministro de canasta familiar a 20 localidades en Bogotá.

La Fiscalía General además le compulsó copias a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se investigue la presunta participación de aforados en las irregularidades que rodearon la adjudicación de este multimillonario contrato.

La exfuncionaria tendrá que responder el delito de interés indebido en la celebración de contratos por las fallas que se presentaron en la entrega del contrato que tuvo un costo superior a los 43 mil millones de pesos.

El ente investigado también le imputará el delito de cohecho propio al concejal del partido Liberal, Jorge Andrés Salamanca por presuntamente haber pedido millonarias comisiones para la entrega del contrato para la prestación del servicio de ambulancias en 2009 que tuvo un valor superior a los 67 mil millones de pesos.

Salamanca fue señalado por varios contratistas de haber presionado para beneficiarlos con el contrato que recibió una de las empresas de Emilio Tapia que no cumplía con los requisitos exigidos.

Finalmente la Fiscalía General citó a interrogatorio al exsecretario de movilidad de Bogotá, Rafael Rodríguez por las fallas en el contrato para el cambio de 25 luces de los semáforos en Bogotá y que tuvo un costo cercano a los 6 mil millones de pesos.

Igualmente, fueron citados a interrogatorio el ex subsecretario de Movilidad, Juan Carlos Ramos Agudelo; el subdirector administrativo de Movilidad, William Quintero; la directora de asuntos legales de la misma secretaria, Gloria Bohorquez y el asesor Alexander Rincón, estos dos últimos en el marco de la investigación por la prórroga del contrato de integración y movilidad que tuvo una valor superior a los 600 mil millones de pesos.