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La vicefical General, María Paulina Riveros, confirmó que en los últimos días el organismo investigador inició conversaciones con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, con fines de colaboración a la justicia. “Hace algunas semanas iniciamos un proceso de acercamiento con fines de colaboración con la justicia con (Alejandro) Lyons. Hoy puedo decirle al país que hemos avanzado en dicho proceso y que hemos llegado a algunos acuerdos preliminares".
Sin embargo, Riveros confirmó que el exgobernador de Córdoba deberá cumplir ciertas condiciones: devolución del dinero con fines de reparación –sería una cifra cercana a los a $4.000 millones–, cumplimiento de prisión en el país y servir de testigo en los procesos contra las personas “a quienes se señale, algunos de ellos, relacionados con el tema de la Corte Suprema de Justicia por su participación o colaboración en ellos”.
Lyons, según la Fiscalía, ya ha entregado información tanto a la justicia colombiana como a las autoridades norteamericanas, y está a la espera de confirmar la fecha y hora para la imputación de cargos contra el exgobernador quien se encuentra desde abril de este año en Estados Unidos. Lyons es investigado por la Fiscalía porque, durante su gestión como gobernador de Córdoba (2012-2015), fue pieza clave en el despilfarro de las regalías de ese departamento.
Los delitos por los que se investiga al exmandatario son concierto para delinquir, seis casos de interés indebido en celebración de contratos, seis delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, cinco peculados por apropiación y falsedad en documento público y privado. Según las investigaciones, los delitos cometidos por Lyons le habrían costado no menos de $10.000 millones al erario.
De hecho, una de las irregularidades durante la gobernación de Lyons es el cartel de la hemofilia. A través de un listado con más de 100 falsos pacientes, presuntamente se habría desfalcado el presupuesto del sector de la salud. Los cálculos de la Fiscalía señalan que se habrían perdido al menos $44 mil millones. Por estos hechos, seis presuntos implicados se encuentran detenidos, entre exsecretarios de Salud y exfuncionarios de esa dependencia y representantes de varias IPS.