:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/jhvFH7wh1cvq2fe7vjh4yDtW9ak=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/ZZEHBFLJG5AKREN564PT3XH6IM.jpg)
La difícil situación que vive el país por el aumento de casos por COVID-19 se debe en gran parte a la indisciplina social. Las alcaldías y la Policía señalan que son decenas las fiestas que se realizan cada fin de semana. El dato más alarmante lo dio la alcaldía de Cali al señalar que durante el pasado fin de semana se intervinieron 120 fiestas ilegales. A raíz de esta situación empezó a circular una versión de que las bodegas, casas u otras instalaciones que se prestaran para hacer fiestas clandestinas iban a ser ocupadas por la Fiscalía con fines de extinción de dominio.
Le podría interesar: La historia detrás de la última sentencia sobre extinción de dominio
Sin embargo, desde la Fiscalía le dijeron a El Espectador que la Dirección de Extinción de Dominio no contempla tomar esta medida. “En principio es desproporcional (iniciar un proceso de extinción de dominio a inmuebles por hacer fiestas clandestinas). No es un pronunciamiento hecho por la Fiscalía”, señaló la fuente del ente investigador.
La extinción de dominio es un proceso judicial, en el que la Fiscalía reclama bienes de personas que habrían obtenido de forma ilegal (con dinero proveniente de actividades ilícitas) o son usados en actividades ilegales. La extinción de dominio opera sobre todo tipo de bienes (efectivo, vehículos, inmuebles, etc.). Además, no es necesario que exista una condena penal para que se pueda iniciar un proceso de extinción de dominio ya que funciona de forma independiente al proceso penal. Por ejemplo, los bienes de capos del narcotráfico que murieron sin ser enjuiciados son sujetos de controversia judicial por parte del ente investigador.
Esta semana se supo que 65 personas que fueron sorprendidas en una fiesta clandestina en Kennedy, localidad que desde hace más de una semana se encuentra en cuarentena estricta. La reunión ilegal, que fue descubierta por la Policía, se realizó en un inmueble que había sido ocupado por la Fiscalía con fines de extinción de dominio y estaba en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El Espectador se contactó con esta entidad para que diera su versió, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.
Caracol Radio habló con una familiar de los dueños del inmueble y señaló que “La Fiscalía 58 de extinción de dominio cogió el inmueble y decretó medidas cautelares sobre el mismo, lo dejaron a disposición de la SAE, quien se supone es la administradora y vigilante del inmueble. A mis papás les quitaron el poder de disposición del inmueble, no pueden ejercer ninguna vigilancia ni ningún acto sobre el mismo, cambiaron hasta las guardas de la casa, ni siquiera pagaron los servicios deben más de 9 millones de pesos”.