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Fiscalía de la CPI, a la espera de actuaciones judiciales genuinas en Colombia

En su informe anual, la fiscal de la Corte Penal Internacional destacó la labor de la justicia transicional para esclarecer los principales crímenes del conflicto. Sin embargo, confirmó que mantendrá su seguimiento para garantizar sanciones penales efectivas.

La Fiscalía de la CPI reconoció que se han hecho avances en la judicialización de crímenes de guerra pero confirmó que mantendrá su seguimiento para garantizar sanciones penales efectivas. AFP

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) presentó el informe anual sobre la situación de Colombia, país que está en examen preliminar desde junio de 2004. La actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz, las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, el desplazamiento forzado, la violencia sexual y la expansión de grupos paramilitares siguen siendo los puntos que más preocupan. Este año, el organismo internacional destacó avances para investigar crímenes de guerra y en contra de la humanidad, pero se declaró a la espera de que haya actuaciones judiciales “genuinas”.

De igual manera, la Fiscalía de la CPI señaló que el próximo año seguirá realizando el seguimiento a los procesos que se llevan en la justicia ordinaria y en la justicia transicional (Justicia y Paz y JEP) para garantizar la genuinidad de los procesos y sanciones penales efectivas (sentencias objetivas que garanticen la retribución, la rehabilitación, la restauración y la garantía de no repetición). “Dada la escala, complejidad y la naturaleza de largo plazo de los procedimientos internos, llevados a cabo por las tres jurisdicciones nacionales, la Oficina también buscará conceptualizar durante 2020 la preparación de puntos de referencia que podrían permitir completar su preliminar examen”, dice el reporte.

(Lea el reporte de 2018: Las preocupaciones de la CPI sobre la situación de Colombia)

En términos generales, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional destacó las actuaciones que se han venido adelantando tanto por Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz con respecto de los cuatro asuntos que más le preocupan: la promoción y expansión de los grupos paramilitares, desplazamiento forzado, crímenes sexuales y casos de falsos positivos. Y en especial destacó y anunció que le pondrá la lupa a los macro-casos que al respecto abrió la JEP en lo que lleva de funcionamiento, así como las actuaciones futuras como “investigaciones y enjuiciamientos".

En el caso de apoyo y soporte a la creación de grupos paramilitares, la Fiscalía de la CPI Corte destacó que, a octubre de este año, la Fiscalía llevaba las investigaciones en contra 2.047 civiles y agentes del Estado no armados por este tipo de delitos. De estos, según el alto tribunal, 1.253 son civiles mientras 794 fueron agentes del Estado que no pertenecían a la Fuerza Pública.

(En contexto: 29 generales y coroneles, en la mira de la CPI por ejecuciones extrajudiciales

Asimismo, la fiscal Bensouda en su reporte anual destacó que la JEP aceptó las solicitudes de acogimiento de oficiales retirados que habrían participado en la formación de grupos paramilitares. También, resaltó que al tribunal transicional se habían sometido los excongresistas David Char Navas y Álvaro Ashton y el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suarez Corzo. Sobre Char Navas, la Fiscalía de la CPI destacó su aceptación de los nexos con paramilitares y sus aportes de verdad durante las audiencias.

En el apartado de desplazamiento forzado, la oficina de investigación de la CPI recordó que a través de Justicia y Paz se condenó a Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez y otros 273 paramilitares del Bloque Central Bolívar por varios crímenes del conflicto, incluyendo el desplazamiento forzado.  Además, reseñó que la Fiscalía había pedido la captura de varios miembros Comando CentraL (Coce) del Eln por sus acciones de desplazamiento forzado en el Catatumbo, Norte de Santander.

(También: “Duque debe abandonar su militancia antiacuerdo”: exfiscal de la CPI)

El informe igualmente resalta la labor que ha hecho la JEP en varios de sus casos -que priorizan los crímenes en varias zonas de gran afectación como Tumaco, Apartadó, Carepa, Barbacoas y otros municipios- debido a que allí se había entrado a estudiar a profundidad el desplazamiento forzado cometido por la extinta guerrilla de las Farc.

Frente a los crímenes sexuales, la fiscalía de la CPI dijo: “las autoridades colombianas aparentemente han hecho un gran progreso en la investigación y judicialización de casos (de violencia sexual) relevantes en su examen previo”. En esta conclusión, volvió a destacar la condena al Bloque central Bolívar y las 206 investigaciones por agresiones sexuales que lleva la Fiscalía en contra de los miembros de grupos armados irregulares. De igual manera, resaltó que la JEP le ha dado un capítulo especial en este tipo de crímenes al entrar a estudiar las acciones armadas en zonas de alto conflicto.

Ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”

El organismo internacional destacó que hasta el momento la Fiscalía General de la Nación adelanta 2.268 casos que envuelven a 3.876 víctimas, que involucran a miembros de 25 brigadas en siete divisiones del Ejército Nacional: en total hay 10.742 personas investigadas y se han condenado a 1.740. Según los reportes de la Fiscalía colombiana en 2019 fueron condenadas 31 personas, de las cuales 11 son militares.

Aunque estos crímenes están en la mira de la Fiscalía de la CPI de tiempo atrás, desde 2017 ese organismo internacional centró su cerco sobre las actuaciones realizadas por cinco unidades militares entre 2002 y 2009. En específico, la Brigada 10 de la Primera División; las Brigadas Móviles 15 y 3 de la Segunda División del Ejército; las Brigadas 7, 16 y 28 de la Cuarta División; la Brigada 9 de la Quinta División; y las Brigadas 4, 11 y 14 de la Séptima División.

(Lea: La JEP cita audiencia por los desaparecidos en San Onofre)

Sobre el caso de la Brigada 10 de la Primera División, que corresponde a casos entre 2004 y 2008, la Fiscalía colombiana reportó que se adelantan procedimientos en contra del siete generales y que, a octubre de 2019, llevan A 73 casos en contra de 495 de esa división, incluidos 10 coroneles y 11 mayores. De esos casos, 10 están en indagación previa, 5 en juicio y 58 con imputación o apertura de instrucción.

En el segundo caso potencial, de las Brigadas Móviles 30 y 15, por casos entre 2002 y 2009, la Fiscalía colombiana reportó 138 casos en curso en contra de 1.015 miembros de la Segunda División, incluyendo 56 coroneles y 29 mayores. De estas, solo seis están en juicio. Sobre el caso de la Cuarta División, por casos entre 2002 y 2008, la justicia colombiana adelanta 264 procesos en contra de 1.415 miembros de la unidad, incluidos 74 coroneles y 70 mayores. Solo cuatro están en juicio.

Sobre el cuarto caso (la Novena Brigada), por casos entre 2004 y 2008, se adelantan procedimientos contra dos generales y 83 casos contra 221 miembros de la Quinta División, de los cuales 6 están en juicio. Y sobre el quinto caso potencial en la Séptima División, según los reportes de la Fiscalía colombiana a la Fiscalía de la CPI, hay actuaciones contra 8 generales y 601 casos contra 2.364 miembros de la Unidad, incluyendo 40 coroneles y 27 mayores. De estas, 34 están en juicio.

Sobre el macro caso que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía de la CPI destacó que se han acreditado 314 víctimas y que se han entregado 15 informes por organizaciones; así como que se han centrado los exámenes en casos ocurridos en Antioquia, Cesar, Norte de Santander, Casanare, Meta y Huila. Además, que 119 miembros de las Fuerzas Armadas han dado 155 versiones voluntarias sobre estos crímenes, entre otros.

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Redacción Judicial

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