:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/wsf4GZbGBvCMyu8LBIS6oppcbek=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/JQWFQ2HZCBE7JEWBMDTVWFMRCA.jpg)
Este lunes 4 de diciembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió su informe anual sobre las actividades de examen preliminar en Iraq, Palestina, Ucrania y Colombia. “En el contexto del análisis de admisibilidad en curso, la Fiscalía seguirá en comunicación con las autoridades colombianas a efectos de solicitar detalles y aclaraciones sobre medidas investigativas concretas y progresivas, así como sobre actividades de enjuiciamiento realizadas con respecto a los casos potenciales identificados por la Fiscalía”, advirtió la oficina de la gambiana Fatou Bensouda.
El reporte, que tiene que ver con el seguimiento que hace la CPI a ciertos crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en el país, sale a la luz tres meses después de la primera visita de Bensouda en Colombia. Una presencia motivada por dos razones principales: la JEP y las ejecuciones extrajudiciales. A principios de este año, como reveló El Espectador, la Fiscalía de la CPI envió una comunicación al Gobierno colombiano indicando que cinco casos y 29 altos oficiales, activos y en retiro, despertaban especial interés. Sin embargo, al irse de Colombia, Bensouda y sus funcionarios señalaron que no habían recibido información suficiente de la Fiscalía colombiana.
(Le puede interesar: 29 generales y coroneles, en la mira de la CPI por ejecuciones extrajudiciales)
“Sobre la base de información procedente de diversas fuentes, parecería que las autoridades colombianas han iniciado actuaciones judiciales contra 17 de los 29 oficiales militares de alto rango identificados, aunque hay información contradictoria respecto del estado de algunos de los casos informados. La Fiscalía espera recibir información detallada de parte de las autoridades colombianas respecto de los casos que presuntamente se estarían investigando, y sobre si se han tomado o se están tomando medidas investigativas concretas y progresivas”, señaló la Fiscalía de la CPI.
Con respecto a los crímenes de las guerrillas, los datos también han sido escasos. El despacho de Fatou Bensouda trajo a colación también que “hay limitada información disponible sobre medidas investigativas tangibles y concretas adoptadas por la Fiscalía General de la Nación para investigar o enjuiciar a los altos mandos de las Farc-Ep, por alegaciones de desplazamiento forzoso”; y en el caso del ELN el panorama es similar. Aunque la Fiscalía colombiana anunció una macroimputación contra el Comando Central del ELN, la cual no ha ocurrido aún, “la Fiscalía (de la CPI) todavía no dispone de datos específicos relativos a los alcances de la investigación.
Sobre la JEP, tema del cual la Fiscalía de la CPI ya se había pronunciado en un Amicus Curiae que envió a la Corte Constitucional el pasado 18 de octubre y que reveló este diario dos días después, la oficina de Fatou Bensouda expresó: “La Fiscalía continuará examinando los desarrollos relativos al establecimiento e implementación de la JEP (Jurisdicción Especial de Paz). En este contexto, la Fiscalía seguirá con atención la entrada en funcionamiento de la JEP, incluyendo la identificación de casos que serán escogidos para investigación y enjuiciamiento”.
En este link puede encontrar el informe completo de la CPI.